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“No se puede pasar por la función pública e irse sin rendir cuentas”

Denuncia contra Inza, Bolpe y Mujica

Portal Chillar |20 de de 2015 |20:55

“No se puede pasar por la función pública e irse sin rendir cuentas”

 

20122015_03_confeLos concejales Claudio Molina, Maya Vena y Omar Norte presentaron una nueva denuncia penal contra el ex intendente José Inza y los ex funcionarios Héctor Bolpe y Daniel Mujica.

Una nueva causa penal contra el ex intendente y sus funcionarios fue radicada el jueves al mediodía por concejales del GEN. Es por el uso indebido de fondos afectados por una suma que ronda los 35.000.000 de pesos. Claudio Molina, Maya Vena y Omar Norte, junto al abogado José Luis Comparato, indicaron ayer que es necesario que la justicia investigue lo que entendieron se encuadra en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, de lo que puede desprenderse también malversación de fondos públicos. “Alguien de la gestión Inza tiene que ir preso, eso es lo que la gente está esperando”, sostuvo ayer Molina.

El 11 de diciembre pasado José Inza terminó cuatro años de mandato al frente del Ejecutivo municipal. Pese a haberse ido, continúa generando información porque sigue cosechando denuncias penales en su contra. Esta vez, lo denuncian por incumplimiento de los deberes de funcionario público y, a partir de eso, podría surgir también el delito de malversación de fondos públicos.

La presentación la realizaron ante el Ministerio Público Fiscal el último jueves los concejales Maya Vena, Claudio Molina y Omar Norte. Lo hicieron en base a información oficial sobre la utilización que la gestión Inza hizo de los fondos afectados, es decir, los que deben destinarse a fines específicos y no al pago de sueldos o para cubrir gastos corrientes que no estaban autorizados, como los ediles sostuvieron se hizo.

En una conferencia de prensa brindada ayer, los concejales y el abogado José Luis Comparato dieron detalles de la denuncia en la que piden que se investigue al ex Intendente; al ex secretario de Economía y Finanzas Daniel Mujica; al ex secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Héctor Bolpe; y a cualquier otra persona que pudiera tener responsabilidad en los hechos denunciados.

Ahora, todo queda en manos de la justicia la decisión de si va a investigar o no cómo la administración de José Inza usó los fondos públicos del Partido de Azul.

 

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“Gastos que no estaban autorizados” 

Maya Vena fue la que explicó que la semana pasada recibieron la última respuesta a una serie de pedidos de informe que habían solicitado desde el bloque del GEN a la contadora del municipio. A partir de contar con esa información, el último jueves presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público “que tiene que ver con la utilización de fondos afectados por la gestión del ex intendente José Inza. Consideramos que, teniendo la información, era nuestra obligación como funcionarios públicos realizar la denuncia”.

Añadió que de los datos que les fueron brindados “encontramos que los fondos afectados fueron utilizados para gastos que no estaban autorizados.

Posteriormente, mencionó algunas de las obras que no se realizaron porque, justamente, los fondos destinados para hacerlas fueron para otro lado.

Así, puntualizó en la construcción de viviendas del barrio San Martín de Porres; la realización de obras de cloacas en Azul, Cacharí y Chillar; la construcción del Centro Integrador Comunitario del barrio El Sol; la reconstrucción de losas de pavimento; los consultorios de emergencia en el Hospital de Chillar, sólo por mencionar algunos.

No son temas menores aquellos que se dejaron de realizar por la mala utilización de estos fondos o la utilización de manera inconveniente o para el pago de salarios. Eran inversiones que iban a redundar en beneficio de todo el Partido de Azul, pero fueron simplemente utilizados para el pago de salarios o gastos corrientes de la Municipalidad”, aseguró la concejal.

 

“Fondos usados indebidamente” –

Por su parte, Omar Norte indicó que los fondos afectados observados son de jurisdicción nacional, provincial y municipal. “El tema es que en las Ordenanzas del Presupuesto 2014 y 2015 que se mencionan en los decretos de utilización de estos fondos, se autoriza transitoriamente al Ejecutivo a utilizar esos fondos afectados para obras hasta la suma de una nómina salarial de un mes, es decir 15 o 16 millones de pesos -que es lo que mensualmente paga en concepto de sueldos-, con la obligación de devolver esos fondos en el transcurso del ejercicio”.

Pero “esto no ocurrió y, no sólo eso, sino que la totalidad de fondos utilizados para pago de sueldos llegó a una suma superior a los 35 millones de pesos.

Añadió que “esto lo encuadramos en una situación que tiene que ver no solamente con el desvío, sino también con la inmovilidad o el efecto indirecto de recorte presupuestario, esto es el efecto inflacionario que la no utilización de estos fondos ha generado”.

Advirtió que por eso, en la denuncia pusieron como ejemplo el dinero que se tendría que haber destinado para la reconstrucción del ex Cine San Martín. Originalmente fue un préstamo del Banco Provincia de 10 millones de pesos, de los cuales se utilizaron alrededor de 3 millones para la compra de la ex Curtiembre “y el resto quedó inmovilizado y no se hicieron las obras que correspondían”.

El contador consignó que esos fondos son de 2012 y que haciendo una proyección del efecto inflacionario desde ese año hasta la actualidad, “nos da un efecto equivalente a los 12 millones de pesos. Es decir, que es esos 7 millones no usados son equivalentes al ajuste de los 12 millones más los 7, es decir casi 20 millones de pesos”.

Esa proyección le sirve para asegurar que “las obras que podrían haber salido 7 millones, hoy saldrían casi 20 millones, con la gravedad que esos fondos no fueron utilizados” con el fin que fueron solicitados.

Pero hay más. Norte explicó que “lo que aumenta la gravedad de esta situación es que es un préstamo bancario, por lo cual tenía intereses. De 2012 a la fecha esos intereses eran superiores al 20 por ciento”.

Consultado para qué se utilizaron esos fondos, dijo que “casi exclusivamente para pago de sueldos al personal”.

En este punto, advirtió que el ex Intendente firmó los decretos que avalan el uso de esos fondos, pero no cumplió la obligación de devolverlos dentro del ejercicio.

“Se prohibió a la población de las obras presupuestadas por más de 35 millones de pesos. Y, además, hay un efecto indirecto porque esos fondos usados indebidamente deben devolverse a las arcas municipales. Es decir, la actual gestión va a tener que devolver esos fondos para que vuelvan a ser afectados”.

A todo esto, señaló que el Tribunal de Cuentas ha hecho observaciones respecto de esto pero aún no está listo el dictamen definitivo de ese organismo provincial.

 

“Dijimos que Inza no debía quedar impune” –

El concejal Claudio Molina fue el más duro en sus expresiones. Habló de la “caótica situación” en que la gestión Inza dejó la comuna “fundamentalmente por el desmanejo que hubo de los fondos afectados”.

Recordó que “durante todo el proceso electoral dijimos que Inza no debía quedar impune y que se debía avanzar en las denuncias que correspondía”.

Añadió en ese sentido que la del ex Intendente ha sido una gestión corrupta y esperemos que la justicia investigue porque todos estamos preocupados por lo que Azul está pasando. Independientemente de la condena social que tiene el ex Intendente, que se reflejó en las PASO cuando sacó el 9 por ciento de votos, entendemos que debemos avanzar en lo legal. En ese sentido es que estamos presentando esta denuncia”.

Asimismo, Molina entendió que “en un país y en una comunidad medianamente normales si la justicia actuara, como no tengo dudas va a hacer, alguien de la gestión Inza tiene que ir preso. Y eso es lo que la gente está esperando. Por eso, nosotros presentamos la denuncia con mucha seriedad y responsabilidad. Acá hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, hay malversación en la utilización de los fondos públicos”.

Por último, remarcó que “es preocupante la situación patrimonial del Estado municipal. Estamos pidiendo la investigación de Inza, Mujica, Bolpe, Spitale (Sergio, ex subsecretario Servicios Públicos, Vialidad Rural, Urbana y Talleres) porque han desguazado el patrimonio municipal”.

 

“No se puede pasar por la función pública e irse sin rendir cuentas” –

También habló el abogado José Luis Comparato, quien dio detalles legales de la presentación. En ese sentido, indicó que a partir de la información que obtuvieron “se observó incumplimiento de los deberes de funcionario público, que en principio sería el delito que presuntamente se cometió porque no actuaron según la administración lo indica, violando ordenanzas municipales y la Ley Orgánica de las Municipalidades”.

Agregó que a partir de esa investigación que deberá hacer el fiscal que tome a su cargo la causa, “una vez que se investigue cómo se han utilizado estos fondos afectados podría abrir otra figura penal que es la malversación de fondos públicos”.

A todo esto, explicó que los fondos afectados “son aquellos que la ley ha querido proteger para que no se usen en para el funcionamiento de la administración, sino que son fondos con fines específicos, para obras específicas o inversiones determinadas.

También señaló que cuando el contribuyente aporta a esos fondos través de algún servicio “sabe que ese dinero va con destino a un determinado programa o inversión. Cuando vienen de jurisdicción provincial o nacional, también es con un fin específico. Si se utiliza para otra cosa, evidentemente se entra en un incumplimiento de los deberes de funcionario público que se puede extender, de acuerdo a cómo se utilizó, en algún otro tipo de delito penal”.

Por último, advirtió que “no estamos condenando. Los concejales están cumpliendo su deber de denunciar este presunto delito. Será la justicia la que investigue y determinar si tiene que recibir alguna condena o no… Quien ejerce una función pública tiene que rendir su responsabilidad ante la sociedad. No se puede pasar por la función pública e irse sin rendir cuentas.

 

DETALLES DE LA DENUNCIA PENAL –

La denuncia penal fue presentada por los concejales Omar Norte, Claudio Molina y Maya Vena contra el ex intendente José M. Inza, los ex funcionarios Héctor Bolpe y Daniel Mujica, y todo otro que haya tenido intervención, por una sucesión de hechos vinculados a distintos incumplimientos de ordenanzas, decretos provinciales, la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad.

-Según consta en la denuncia, a partir de la sanción de dos ordenanzas se autorizó la creación de un Fondo Único de Infraestructura para que el Ejecutivo que comandaba Inza llevara adelante un plan de obras en el Partido de Azul con la afectación específica de esos recursos, pero “ninguna de ellas se realizó” (Ver recuadro “Las obras…)

-Las ordenanzas de los presupuestos 2014 y 2015, como el decreto 2980/00 permite al Departamento Ejecutivo a hacer uso transitorio de recursos del municipio con afectación específica para hacer frente a apremios financieros circunstanciales. Esa autorización no puede superar el monto que mensualmente paga en salarios el municipio y debe devolverse en el mismo ejercicio. “Nada de ello ocurrió, el Ejecutivo procedió al uso de fondos con afectación específica sin la debida restitución a las arcas municipales y por cifras millonarias que excedieron superlativamente el tope de dicha autorización”, consta en la denuncia.

-También se menciona “el desvío ejecutado por el Ejecutivo” del crédito de 10.000.000 de pesos otorgado por el Banco de la Provincia para destinarlo a la compra de la ex Curtiembre Piazza por 5.000.000 de pesos (o en su defecto obras de pavimento) y los 5.000.000 restantes para la reconstrucción del ex Cine San Martín. Del total, “se usaron 2.994.751,80 para la adquisición de la ex Curtiembre y para obra de pavimento, pero la suma restante de 7.005.248,20 se desvió su uso en forma indebida e irregular al pago de haberes del personal municipal.

-Además, surge en la presentación que “el Departamento Ejecutivo incumplió con el cronograma de obras presupuestadas por el indebido uso de recursos afectados para gastos corrientes y por cifras millonarias (más 34.000.000 de pesos)”.

-En otro tramo, sostienen que “otro grave ejemplo, fue la utilización recursos provenientes del Gobierno Nacional para la ejecución de la obra “Emergencia Hídrica- Reacondicionamiento del Cañadón de Gutiérrez en la localidad de Azul” por la suma de 1.150.531,25 pesos, contrariando también disposiciones del mencionado Organismo nacional en cuanto al destino de los fondos en cuestión”.

-Por todo esto, “entendemos que el accionar que venimos mencionando encuentra cabida legal en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio, como así también entendemos cabría aplicar el artículo 241 de la Ley Orgánica de las Municipalidades en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios por la mala administración de los recursos públicos contrariando las leyes, ordenanzas, estatutos del régimen municipal por actos que le conciernen en razón de sus cargos”.

“Claramente se han producido daños enormes, ya que se ha privado a la comunidad de Azul de realizar obras con recursos afectados a tales fines por más de 34.000.000 de pesos”, exactamente 34.591.421,24 pesos al 30 de octubre de este año.

 

LAS OBRAS QUE NO SE HICIERON 

Según consta en la denuncia penal presentada por concejales del GEN, cuando el Concejo Deliberante autorizó la creación del Fondo Único de Infraestructura, se contempló que el dinero recaudado fuese específicamente a: continuidad de viviendas en Barrio San Martín de Porres; construcción de 32 viviendas sociales; techo de asilo San Francisco; patio del Jacaranda; adecuación planta de reciclado EcoAzul; readecuación del ex Club Social; construcción de un Centro Integrador Comunitario en el barrio El Sol; construcción de consultorios de emergencia del Hospital Dr. Ferro de Chillar; construcción de viviendas sociales modulares y soluciones habitacionales; construcción de cordón cuneta en Azul; construcción restante de cuadras de pavimento en la ciudad de Azul; construcción cordón cuneta en Chillar; tratamiento de Avenida Barrere en Chillar; construcción de cordón cuneta en Cacharí; reconstrucción de losas en Azul y en Chillar; provisión de gas a diferentes barrios; extensión de agua, cloacas para Azul, Cacharí y Chillar; red de alumbrado público en barrio San Francisco; obra de readecuación del patio Andaluz; pavimentación de la Av. Bidegain; obras hídricas, etc.

ALGUNOS DE LOS NÚMEROS QUE DEJÓ INZA 

Paralelamente a esta denuncia por el uso de los fondos afectados, la comuna de Azul vive una situación económica financiera asfixiante.

En su discurso de asunción, el intendente Hernán Bertellys marcó claramente cuál era la realidad dejada por José Inza: ese día tenía un saldo de disponibilidad negativo de 5.947.575,80 pesos; cheques diferidos a pagar el 25 de diciembre por 3.947.575,80 pesos; descubierto en el Banco Provincia por 9.000.000 de pesos; uso de fondos afectados por 36.709.089 pesos (lo denunciado recientemente) y con 0 pesos en caja para afrontar pagos.

Días después, y con una verdadera bomba en sus manos, Bertellys informó que necesita urgentemente 7.500.000 de pesos para pagar el aguinaldo y 14.000.000 para los sueldos de diciembre; y que, de acuerdo a las proyecciones, al 6 de enero ingresarían a las arcas municipales sólo 12.000.000 de pesos.

Como si faltasen números que alarmen, indicó que Inza dejó una deuda flotante -la que debe pagarse a corto plazo y que responde mayoritariamente a proveedores- que ronda los 90.000.000 de pesos.

Mucho dinero es el que se adeuda y también el que se necesita urgentemente para cubrir los compromisos que vienen. Ahora es la administración de Hernán Bertellys la que debe resolver la explosiva situación que le heredó José Inza.


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