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Reapertura del servicio de justicia

Reapertura del servicio de justicia

El CAA apela al esfuerzo y responsabilidad de todos para garantizar el servicio de justicia y la salud.
Desde el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, realizaron diferentes recomendaciones ante la reapertura del servicio pleno de justicia en el territorio de esa jurisdicción, a partir de este lunes.
Conforme a la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, el pasado 6 de julio, referida al restablecimiento pleno del Servicio de Justicia en Azul y Tandil –a lo que se agregan los 8 Juzgados de Paz comprendidos en el Departamento Judicial en anteriores resoluciones- Gastón Argeri, presidente del C.A.A subrayó la importancia de que magistrados, funcionarios, empleados judiciales, abogados, abogadas y comunidad en general “respeten los protocolos establecidos, a fin de garantizar el servicio pleno de justicia y la salud de todos.
Se han implementado varias prácticas para sostener la eficacia de las medidas de prevención. Entre ellas, se destacan el uso del servicio de consulta remota (Mesa de Entrada Virtual) además de las consultas telefónicas y/o presenciales; otro recurso disponible es la solicitud de turnos on line –a través de la página web scba.gob.ar – para quienes deban concurrir en forma presencial a las jurisdicciones habilitadas, que corresponden a distritos encuadrados en las categorías Fase 4 y 5 del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), siendo facultad del titular de cada órgano judicial la utilizacion de los mismos, estableciendose que los profesionales podrán concurrir en el marco de la “nueva normalidad” y cumpliendo los protocolos existentes”, enumeró Argeri.
“La responsabilidad es de todos y todas: si respetamos los protocolos vigentes, no sólo evitamos la propagación del COVID-19, sino que también estamos contribuyendo a que el servicio de justicia pueda brindarse plenamente”, concluyó el Presidente del Colegio Departamental.
Una medida reclamada por la abogacía
Desde marzo, la Corte dispuso un asueto, en virtud de las medidas sanitarias y preventivas impuestas por la pandemia de COVID-19; desde entonces, la decisión de “paralización” de la justicia se fue prorrogando, a pesar de los numerosos pedidos elevados por los Colegios Departamentales de Abogados del territorio bonaerense.
Gastón Argeri fue uno de los presidentes que estuvieron a la cabeza de las demandas, en busca de una salida al escenario complejo que configuró la medida y que tuvo en jaque a 65 mil trabajadores y trabajadoras del Derecho. “Somos absolutamente conscientes de que la pandemia requiere medidas preventivas, pero no podemos avalar la decisión del Poder Judicial de un asueto que supone la paralización de la justicia”, coincidido junto con sus pares, en un pedido colectivo presentado no tan solo al gobernador Axel Kicillof, sino también a la SCBA, en su oportunidad por el Colegio de Abogados Provincial.
La insistencia en la protección del Estado de Derecho que implique el funcionamiento pleno de los tres poderes fue el denominador común de una demanda colectiva que tuvo en la Abogacía también la defensa del legítimo derecho del ejercicio profesional que se vio sensiblemente vulnerado con la extensión de la cuarentena obligatoria.
Tras la confirmación del retorno pleno del servicio de Justicia, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul celebra la disposición de la SCBA y ratifica el derecho inalienable del acceso a la justicia como una prioridad del orden público.

“Se busca privatizar una parte de la justicia”

Comunicado del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul


“Se busca privatizar una parte de la justicia”

A través de un comunicado, el Colegio de Abogados Departamental destacó la medida innecesaria e inoportuna del proyecto de decreto de necesidad y urgencia presentado el pasado lunes, por la Dra. Cristina Armella (rectora de la UNA –Universidad Notarial Argentina y presidenta de la UINL, Unión Internacional de Notarios) al Presidente de la República, para la determinación de herederos por escritura pública, en casos de fallecidos por COVID-19, fijando los honorarios del escribano interviniente en $ 5.000.
El proyecto pretende imponer un “juicio de notoriedad” en manos de escribanos. Esta iniciativa atenta contra la seguridad jurídica porque coloca el trámite de las sucesiones (aunque por ahora, presuntamente justificadas y limitadas a situaciones de Covid-19) fuera del ámbito natural y público de la jurisdicción de los jueces, para ser dirimidas en el ámbito privado de los escribanos.
En concreto, se busca privatizar una parte de la justicia. Pero más grave aún es que la propuesta no aporta, en este contexto de crisis, absolutamente nada al ciudadano, excluyendo inclusive a la población económicamente más vulnerable, al agregar un recaudo innecesario y oneroso al trámite que podría tramitarse gratuitamente en ANSES con la simple agregación de las partidas respectivas, tal como hoy disponen las normas del mismo Organismo Previsional (Circular DPAyT 32/20, DPAyT 28/20; ACTI 01-46 del 16/07/2019, Circ. Gay 45/05 y concordantes, entre otras).
Que un hipotético DNU otorgue a los escribanos funciones jurisdiccionales, habilitándolos para examinar recaudos procesales, declarar abierto el proceso sucesorio, disponer la publicación de edictos, dar intervención a los Ministerios Públicos y dictar declaratoria de herederos o auto aprobatorio de testamento, sería una aberración jurídica que atentaría contra los principios y garantías de nuestras Constituciones Nacional y Provincial, desconociendo el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.
¿Qué pasaría, por ejemplo, con el control y la legalidad de los actos jurídicos y procesales cuando intervienen personas menores de edad y/o con capacidad restringida, entre otros casos?
Por todo lo expuesto, el Colegio de Abogados Departamental ratifica su compromiso con la Abogacía y la defensa de sus incumbencias, en beneficio de las matriculadas y los matriculados, la comunidad en general y, en particular, de los sectores más vulnerables.
Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul

Por el Urgente restablecimiento pleno del Servicio de Justicia

COMUNICADO

POR EL URGENTE RESTABLECIMIENTO PLENO DEL SERVICIO DE JUSTICIA EN TODOS LOS FUEROS Y MATERIAS

La irrupción de la Pandemia por Coronavirus ha trastocado irremediablemente la normalidad de las cosas. La Salud Pública es la prioridad y celebramos que así lo hayan entendido las Autoridades Gubernamentales. Es comprensible que las abruptas -y necesarias- medidas sanitarias dispuestas por los Gobiernos Nacional y Provincial hayan alterado aquella normalidad de la que no podía escapar el servicio de justicia. Los resultados del aislamiento social, preventivo y obligatorio en nuestro país son incuestionables en términos sanitarios, y también son para destacar.-

Es comprensible, también, que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires –SCBA-, mediante Resol. 386/2020 haya dispuesto la suspensión de plazos y del servicio de justicia en toda la Provincia, con ciertas excepciones, hasta el 31/03/2020. Una medida prudente y oportuna que, por la excepcionalidad de la urgencia, no ha sido cuestionada.

Posteriormente el Tribunal Máximo de la provincia extendió hasta el 12 de abril inclusive, mediante la Resolución de Presidencia Nº 14/2020 de fecha 30 de marzo de 2020, pudiendo comprender que el COVID-19 sorprendió a todos los sectores, pero vencido dicho plazo nuevamente y mediante Resolución de Presidencia Nº 18/2020 prorrogó las medidas dispuestas por Resolución Nº 386/2020 hasta el 26 de abril inclusive, para hacerlo nuevamente por Resolución Nº 480/2020 hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive y seguidamente por Resolución Nº 25/2020 hasta el 24 de mayo inclusive.

Ahora bien, transcurrido aquel primer y segundo período (desde el 16 de marzo al 12 de abril), pensando que fue un tiempo más que suficiente, aunque podría considerarse excesivo, la SCBA, como máxima autoridad del Poder Judicial de la PBA, debió haber arbitrado todos los medios y sustanciar todas las gestiones que fuesen necesarias para reestablecer el pleno funcionamiento del servicio de justicia, sin descuidar la estricta aplicación de protocolos sanitarios, en vez de recaer en las sistemáticas y automáticas prórrogas de suspensiones de los plazos, es decir, en concreto, la suspensión del pleno y fundamental SERVICIO DE JUSTICIA.- 

Transcurrido esos periodos, prudenciales, es inconcebible que la Justicia se considere a sí misma NO ESENCIAL. En razón de la forma Republicana de Gobierno receptada por la Constitución Nacional y Provincial, en tanto la existencia de división Poderes, el carácter esencial del SERVICIO DE JUSTICIA debió –y debe- ser declarado por el Poder Judicial y no por el Poder Ejecutivo. Es por ello que la responsabilidad de no haber declarado esencial el SERVICIO DE JUSTICIA es exclusiva de la S.C.B.A.. La Justicia, a pesar de la anormalidad que atravesamos como sociedad por efectos de la Pandemia, debe funcionar plenamente.-

El Poder Judicial tiene –o debería tener ya- todas las herramientas informáticas y tecnológicas que permitan la sustanciación de procesos electrónicos en todos los fueros y materias, adoptando las medidas y/o mecanismos de excepción que fueren necesarios para garantizar, inclusive, las instancias procesales que requieran actividad presencial a la fecha. Todas/os las/os Magistradas/os y Funcionarias/os cuentan –o deberían contar- con dichas herramientas que permitan su labor jurisdiccional plena, también con el espíritu suficiente como para desempeñar su rol aún en tiempos de Pandemia. Las soluciones que involucren al personal de planta son de exclusiva competencia de la S.C.B.A. y ajenas a esta Institución que representa a la Abogacía. –

En aquel sentido, y desde el año 2017, los abogados y abogadas hemos adaptado nuestra actividad profesional a las exigencias de la S.C.B.A. en el marco del proceso de digitalización de la Justicia. Ello trajo aparejado la obligatoriedad de adquirir no solo el token sino también las demás herramientas y dispositivos tecnológicos y electrónicos complementarios para la readecuación del ejercicio profesional (token, digitalizadores, scanners, software, hardware, entre tantas otras cosas). En fin, hemos asumido todos y cada uno de los gastos e inversiones que requirieron las disposiciones de la S.C.B.A. para ejercer la profesión en forma electrónica, más allá del desaguisado y la incertidumbre que provoca la convivencia del formato electrónico y el formato papel, sin entrar a detallar las barreras que desde Órganos Judiciales se han impuesto para impedir, o al menos demorar, la plena vigencia de un proceso completamente electrónico mucho antes de ahora, lo que hubiera evitado la actual situación.

En cambio, el Comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires del 18/04/2020, deja en evidencia un sinnúmero de inconsistencias y deficiencias de las que adolece el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (verbigracia: insuficientes equipos informáticos y tecnológicos, deficiente servicio de internet, falta de capacitación, entre otros) lo que expone, por un lado la ausencia de planificación y previsibilidad del Poder Judicial y, por el otro, un público reclamo de Magistradas/os que incluso resulta extemporáneo, ya que admite que los mismos resultan de larga data y, en ese caso, las responsabilidades pasan a ser compartidas.

Habiendo transcurrido casi 60 días en contexto de excepción, período en el cual se ha avanzado en el control de la curva de contagios por COVID-19, y siendo que el pasado 27 de abril se ha ingresado en la etapa de cuarentena segmentada, el Estado de Derecho y el Sistema Republicano requieren imperiosamente que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de manera URGENTE DISPONGA EL RESTABLECIMIENTO PLENO DEL SERVICIO DE JUSTICIA EN TODOS LOS FUEROS Y MATERIAS en favor de los bonaerenses. Para ello deberán adoptarse las medidas y/o mecanismos de excepción que fueren necesarios para garantizar, inclusive, las instancias procesales que requieran actividad presencial, bajo estrictas medidas de prevención sanitaria que deberá disponer la misma S.C.B.A.-

Al efecto, consideramos NECESARIO y URGENTE se dicten las Resoluciones y Acordadas que pongan en funcionamiento el SERVICIO DE JUSTICIA, simplificando los procesos electrónicos y/o digitales de modo de dotarlo del dinamismo y certeza que el contexto histórico requiere, al tiempo y asimismo se eliminen todas aquellas cargas que estén en la órbita de competencia de esa S.C.B.A. que a la fecha demandan una innecesaria concurrencia presencial a la sede de los Organismos Judiciales para dar cumplimiento con exigencias superfluas, acelerándose la completa tramitación electrónica de todos los procesos.

Sumado a todo esto, se arbitren todos los medios necesarios urgentemente (informáticos y protocolos de prevención y sanitarias), para permitir iniciar causas judiciales en general, no existiendo fundamento alguno para mantener lo dispuesto en solo inicio de causas urgentes y/o que prescriben, llevando casi 60 días sin poder iniciar procesos judiciales, en pos de reclamar los derechos de las/os ciudadanas/os; como así también el pleno funcionamiento de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones, garantizando la salud por sobre todas las cosas, permitiendo que los procesos avancen, más allá de la implementación de todas las herramientas informáticas para notificar.- 

Finalmente, es oportuna la ocasión para ejercer el rol gremial con el que concebimos la conducción de la Colegiatura Departamental en función de lo cual exigimos el inmediato y pleno restablecimiento del SERVICIO DE JUSTICIA que permita el ejercicio de la profesión de las/os matriculadas/os. En ese sentido es dable destacar que, como consecuencia de lo reseñado en párrafos precedentes, los abogados y abogadas hemos sufrido una grave lesión a nuestro derecho a trabajar con el consiguiente deterioro sustancial y extremo de nuestros ingresos, período en el cual la mismísima S.C.B.A. mediante las Acordadas 3972 y 3973 del 15/04/2020 dio cuenta del aumento de haberes para las/os Magistradas/os, todo en el mismo contexto de excepción. En definitiva, las Abogadas y los Abogados en tiempo de Pandemia no hemos podido trabajar por las limitaciones del aislamiento preventivo social y obligatorio y el asueto, ambos decretados oportunamente, y eso se vio reflejado directamente en detrimento de los honorarios de los profesionales. 

En definitiva, por los fundamentos y consideraciones expuestas, creemos que no existe fundamento alguno para que no se brinde el SERVICIO DE JUSTICIA DE FORMA PLENA EN TODOS LOS FUEROS, con el funcionamiento debido de la Receptoría de Expedientes Virtual y las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones, bajo estrictas medidas de prevención y seguridad sanitaria.-

Azul, 14 de mayo de 2020.-

Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul.

La comuna flexibilizará algunas actividades a modo de prueba

La comuna flexibilizará algunas actividades a modo de prueba

Sumario

La comuna flexibilizará algunas actividades a modo de prueba
Reunión por actividades del sector comercial
Vigencia de las medidas de protección judicial por violencia

La Municipalidad de Azul informa a la comunidad que hasta la fecha no se ha recibo respuesta de la Provincia a la solicitud de excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio para diferentes actividades y servicios hechas por vecinos e instituciones del Partido.
Por tal motivo, el intendente Hernán Bertellys decidió autorizar próximamente algunas de esos requerimientos a modo de prueba e instrumentar los protocolos de actuación, fiscalización y control correspondientes.
En este sentido, los próximos días se comunicará las actividades que serán exceptuadas de la cuarentena y las medidas sanitarias que en forma obligatoria se deberán implementar. Para esto se creará un registro de cada una de las empresas, profesionales y cuentapropistas que retomen la labor y que deberán ser autorizados por la Jefatura de Gabinete y Gobierno.
El Intendente Municipal detalló que la decisión “es un paso que tenemos que dar, ya que la situación económica ha llegado a la fecha al límite de ser angustiante para estos sectores”. Sin embargo se aplicará un periodo de prueba para analizar que la situación sanitaria no sufra cambios en el Partido.
Al respecto, el jefe comunal enfatizó que “no debemos perder el eje de a lo que hoy nos estamos enfrentando: una pandemia que está al acecho y puede atacarnos en cualquier momento. Toda medida que relaje el aislamiento, nos pone en mayor riesgo y exposición”.
“Vamos a dar un paso necesario, pero no puedo tomar la determinación de hacerlo solo sin el compromiso de que nuestra mayor batalla es contra el COVID 19 y que de nada nos servirá todo el esfuerzo hecho y el que la mayoría de los ciudadanos está haciendo, si nos relajamos y pensamos que todo vuelve a la normalidad. Eso sería un grave error que nos pondría en una situación de extrema vulnerabilidad ante esta pandemia”-subrayó el jefe comunal.

Reunión por actividades del sector comercial

Hoy domingo a la mañana, en el despacho comunal, se desarrolló un encuentro entre funcionarios municipales, representantes de comerciantes y almaceneros y dirigentes gremiales de empleados mercantiles para analizar la situación del sector en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la etapa de mayor flexibilización que comenzará próximamente.
Participaron del encuentro el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra –acompañado por la secretaria de Producción, Empleo y Desarrollo Sostenible Alejandra Pais y la subsecretaria de Gobierno Fernanda Ibarra-, el presidente del Centro Empresario Federico García, el presidente del Centro de Almaceneros Claudio Tiso y el secretario general de la Asociación Empleados de Comercio del Azul Jorge Ferrarello.
En este contexto, se acordó continuar con las recorridas por los comercios locales que ya se vienen desarrollando con la AECA y el CEDA para analizar la aplicación de los protocolos sanitarios correspondientes. Además, se hará lo propio con el Centro de Almaceneros en ese rubro.

Vigencia de las medidas de protección judicial

La Municipalidad de Azul informa a la comunidad que las medidas de protección judicial por violencia (exclusión del hogar, prohibición de contacto y perimetral) continúan vigentes mientras se mantenga el aislamiento social, preventivo y obligatorio, de acuerdo a la Resolución 12/20 de la Suprema Corte de Justicia.
En tanto se recuerda que en caso de emergencia se debe llamar al 911.
Asimismo, ante la detección de cualquier maltrato a menores se debe realizar la denuncia -que puede hacerse en forma anónima- llamando al 102 o al 911 o por Facebook a Línea 102 de niños y niñas. También, personalmente en la Dirección Municipal de Niñez y Adolescencia, Servicio Local o en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

El COLPROBA pidió a Kicillof el restablecimiento total del sistema de justicia

El COLPROBA pidió a Kicillof el restablecimiento total del sistema de justicia

La protección del Estado de Derecho supone el funcionamiento pleno de los tres poderes”

El Colegio de Abogados de la Provincia volvió a pronunciarse en busca de una solución a la situación que atraviesa el servicio de justicia, desde el pasado 16 de marzo, cuando la Suprema Corte de Buenos Aires resolvió el asueto que se ha ido prorrogando.

La entidad que nuclea a los 20 Colegios de Abogados Departamentales de la Provincia –unos 65.000 trabajadores y trabajadoras del Derecho- elevó un pedido al gobernador Kicillof, exigiendo el restablecimiento total del funcionamiento del sistema, a través de herramientas tecnológicas que garanticen el pleno y real acceso a la justicia. “Somos absolutamente conscientes de que la pandemia requiere medidas preventivas, como el aislamiento dispuesto, pero no podemos avalar la decisión del Poder Judicial de un asueto que supone la paralización de la justicia en el ámbito de nuestra Provincia”, subraya el comunicado.

En un contexto de emergencia sanitaria y apremio económico, la medida afecta a la aplicación de justicia, definiendo cuáles derechos son urgentes y cuáles pueden esperar. “Queremos que se garantice la salud de todas las personas, con los recaudos y protocolos que existen para realizar diferentes trabajos, pero nada impide que se trabaje desde las casas y/o despachos sin atender al público, utilizando la tecnología en su máximo desarrollo”, sostuvo Gastón Argeri presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul.

Los abogados y abogadas de la Provincia reafirman, ante este estado de cosas, su compromiso con la defensa de todos y cada uno de los derechos vulnerados. La importancia de su función radica en la protección del individuo frente a la Justicia, garantizándole el derecho pleno y absoluto a su acceso.

Resulta fundamental, entonces, modificar un estado de asueto que carece de fundamento jurídico, al igual que la suspensión de términos y el sistema de turnos, para dar inicio al funcionamiento completo e integral del sistema, con la puesta en marcha total del expediente digital que posibilita y permite el teletrabajo.

Desde 2012, los profesionales de la Abogacía se capacitan en el uso de las presentaciones y notificaciones electrónicas, el expediente digital, invirtiendo dinero y tiempo en la adquisición de herramientas, en cada uno de los departamentos judiciales que presiden los Colegios bonaerenses.

“Hoy no tenemos acceso a nuestro trabajo, a la representación, asesoramiento ni defensa de los justiciables y no podemos afrontar económicamente las necesidades básicas de nuestras familias. Esta situación merece ser modificada, no puede sostenerse en el tiempo la idea de un país en el que el poder judicial esté de asueto. La protección del Estado de Derecho implica el funcionamiento pleno de los tres poderes”, concluye el comunicado que la entidad bonaerense elevó, ayer, al Gobernador.

“Tenemos magistrados y funcionarios bien predispuestos a seguir trabajando cien por ciento en nuestro Departamento Judicial, pero necesitamos salir del asueto, de los órganos judiciales de turno y del concepto de que se debe resolver lo urgente, porque dentro de esto último encuadran todos los derechos que cualquier ciudadana y ciudadano que se reclama. El servicio de justicia es esencial, y por eso debemos trabajar todos para que funcione, poniendo el esfuerzo necesario”, sostuvo Argeri.

Aislamiento: Jueces federales de todo el país advierten que actuarán con «rigor»

Aislamiento: jueces y juezas federales de todo el país advierten que actuarán con «rigor»

Los jueces y juezas federales de todo el país adelantaron hoy que tomarán «las medidas procesales que sean necesarias» y aplicarán «todo el rigor» de la ley asegurando «las garantías constitucionales» para quienes violen las disposiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde el primer minuto de hoy.

«Asegurando todas las garantías constitucionales, tomaremos las medidas procesales que sean necesarias, aplicando todo el rigor que esta situación de emergencia requiere y de manera inflexible, sobre aquellos ciudadanos y ciudadanas que no cumplan con la cuarentena forzosa dispuesta», advirtió la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina en un comunicado.

Esa entidad, que nuclea en todo el país a los magistrados del fuero a cargo de investigar los delitos previstos por violar la cuarentena obligatoria por el coronavirus, manifestó que «apoya enfáticamente las medidas adoptadas por el Presidente de la Nación».

«Sus asociados, los jueces y juezas federales de todo el país, trabajarán mancomunadamente con el Poder Ejecutivo en el control del cumplimiento de la cuarentena dispuesta», agregaron en el texto los magistrados.

Ante ello, se informó que los magistrados y magistradas de los fueros penales federales de todo el país «estarán a disposición las 24 horas los 7 días de la semana para resolver las cuestiones que requieran su intervención».

«Sabemos del esfuerzo que se encuentran realizando los distintos ministerios de gobierno nacionales y provinciales. Sabemos del sacrificio que realizan y que realizarán nuestros médicos y médicas, enfermeros y enfermeras y trabajadores y trabajadoras de la salud», destacó la asociación.

Se realizó en Azul la primera Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia

Se realizó en Azul la primera Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia

Organizada por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la Provincia y la Municipalidad de Azul se desarrolló en nuestra ciudad, la Primera Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia donde se abordó la prevención, gestión y resolución de conflictos, así como la asistencia a víctimas de delitos graves y/o de trata, explotación laboral y sexual.

Con anterioridad al inicio de la jornada se realizó una reunión en el despacho oficial de la que participó la subsecretaria bonaerense del área mencionada Rosario Sánchez, el intendente Hernán Bertellys, el Fiscal General Marcelo Sobrino y demás autoridades municipales y provinciales.

En tanto, durante el acto de apertura y el jefe comunal señaló, en principio, que “se trata de una primera instancia para comenzar a abordar en forma conjunta las diferentes maneras de garantizar a nuestros vecinos el pleno acceso a la justicia. En este marco, resulta fundamental la articulación y el trabajo en red entre los distintos niveles del Estado y las instituciones intermedias, vinculados con la prevención, la gestión y la resolución de los conflictos”.

En este sentido destacó que “la construcción de espacios en los que es posible el análisis, la reflexión y el intercambio de experiencias e intervenciones y también de conocimiento constituye un paso de enorme valor para generar herramientas que posibiliten acercar la justicia a los ciudadanos”.

Y agregó que “en este contexto, la posibilidad de estas mesas es una oportunidad que debemos agradecer y aprovechar desde nuestra comunidad y desde los actores directamente involucrados en la temática”.

Al respecto, Bertellys manifestó que “la articulación que destacaba anteriormente es indispensable para que cada vecino tenga las mejores condiciones de tratamiento de su problemática y obtenga una respuesta más rápida y efectiva ante el conflicto que deba resolverse. Así, el abordaje de posibles acciones conjuntas se torna trascendente para brindarle al ciudadano un mejor servicio, una resolución precisa y eficaz en el menor tiempo posible y una contención que tenga en consideración el derecho vulnerado”.

Estoy seguro de que el espacio de diálogo e intercambio de experiencias nos otorgará una serie de instrumentos para la prevención y la resolución de los diferentes conflictos y para articular las políticas públicas desde los ámbitos nacional, provincial y municipal”- remarcó.

Por su parte, Rosario Sánchez indicó que “desde la Subsecretaría nos hemos propuesta desde hace dos años poder hacer estos encuentros en distintas ciudades de la provincia porque entendemos que cada lugar tiene su problemática, su impronta, sus efectores que trabajan en red”.

Asimismo explicó que el área trabaja con víctimas de delitos graves y explicó que Azul cuenta con un Centro de Asistencia a Víctima. Además informó que la subsecretaría también abarca la prevención, gestión y resolución adecuada de conflictos donde se trabaja en mediación comunitaria y tiene a cargo la mediación pre judicial y la Dirección de Defensa del Consumidor. “Tenemos un amplio espectro para desarrollar y quiero remarcar la necesidad de articular todos los que de una u otra manera nos estamos ocupando del ciudadano”-dijo.

Para finalizar, la funcionaria provincial enfatizó que “es muy importante la formación en esto de construir o fortalecer este paradigma. Venimos a construir juntos para mejorar el acceso a justicia al ciudadano”.

Cabe destacar que también participaron de este encuentro la Dirección Provincial de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, la Dirección Provincial del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima y la Dirección Provincial y Oficina Provincial de Lucha contra la Trata.

CONDENADO A PRISIÓN PERPETUA POR EL FEMICIDIO DE SU EX MUJER

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MATÓ A SU EX PAREJA Y FUE DECLARADO “CULPABLE”

CONDENADO A PRISIÓN PERPETUA POR EL FEMICIDIO DE SU EX MUJER

Luis Ángel Torres, el hombre de 61 años al que la semana pasada en un juicio un jurado popular había declarado “culpable” del asesinato de su ex concubina, homicidio ocurrido en el Monte Zabalza de Chillar a fines de julio de 2015, fue condenado a prisión perpetua por ese crimen. Hoy martes, en horas del mediodía, se anunció la pena para el encausado, durante una audiencia llevada a cabo en la sala que el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 posee en el primer piso del Palacio de Justicia local. Según quedó probado, Torres había asesinado a golpes a Nancy Beatriz González, hecho que -se presume- se produjo el 30 ó 31 de julio de 2015 en un predio de la vecina localidad de Chillar que está ubicado sobre el camino que conduce a Tedín Uriburu. Teniendo en cuenta la calificación que de los hechos tratados en este juicio hiciera la semana pasada, cuando lo declaró “culpable”, el jurado popular que intervino en este proceso, el juez Gustavo Borghi condenó a Luis Ángel Torres a la pena máxima que contempla el Código Penal argentino. El actual presidente del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 local le impuso esa pena después de considerarlo autor penalmente responsable del “delito continuado de secuestro coactivo agravado por haber logrado su propósito y homicidio triplemente calificado, por su comisión respecto a la persona con quien mantuvo una relación de pareja, con alevosía y por la perpetración de un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en concurso real de acciones“, según se mencionó en lo dispuesto y dado a conocer este martes al mediodía.
Un jubilado que vive en Olavarría presidió el jurado y fue quien anunció el veredicto de culpabilidad para el imputado. En la otra imagen, Luis Ángel Torres abandona esposado la sala donde se hizo el debate en el que, dada las calificaciones otorgadas a los hechos que cometió, será condenado a prisión perpetua. FOTOS: NACHO CORREA

A la hora 0.16 de ayer miércoles, el juicio por el asesinato de una mujer ocurrido en Chillar durante el año 2015 que se estaba haciendo en los Tribunales de Azul corrió un serio riesgo de quedar sin efecto.

En ese entonces, el jurado popular que estaba interviniendo en el proceso, tras deliberar por algo más de dos horas le hizo saber al juez Gustavo Borghi, el actual presidente del Tribunal 1 que intervino en este debate, que estaba “estancado”.

En otras palabras, que no habían podido lograr la cantidad de votos requeridos para dilucidar una de las cuestiones por las cuales Luis Ángel Torres -un changarín chillarense que tiene 61 años- había llegado acusado a este proceso donde, finalmente, fue declarado “culpable” de un femicidio y de otro delito.

Al cansancio que ya en ese entonces se experimentaba después de una jornada que se había iniciado a media mañana del pasado martes, se sumó la tensión propia del anuncio de un veredicto que no llegaba. Situación esta última surgida, teniendo en cuenta el tiempo en que esos doce ciudadanos estuvieron reunidos y las caras que después podían observarse en algunos de ellos, de lo que había sido una deliberación que se adivinaba tensa y en la que, en un principio, no hubo acuerdo entre esos seis varones y esas seis mujeres que integraron el jurado para este proceso.

“El jurado se ha declarado estancado”, expresó el juez Borghi después de esa primera deliberación que duró más de dos horas y en la cual los doce civiles no habían podido ponerse de acuerdo con relación a una de las acusaciones para Torres.

Así se lo había hecho saber instantes antes el presidente del jurado al magistrado, una vez que todas las partes involucradas en el debate regresaron a la sala escenario de este juicio, la de la Cámara de Apelaciones que está en el tercer piso del Palacio de Justicia local.

En situaciones así -la de ayer fue la primera que se planteó en los juicios con jurados que hasta el momento se han hecho en Azul- el Código Procesal Penal prevé diferentes alternativas.

Si el fiscal confirmaba la acusación que mantuvo desde un principio, tal como lo hizo Guillermo Vaticano en este caso, el jurado tenía que volver a deliberar para tratar de alcanzar ese acuerdo que aún no habían logrado hasta ese momento.

Pero si no se llegaba al consenso requerido, el juicio quedaba sin efecto. Eso significaba, en otras palabras, que iba a tener que realizarse otro debate por el caso, pero contando para eso con una nueva conformación del jurado popular.

Otra alternativa implicaba que, ante esa falta de acuerdo del jurado, el fiscal estaba en condiciones de desistir de la acusación formulada en un principio, lo que se hubiese traducido directamente en que el autor de este femicidio fuera absuelto.

A pesar de la oposición planteada por el defensor Oficial Martín Marcelli, el actual titular de la UFI 6 departamental mantuvo la acusación para Torres.

Entonces, una vez más el jurado volvió a deliberar a puertas cerradas para intentar ponerse de acuerdo con relación a la agravante de la violencia de género que, según concluyeron después, también existió en este homicidio.

A diferencia de lo que había sucedido con la primera deliberación, que duró más de dos horas, en esta segunda ocasión el jurado sólo demoró algunos minutos. Y el acuerdo, finalmente, llegó.

De esa manera, ya cuando el reloj marcaba que era la hora 0.33 de ayer, nuevamente fueron convocadas todas las partes y el imputado a la sala para que se diera a conocer el veredicto con relación a todos los hechos tratados.

El presidente del jurado, un jubilado que vive en Olavarría, después de que informara que ese estancamiento había sido superado y de que el juez le hiciera una observación con relación a uno de los ítems tratados en lo resuelto -lo que obligó a que convocara a las partes al estrado-, se puso de pie, tomó el micrófono y recién a esa hora anunció el veredicto.

“Nosotros, el jurado, en nombre del pueblo, encontramos al acusado Luis Ángel Torres no culpable de haber sometido a su voluntad mediante un dominio absoluto a Nancy Beatriz González, empleando violencia física y todo tipo de vejámenes, reduciéndola a la servidumbre”.

Por esa acusación, la declaración de “no culpabilidad” para el changarín chillarense contó con ocho de los doce votos de los jueces civiles.

Después, los demás hechos tratados derivaron en que Torres fuera declarado “culpable”. Y en todos esos casos, por unanimidad.

Así, el hombre fue considerado autor de “haber privado de la libertad a su pareja conviviente Nancy Beatriz González, reteniendo y ocultándola con la finalidad coactiva de someterla a numerosos actos violentos y vejatorios, obligándola a que hiciera o no hiciera contra su voluntad todo lo que le ordenaba”. También, de haber matado “intencionalmente” a su víctima, la misma con la que mantenía una “relación de pareja”; de haberlo hecho “mediante violencia de género, al atacarla por su condición de mujer”; y de asesinarla “alevosamente”, ya que actuó “sin peligro para sí mismo” y aprovechándose de que quien había sido su concubina durante varios años “no estaba en condiciones de defenderse y de oponer resistencia”.

Sólo el hecho de ser declarado “culpable” del femicidio implicará que en los próximos días Luis Ángel Torres sea condenado a prisión perpetua. Pero dicha sanción, además de todas a las agravantes que el jurado contempló que existieron durante el crimen, incluirá también en este caso específico que el hombre sea condenado como autor del delito de secuestro coactivo.

El dato

Ya sin la presencia del jurado popular, mañana se realizará la audiencia de cesura del juicio. Durante la misma las partes, además de que pueden incorporar nuevos testigos al proceso, formularán sus respectivos pedidos de pena para Torres, mensurando para ello -de existir- circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes. Pero dichas solicitudes, dadas las calificaciones de los hechos por los que fue encontrado “culpable” el changarín chillarense, implicarán que sea condenado a prisión perpetua, anuncio que el juez Gustavo Borghi dará a conocer durante el transcurso de la semana entrante.

UN CRIMEN BRUTAL

El fiscal Guillermo Vaticano interroga a Luis Ángel Torres, durante la declaración que el autor del crimen brindara en este juicio. Además de dos efectivos del SPB, la escena la observa Martín Marcelli, el defensor Oficial del chillarense declarado “culpable” de un femicidio.
NACHO CORREA

Cuando el lunes, después del proceso de selección del jurado, el debate comenzó en horas de la tarde, aquel día se extendió hasta las 21 aproximadamente. En esa primera audiencia, comparecieron once testigos. Entre ellos, policías que participaron en la investigación del caso y un vecino de Chillar, el mismo que dijo haber observado ingresar al Monte Zabalza, el escenario de este crimen, a ambos protagonistas de esta cruenta historia: Luis Ángel Torres y Nancy Beatriz González.

Al día siguiente, es decir el martes que pasó, comparecieron los restantes testigos: un total de dieciocho. Y también lo hizo Torres.

La declaración del autor del crimen (ver aparte) y la de un perito convocado por el defensor Oficial Martín Marcelli, un psicólogo que desempeña funciones en la Defensoría General departamental, no convencieron al jurado en el marco de la estrategia que buscaba llevar adelante el abogado del changarín.

El Defensor Oficial jugó en el proceso una de las pocas cartas que podrían haber modificado sustancialmente la situación de su representado: intentar demostrar que se estaba en presencia de una persona inimputable, la misma que, a su entender, no había podido comprender la criminalidad del hecho que cometió.

En su alegato, Marcelli le aclaró al jurado que su intención no era pedir la inmediata libertad de su defendido, sino que lo declararan “no culpable” por “inimputabilidad”.

De haber prosperado su postura, eso hubiera derivado en que Torres continuara privado de la libertad, aunque en un establecimiento cerrado que no necesariamente puede ser una cárcel y sometido a un tratamiento. Tratamiento que, de haber existido un presunto “trastorno de personalidad” al que sólo hizo alusión ese psicólogo traído por la Defensa pero que no confirmaron en absoluto que el imputado presentara las dos peritos oficiales que intervinieron en la causa, habría implicado que pudiera recuperar la libertad una vez superada esa supuesta afección.

Pero las versiones escuchadas de diferentes testigos en el juicio sirvieron para confirmar casi en un todo la acusación del Fiscal. Y el jurado, teniendo en cuenta el veredicto, concluyó que Torres sabía perfectamente lo que hacía cuando mató a golpes a su ex pareja.

Una de las versiones más contundentes en ese sentido la dio el médico que tuvo a su cargo la operación de autopsia. Además de que había estado en la escena del crimen cuando el cuerpo de la mujer fue encontrado el 13 de agosto de 2015, descartó completamente que la lesión vital que la víctima presentaba haya sido producto de una caída.

Nancy Beatriz González tenía 52 años cuando su cuerpo fue hallado en el interior del Monte Zabalza, ubicado sobre el camino vecinal que une a Chillar con Tedín Uriburu. Era jueves, llovía intensamente y, tapado con hojas y ramas, presentaba un avanzado estado de descomposición.

Roedores y otro tipo de alimañas propias del lugar habían avanzado sobre el cadáver. Pero eso no impidió que, al momento de la autopsia, el cuerpo -como habitualmente se dice- “hablara”.

En esa operación realizada en Azul, fue posible establecer que el deceso de la mujer databa del 30 ó 31 de julio de aquel año 2015. Y que un fuerte golpe, al costado de su oreja derecha y que fracturó uno de los huesos del cráneo, se convirtió en la lesión vital.

Pero esa no era la única lesión que el cadáver de González presentaba. También había golpes en otras partes del rostro. Y a pesar de que tenía su ropa rasgada en su parte superior y los pantalones a la altura de las rodillas, no se confirmó que en ese entonces la mujer haya sido violada.

Un “elemento romo y contundente” que -se presume- fue el trozo de una rama que días después, rastrillaje mediante, fue hallado en el Monte Zabalza, se convirtió en aquello que Luis Ángel Torres utilizó para matar a golpes a quien durante varios años fue su concubina.

Su intención homicida había quedado reflejada, según se escuchó en el juicio,  en una declaración que días antes a que el cadáver fuera encontrado le hiciera -a modo de nefasta confesión- a la mujer de un sobrino suyo.

En aquella ocasión, el domingo 9 de agosto de 2015, día en que se llevaron a cabo las elecciones primarias, había dicho que mataría a González si persistía sobre él una prohibición judicial de acercarse a ella.

Para ese entonces el policía Rafael Ábalo, el titular en ese tiempo de la Subcomisaría de Chillar, ya estaba abocado a la búsqueda de la mujer, a la que no veía desde días antes en los lugares que ella solía frecuentar.

Aquel domingo de elecciones González no fue a votar, de la misma manera que días antes no había ido a cobrar al banco una pensión que percibía. Para ese entonces, después se supo, ya estaba muerta.

La prohibición de acercamiento había sido dispuesta por un Juez de Familia de Azul en junio de ese mismo año, una vez que la víctima lo denunció a Torres en la Subcomisaría de Chillar y se tomó conocimiento de esa terrible historia de violencia de género que la tenía como víctima desde hacía varios años.

La medida cautelar era mutua. Pero a fines del mes de julio de aquel año 2015 fue vulnerada. Y los dos volvieron a confluir una tarde en la que, primero, fueron al Cementerio Municipal de Chillar y, después, al Monte Zabalza.

En ese lugar, pasó lo peor para Nancy Beatriz González: su ex concubino la mató a golpes.

En su alegato, el fiscal Guillermo Vaticano fue bastante gráfico sobre lo que ocurrió con la víctima: “A la señora González le pegaron un garrotazo”, le dijo a los doce ciudadanos que después terminarían declarando “culpable” de ese brutal femicidio a Torres. El mismo hombre que, antes de matar a la víctima, no dejó de someterla durante el tiempo en que convivieron a “violencia verbal y física”.

“Sos una hija de puta. Sos una puta de mierda. Salís con cualquier macho. Te voy a matar, te voy a hacer sufrir. Te voy a prender fuego si seguís haciéndote la loca”, había señalado el Fiscal en el juicio que la mujer contó cuando hizo la denuncia por violencia de género en junio de aquel mismo año en que después sería asesinada.

Meses más tarde, lamentablemente para ella, su ex concubino cumplió con todos esos terribles anuncios que le había hecho. Y la convirtió, a golpes en el interior de un monte, en la víctima de un crimen brutal.

UN RELATO INCREÍBLE

Ni su propio abogado, el defensor Oficial Martín Marcelli -según le dijo al jurado-, creyó en la versión que Luis Ángel Torres dio con relación a lo que había pasado con su concubina Nancy Beatriz González.

El funcionario judicial, en su alegato, calificó de “incoherente, bizarro y delirante” al relato de su defendido.

Pero caratular así a los dichos de Torres formó parte de su estrategia de defensa, aquella a través de la cual buscó, aunque sin lograrlo, que el changarín chillarense fuera declarado “no culpable por inimputabilidad”.

¿Qué había dicho en su declaración el hombre de 61 años? Señaló que era su ex mujer quien lo buscaba, a pesar de la prohibición de acercamiento que regía para ambos. Y que los dos se encontraron para ir al cementerio y después al Monte Zabalza, allá a finales de julio de 2015.

Una vez en el monte, el hombre negó haber matado a su ex pareja, de quien afirmó que también le pidió mantener relaciones sexuales con él.

El deceso -según dijo- obedeció a que sufrió una descompensación por la que “le salía espuma por la boca”, lo cual hizo que se cayera y que se golpeara la cabeza.

En medio de ese panorama, al ver que no reaccionaba, él cubrió el cuerpo de la mujer ya fallecida con ramas y hojas. Pero en vez de buscar inmediatamente ayuda, llamando al hospital o la Policía, Torres contó que recién dos días más tarde viajó a Azul, a Tribunales.

En el Palacio de Justicia, un policía le dijo que fuera a hacer la denuncia por lo sucedido a la comisaría primera, adonde finalmente no concurrió porque ahí trabajaban dos sobrinos suyos, relató.

En la investigación iniciada por la desaparición de la mujer, el mismo día en que el cadáver fue hallado las sospechas inmediatamente apuntaron al hombre ahora declarado “culpable” del crimen.

Desde que González había muerto, Torres dejó de vivir en su casa. Y se refugió en unos galpones abandonados que están en el ingreso a la localidad de Chillar. A ese lugar la Policía fue a buscarlo cuando aquel 13 de agosto de 2015 el cadáver de su ex pareja fue hallado en el Monte Zabalza.

“Así es, tal cual lo conté yo”, le dijo el pasado martes Torres al jurado, que finalmente no le creyó y lo terminó condenando.

Los funcionarios judiciales Martín Marcelli y Guillermo Vaticano. Respectivamente, defensor Oficial y fiscal en este juicio con jurados que había empezado el lunes de la semana pasada.EL JUICIO POR EL FEMICIDIO EN EL MONTE ZABALZA

El Fiscal pidió prisión perpetua para el hombre que asesinó a su ex pareja

Luis Ángel Torres, el chillarense autor del homicidio triplemente agravado de su ex concubina. El hombre, que tiene 61 años, podría ser condenado a prisión perpetua.
Luis Ángel Torres, el chillarense autor del homicidio triplemente agravado de su ex concubina. El hombre, que tiene 61 años, podría ser condenado a prisión perpetua.

La audiencia de cesura de este debate se realizó anteayer viernes en la sala de la Cámara Penal de Apelaciones que está en el tercer piso del edificio central de los Tribunales de Azul.Pasado mañana martes, en horas del mediodía, se conocerá la pena que el juez le impondrá al chillarense que había matado a golpes a su ex concubina. En los primeros minutos del miércoles de la semana pasada, un jurado popular había declarado al encausado “culpable” de este homicidio triplemente agravado. Y también, del delito de “secuestro coactivo”. Teniendo en cuenta las calificaciones de los hechos que hiciera el jurado, anteayer las partes formularon sus alegaciones finales. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el imputado sea condenado a prisión perpetua como autor de este crimen ocurrido en julio de 2015 en Chillar y descubierto al mes siguiente. El Defensor Oficial, en tanto, pidió que se declare inconstitucional la aplicación de la pena de prisión perpetua y que el autor de este caso de violencia de género, en subsidio, sea condenado en los términos temporales que establece la figura del “homicidio simple”.

Gustavo Borghi. El actual presidente del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 anunciará este martes la pena que le impone al autor de este brutal crimen.Entre una solicitud para que el hombre considerado “culpable” del femicidio de su ex pareja, crimen ocurrido en Chillar durante el año 2015, sea condenado a prisión perpetua y otra para que sea declarada inconstitucional esa pena, el viernes que pasó transitaron los pedidos de las partes en el juicio que por el caso se está haciendo en los Tribunales de Azul.

Luego de escuchadas las alegaciones finales del fiscal Guillermo Vaticano y del defensor Oficial Martín Marcelli, el juez Gustavo Borghi -actual presidente del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Azul que está interviniendo en este debate- anunció que este martes que viene, a la hora 12, dará a conocer la pena que le impone al chillarense al que un jurado popular había declarado autor de este homicidio triplemente agravado.

La audiencia de cesura del juicio contó, en la sala de la Cámara Penal que está ubicada en el tercer piso del Palacio de Justicia de Azul, con la presencia del encausado: un hombre que tiene 61 años, se llama Luis Ángel Torres y está preso desde el 13 de agosto de 2015.

Ese día en horas de la mañana el cadáver de la víctima de este caso de violencia de género -una mujer que tenía 52 años, había sido pareja de Torres y se llamaba Nancy Beatriz González- fue hallado en el interior del Monte Zabalza, un predio ubicado en cercanías al Cementerio Municipal de Chillar y sobre el camino que conduce a Tedín Uriburu.

El cuerpo evidenciaba un avanzado estado de descomposición. Y al ser sometido en Azul a la autopsia, se determinó que González había sido asesinada a golpes el día 30 ó 31 de julio de aquel mismo año. Es decir, aproximadamente dos semanas antes a que la mujer fuera hallada muerta en el Monte Zabalza.

Teniendo en cuenta una denuncia que la mujer formulara en junio de 2015 en la Subcomisaría de Chillar cuando se separó de Torres, el hombre con el que había convivido durante varios años y al que acusaba de someterla constantemente a diferentes episodios de violencia de género -hechos que incluían, entre otros aspectos, maltratos físicos y verbales- las sospechas de los investigadores apuntaron inmediatamente, como el autor del crimen, al hombre que ahora podría ser condenado a prisión perpetua. El mismo al que el pasado miércoles, cuando habían transcurrido unos minutos de iniciado ese día, el jurado popular que lo juzgó lo declaró “culpable” de este femicidio.

Los pedidos de las partes

El viernes pasado, cuando el fiscal Guillermo Vaticano hizo su alegación en la audiencia de cesura de este juicio, el actual titular de la UFI 6 departamental finalizó su alocución solicitando que Luis Ángel Torres sea condenado a “prisión perpetua”.

Tuvo en cuenta para ese pedido formulado al juez Borghi las calificaciones que de los hechos tratados en este debate hiciera el jurado popular que declaró “culpable” al hombre que actualmente está preso en la Unidad 2, una de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense que está ubicada en la localidad olavarriense de Sierra Chica.

El funcionario judicial tandilense representante del Ministerio Público Fiscal en este juicio calificó al crimen cometido por Torres como un “homicidio agravado de una mujer con la cual el encausado mantenía una relación de pareja”, un hecho -además- “cometido por un hombre mediando violencia de género y con alevosía”.

Según el Código Penal, ese homicidio triplemente agravado incluye como única pena posible para quien es considerado autor -tal como en este caso ya el jurado popular dio por probado- la prisión perpetua.

En el debate el jurado había declarado a Torres también culpable del delito de secuestro coactivo, figura penal que el Fiscal sumó a la calificación de los hechos tratados en este proceso para finalizar solicitando esa pena de prisión perpetua para el encausado.

El actual titular de la UFI 6 local valoró también circunstancias atenuantes y agravantes a la pena a imponerle al encausado en esa alegación final que formuló durante la audiencia llevada a cabo en Tribunales anteayer.

Así, a modo de atenuante, tuvo en cuenta para Torres la circunstancia de que no posee antecedentes penales computables. Y como una “única agravante”, según lo expresara, el Fiscal mencionó “la extrema violencia física” que el imputado utilizó cuando asesinó a golpes en el interior del Monte Zabalza a quien había sido su concubina durante varios años.

Al respecto, el médico que estuvo a cargo de la autopsia del cadáver y declaró en este juicio con jurados había señalado que la lesión vital en la mujer había estado localizada sobre su oreja derecha, sector en el que, en su parte superior, había recibido un fortísimo golpe.

Ese golpe -según se presume- fue efectuado con el trozo de una rama, elemento que en el proceso fue definido como “romo y contundente”. Y además de provocarle la muerte a la mujer, le fracturó uno de los huesos del cráneo.

Pero a criterio del Fiscal, la violencia empleada por Torres en el hecho no sólo quedó reflejada en eso que, ante el jurado, el propio Vaticano había definido como “un garrotazo”, sino también en los demás golpes que la víctima de este femicidio sufrió a manos de su agresor.

Esas agresiones le habían provocado lesiones en su rostro, en uno de sus hombros, en brazos y antebrazos, de acuerdo a lo que había reflejado también el informe de la autopsia.

El defensor Oficial Martín Marcelli -que durante el proceso no discutió en ningún momento la autoría de Torres en el crimen pero sí argumentó, sin llegar a convencer al jurado, que el hombre no había podido comprender la criminalidad del hecho a causa de un “trastorno de personalidad” que padecía, una situación que no quedó probada que evidenciara- pidió el viernes pasado que el juez declare “la inconstitucionalidad” de la pena de prisión perpetua. Y que, en subsidio, su defendido sea condenado a “una pena temporal dentro de la escala penal del homicidio simple”.

Ese pedido de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua lo fundamentó, según citó en la audiencia, en fallos recientes de otros casos. E hizo, además, una proyección teniendo en cuenta la edad del encausado, lo que derivaría en que -de ser condenado a perpetua, que para el Código Penal argentino son treinta y cinco años de cárcel- prácticamente continúe privado de la libertad hasta su muerte.

“La pena de prisión perpetua vulnera todos los derechos”, afirmó Marcelli. Y después, al indicar que su defendido tiene 61 años de edad, sostuvo que no existen chances de que algún día recupere la libertad ni que pueda resocializarse, por lo que -a su entender- “aplicar en este caso la pena de prisión perpetua es directamente condenarlo a que muera en la cárcel”.

A modo de réplica, el fiscal Vaticano se opuso al pedido del Defensor Oficial para que sea declarada inconstitucional la pena de prisión perpetua.

Para eso, también citó fallos recientes que avalan la aplicación de la sanción más dura que en la actualidad contempla el Código Penal argentino para quien comete un crimen de connotaciones tan graves como el que fuera materia de este proceso y tuvo como víctima a Nancy Beatriz González.

El dato

 En los juicios con jurados es la Defensa la única parte habilitada para acudir a una instancia superior de revisión de un fallo. En este caso en particular, el abogado Martín Marcelli ya le había adelantado a este diario que tiene previsto recurrir ante Casación el veredicto del jurado popular que había declarado a su defendido “culpable” de este homicidio triplemente agravado. Eso significará que, cuando este martes se conozca la pena que el juez Borghi le impondrá al encausado Torres, ese fallo de primera instancia de lo que fue este juicio no adquirirá en lo inmediato rango de firmeza.

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NI UNA MENOS – MICAELA

Justicia Efectiva por Micaela y por Todas 

El martes 11 de abril  a las 17 hs en la Plaza San Martín de Azul se realizará un corte de calle y pedido de justicia  efectiva por Micaela García, una de las últimas víctimas de femicidio en nuestro país.

El martes 11 de abril  a las 17 hs en la Plaza San Martín de la ciudad de Azul se realizará un corte de calle y pedido de justicia  efectiva  por Micaela García, una de las últimas víctimas de femicidio en nuestro país.

Desde el colectivo El Chancho feminista se plantea  visibilizar la emergencia que atraviesan las mujeres todos los días y exigir justicia efectiva y equitativa para Micaela y todas las víctimas de femicidio en la Argentina.

Se invita a toda la comunidad de Azul a participar con su presencia, palabras, carteles, fotografías o cualquier forma de manifestación pública en contra de los femicidios o simplemente acompañando.

“Salimos a la calle una vez más, pedimos la efectividad de la justicia, pero también afirmar la necesidad de visibilizar la emergencia que atravesamos cada día! No volvemos del trabajo, no llegamos a la escuela, salimos del boliche y no volvemos, queremos parar de contar muertas. Esta es la forma de reunirnos y convocarnos que encontramos para cortar la calle y gritar! Paren de matarnos!”

 #NiUnaMenos #VivasNosQueremos #ElEstadoEsResponsable

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Convocan a una concentración para exigir justicia para las víctimas de abuso sexual

MAÑANA A LA TARDE

Convocan a una concentración para exigir justicia para las víctimas de abuso sexual

Distintas agrupaciones azuleñas, junto a la olavarriense Animate, convocaron a la comunidad a acompañar la concentración que tendrá lugar mañana a las 19,30 en la Plaza San Martín. Estará presente Romina Balaguer, la mujer de 35 años que filmó a su progenitor confesando que abusó de ella durante 18 años. Erica Torena y Noelia Sottile hablaron ayer con este diario y señalaron que “la idea es visibilizar esta situación que sabemos que en Azul pasa mucho” y también “repudiar a los pederastas”.

Erica Torena y Noelia Sottile hablaron ayer de la concentración que mañana se realizará exigiendo justicia por las víctimas de abuso sexual. NICOLÁS MURCIA
Erica Torena y Noelia Sottile hablaron ayer de la concentración que mañana se realizará exigiendo justicia por las víctimas de abuso sexual. NICOLÁS MURCIA

Mañana se realizará en esta ciudad una concentración para exigir justicia por Romina Balaguer y todas las víctimas de abuso sexual. Será en la Plaza San Martín a las 19,30, donde habrá un micrófono abierto para que las víctimas y/o sus familiares den su testimonio y denuncien a los responsables de estos aberrantes delitos.

La concentración es organizada y convocada por las agrupaciones Animate, El Chancho Feminista, Activemos, Mala Junta (Patria Grande Azul) y Mujeres Socialistas del Partido Socialista de Azul.

El caso de Romina Balaguer trascendió a los medios la semana pasada cuando en un video filmado por ella misma en un restaurante de Olavarría, su progenitor Antonio Cisneros confesó haberla violado desde bebé y hasta sus 18 años.

Romina, de 35 años, vive en Barcelona. Volvió a Olavarría con el único objetivo de denunciar a Cisneros. Y así lo hizo. A los pocos días, el hombre fue encontrado en un hotel de esta ciudad, donde la fiscal Susana Alonso lo notificó de la denuncia por abuso sexual que radicó su hija en su contra.

Ahora, junto a Animate -la ONG que en la vecina ciudad asiste a víctimas de abuso sexual y busca visibilizar los casos existentes- distintas organizaciones de Azul realizarán mañana la concentración para pedir justicia y también un llamado de advertencia a la justicia ante la necesidad de cambiar las leyes que protegen a los abusadores.

“Condena social”

Erica Torena -integrante de El Chancho Feminista y Mujeres Socialistas del Partido Socialista de Azul- y Natalia Sottile -de Activemos, agrupación contra el acoso callejero- dialogaron ayer con este diario y explicaron que “la concentración es el jueves a las 19,30 en la Plaza San Martín y surgió a raíz de la denuncia que Romina Balaguer hizo pública cuando filmó a su padre”, reconociendo los abusos.

Asimismo, comentaron que durante la marcha que el viernes pasado se hizo en Olavarría se pusieron en contacto con las integrantes de Animate y con Romina para organizar la concentración de mañana a la que asistirán todas ellas.

Torena y Sottile indicaron que “la idea es visibilizar esta situación que es gravísima y que sabemos que en Azul pasa mucho, porque de hecho hemos tenido casos que han sido públicos”.

Por esto, invitaron a la comunidad a acompañar la movida “para repudiar a los pederastas y decirles que no los queremos en nuestra ciudad. También para que se tome conciencia, porque la mayoría de las veces estos casos de abuso sexual se realizan en entornos familiares, con personas muy allegadas”. Según datos estadísticos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en entre el 75 y el 80 por ciento de los casos el abuso es responsabilidad de padres y padrastros -y también de algunos otros familiares cercanos-, y la mayoría se realizan en el domicilio de la víctima.

En este sentido, sostuvieron que “muchas veces la propia familia actúa como encubridora o se calla para mantener ciertas cuestiones familiares o sociales, que no tienen buenos desenlaces porque hay un porcentaje importante de niños, preadolescentes y adolescentes que terminan incurriendo en intentos de suicidio por estas situaciones de abusos que las familias no quieren reconocer”.

En cuanto a la organización de la concentración, comentaron que “va a haber un micrófono abierto para las víctimas o familiares de víctimas que quieran dar testimonio y para denunciar a los abusadores. En Olavarría esto pasó, hubo un micrófono abierto y las víctimas subían, decían nombre, apellido y el lugar donde trabajaban. Si bien es muy difícil, allá se dio y acá vamos a proponer lo mismo”.

Gente que se animaba y que por ahí ya tiene los casos denunciados y que la justicia muchas veces es muy lenta para estas cuestiones.

Por último, Torena y Sottile remarcaron que “hay que hablar del tema para que la gente pueda animarse y denunciar, sobre todo porque la justicia en este tipo de casos es muy lenta y para que haya, por lo menos, una condena social”.

“LA JUSTICIA DEBE ADVERTIR LA NECESIDAD DE CAMBIAR LAS LEYES QUE PROTEGEN A ESTOS ABUSADORES”

“Este jueves 16 a las 19,30 nos movilizamos junto al grupo de acompañamiento de víctimas de abuso sexual Animate -de la ciudad de Olavarría- para pedir justicia por Romina Balaguer y todas las victimas que sufren o que han sufrido este tipo de ataques aberrantes que afectan la integridad física y psíquica de las personas”, comienza el comunicado difundido por las distintas agrupaciones que organizan la concentración de mañana por la tarde en esta ciudad.

“El caso de Romina, que fue abusada por su padre durante 18 años, ha tomado gran impacto en estas últimas semanas y ha movilizado a muchas personas a cobrar fuerzas para denunciar y poder contar sus experiencias vividas”.

En otro párrafo, señalan que el viernes pasado se realizó una marcha en Olavarría “que no sólo permitió visibilizar esta lucha, sino que también se pudo denunciar públicamente el trabajo de ciertos abogados que aprovechan estas situaciones en busca de un beneficio netamente económico, dejando aún más vulnerables a las víctimas y con sus abusadores en libertad. En esa marcha también se repudió a los encubridores/as de abusadores sexuales que en general pasan a un segundo plano y son tan cómplices como quienes lo ejercen”.

Asimismo, las organizaciones advierten que “sabemos que Cisneros, el abusador de Romina, está en Azul. Es por eso que repudiamos su presencia en nuestra ciudad, así como la de todos los pederastas!!”.

Frente a esta situación, consideran “muy necesario el acompañamiento de toda la sociedad no sólo para que este abusador no camine por nuestras calles sin hacerse cargo de la situación, sino también para que la justicia advierta la necesidad de cambiar las leyes que protegen a estos abusadores”, remarcando luego que algunos de ellos cumplen su condena de prisión 2 o 3 años “y luego conviven entre nosotros como si nada hubiera pasado, siendo que el daño y maltrato que han sufrido las víctimas dejan secuelas irreparables para toda la vida”.

Por último, indican que “convocamos a toda la comunidad azuleña y a todas las organizaciones para que acompañemos a denunciar en esta lucha de paz y justicia para las víctimas”.

La organización y convocatoria parte de las agrupaciones Animate, El Chancho Feminista, Activemos, Mala Junta (Patria Grande Azul) y Mujeres Socialistas del Partido Socialista de Azul.

 

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