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Los azuleños repudiaron el fallo de la Corte del “2×1”

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Marcha del «2×1» en Azul

Alrededor de 500 personas manifestaron ayer en Azul contra el fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable la ley 24.390, del “2x1”. NACHO CORREA

Los azuleños repudiaron el fallo de la Corte del “2×1”

En Plaza San Martín cientos de azuleños se convocaron ayer para repudiar el fallo de la Corte que benefició con el “2×1” a un represor condenado por delitos de lesa humanidad. “Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas”, señala el documento de la APDH que fue leído durante la manifestación. 

AYER POR LA TARDE

Alrededor de 500 personas manifestaron ayer en Azul contra el fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable la ley 24.390, del “2×1”. NACHO CORREA

Una importante convocatoria tuvo ayer la manifestación que en esta ciudad se realizó en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicando el beneficio del “2×1” a un represor condenado por delitos de lesa humanidad. Organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y sindicales, estudiantes y vecinos en general, se concentraron en Plaza San Martín ayer por la tarde con carteles y banderas contra la decisión de la Corte.

Cabe recordar que los jueces Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz -tres de los cinco ministros del máximo tribunal de justicia- votaron a favor de la aplicación de la Ley 24.390 conocida como 2×1 -que estuvo vigente entre 1994 y 2001 y hoy está derogada- reduciendo el cómputo de la prisión a Luis Muiño, un represor condenado por delitos de lesa humanidad.

La decisión generó un amplio rechazo en la comunidad que ayer se expresó con marchas y concentraciones en todo el país. Azul no fue la excepción. Alrededor de 500 personas se manifestaron en la plaza central e hicieron escuchar así su repudio.

“Nunca Más” fue la consigna que más se replicó en las distintas banderas, en los carteles y en la voz de los manifestantes.

Tres escenarios para un repudio

La concentración de ayer tuvo tres escenarios: el veredón municipal, la calle Yrigoyen y la esquina de esa calle y Burgos. Sucedió que cuando habían pasado algunos minutos de las 18, por calle Yrigoyen se acercó ruidosamente hacia la plaza la Agrupación 1º de Octubre. Como siempre lo hacen cada vez que movilizan, los manifestantes -mujeres, niños y hombres encabezados por la tandilense Griselda Altamirano- se encolumnaron detrás de una gran bandera con la consigna “No habrá Ley Antiterrorista, ni Protocolo Antipiquete, ni jueces fascistas que frenen la justicia popular”.

Mientras las distintas agrupaciones, gremios y vecinos ya estaban concentrados por calle Yrigoyen para comenzar la marcha en el sentido del tránsito, la 1º de Octubre llegó hasta la esquina Burgos de esa calle y emprendió su marcha en el sentido contrario -Burgos, San Martín, Colón e Yrigoyen-. Haciendo sonar sus bombos, dieron la vuelta a la plaza y quedaron parados justo enfrente de la columna integrada por muchos estudiantes, papeleros, integrantes de SUTEBA, ATE, Judiciales, Partido Obrero, Ni Una Menos, Mala Junta – Patria Grande, Frente para la Victoria, Juventud Radical, y La Cámpora. También estuvieron presentes concejales, consejeros escolares, referentes barriales y vecinos.

Frente a frente, ni unos ni otros se movían, hasta que la Agrupación 1º de Octubre decidió copar las escalinatas del palacio comunal. Ahí, Altamirano hizo su propio acto con reclamos que se alejaron del espíritu que convocó a la manifestación de ayer: el repudio al fallo de la corte que beneficia a represores.

Mientras la dirigente tandilense hablaba, en la esquina de Yrigoyen y Burgos la APDH Azul empezó su acto acompañado por algunas de las agrupaciones y vecinos. Se dio lectura a un documento de repudio y luego se abrió el micrófono para que se expresaran quienes quisieron hacerlo.

Paralelamente, el resto de los manifestantes -gremios, estudiantes, vecinos y fuerzas políticas- comenzó la marcha alrededor del centro: partieron por Yrigoyen desde frente del municipio, pasaron por Colón, siguieron por San Martín y doblaron en Moreno, para retomar nuevamente Yrigoyen y llegar hasta donde la APDH seguía con su acto. Sólo algunas agrupaciones se quedaron allí escuchando a los oradores, las restantes dieron por terminada la jornada y se desconcentraron inmediatamente.

El documento 

Como organización convocante, la APDH Azul dio lectura a un documento en repudio al fallo de la Corte. En ese marco, dejó claramente sentada la posición de que “los organismos de derechos humanos, la APDH, las organizaciones sociales y políticas, los vecinos y amigos que vinieron porque están indignados y con furia, los dirigentes barriales, las ama de casa, los estudiantes, los docentes e investigadores universitarios, los comerciantes, los cuentapropistas, los herreros, carpinteros, mecánicos, todos los que aquí estamos presentes, manifestamos nuestro enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el ‘2×1’”, por el voto de tres de los jueces de la Corte que permitieron que se declare aplicable la ley 24.390, derogada en 2001.

“Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos”, expresa el documento.

En otro tramo, sostiene que “hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas”, para agregar luego que “es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias dilaciones del Poder Judicial. El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e, incluso, solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena”.

Asimismo, advierte que “el fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores, porque cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la Corte Suprema. De tomar este nuevo criterio de la Corte, los apropiadores podrían tener penas de tres años de prisión, que son de ejecución condicional y, así, un delito que se viene cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho”.

En su último párrafo, señala que “los organismos no claudicaremos en la lucha por la Justicia y advertimos que agotaremos todas las instancias nacionales e internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado. Asimismo, convocamos a todo el pueblo a defender los derechos conquistados, que son la clave para garantizar el Nunca Más en nuestra sociedad”.

CARTELES Y BANDERAS

En la manifestación de ayer por la tarde fueron muchos los carteles y las banderas con distintas leyendas y reclamos. Entre otras, las consignas fueron: “Nunca Más”; “Son 30.000. Fue genocidio”; “Basta de ajuste y represión. Derogación de la Ley Antiterrorista”; “Juicio político a los jueces del 2×1”; “Ni el protocolo antipiquete de Macri, ni la ley antiterrorista de Cristina”; “Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto”; “Macri, basura, vos sos la dictadura. Andate”; y “El Estado es responsable”.

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“Podemos tener la tranquilidad de haber actuado correctamente”

Declaraciones de Carlos Bevacqua

EL TIEMPO | 27 de agosto de 2014 a las 18:04 pm

Portal Chillar |27 de agosto de 2014 |22:43

 

“Podemos tener la tranquilidad de haber actuado correctamente”

 

 

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“Podemos tener la tranquilidad de haber actuado correctamente”

Lo aseguró Carlos Bevacqua -ex concejal integrante de la Comisión Investigadora y ex abogado del Concejo Deliberante en la causa- al hablar con este diario sobre los alcances de la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata. Lo primero que resaltó fue que ese tribunal de alzada dio la razón al legislativo local en sus planteos. También habló del juez Pablo Quaranta, rebatiendo sus declaraciones en la conferencia de prensa que brindó el lunes. Aseguró que tergiversó la interpretación de la sentencia y que lo que debe hacer ahora es acatar el fallo.

EL DATO:

En la sentencia, la Cámara de Mar del Plata estableció que el próximo 9 de septiembre tenga lugar el sorteo para elegir al nuevo juez que entenderá en la causa. Como en Azul el único juez en lo Contencioso Administrativo es justamente Pablo Quaranta, advirtió que debe elegirse un magistrado de otro Departamento Judicial pero que esté bajo la órbita de la competencia de la Cámara. Este juez, intervendrá en el juicio que promueva y formalice el Departamento Ejecutivo, en el que tendrá la oportunidad de analizar con más amplitud de pruebas y más tiempo, toda la documentación.

La sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar  del Plata -que resolvió el recurso interpuesto por el Concejo Deliberante al día siguiente de la sesión del 21 de noviembre de 2013 que se convocó para dar lectura al informe final de la Comisión Investigadora– fue favorable para el legislativo local.

Así lo entendió el abogado y ex concejal integrante de esa comisión, Carlos Bevacqua, quien fue además -junto a Luis Conti- uno de los asesores letrados encargado de redactar el recurso presentando por el Concejo el 22 de noviembre del año pasado.

En una nota realizada ayer con este medio, el abogado se centró en algunos puntos específicos de la resolución del tribunal de alzada conocido en los últimos días y rebatió las declaraciones que el juez que entendía en la causa, Pablo Quaranta hizo el lunes en conferencia de prensa.

Entre otras cuestiones, planteó que el reemplazo de un juez es una decisión excepcional y no habitual, como de alguna manera lo presentó Quaranta; y remarcó que la Cámara le dio la razón al Concejo al hacer lugar al recurso que interpuso el año pasado.

Aseguró así que quienes integraron la Comisión Investigadora pueden sentirse tranquilos de haber actuado como correspondía y advirtió, en ese sentido que “no lo digo de manera caprichosa e interesada, sino que está claramente establecido en la resolución de la Cámara”.

Un recurso aceptado 

“A raíz de las diversas interpretaciones y tergiversaciones del sentido de la sentencia, lo primero que quiero destacar, yendo a los exactos términos de la resolución, es que la Cámara hizo lugar al recurso interpuesto por el Concejo Deliberante”, explicó Bevacqua al hablar con este diario ayer.

Esto significa que el tribunal de alzada admitió los argumentos y los planteos que hizo el Concejo y que se basaron, fundamentalmente, en el apresuramiento del juez al momento de emitir aquel primer fallo por el que se suspendió la sesión, entendiendo que no se había analizado convenientemente la documentación.

“Nosotros estuvimos en total desacuerdo con la motivación que tuvo el juez de primera instancia(Quaranta) para suspender el procedimiento que había llevado adelante el Concejo, porque se hizo con total apego a lo que señala la Ley Orgánica de las Municipalidades”.

Remarcó que de una “objetiva” lectura de la sentencia “no se observa el más mínimo reproche de la Cámara al Concejo. Es más, diría que todo lo contrario, hay abundante documentación, prueba documental, declaraciones testimoniales y pedidos de informes que quedaron plasmados en el Informe Final de la Comisión Investigadora. En base a todo esto, la Cámara le termina dando la razón al Deliberante”.

“Apuró los términos y sacó una resolución poco estudiada”    

Luego se enfocó en el tema que la sentencia menciona repetidamente, como es el de la “prematuridad” en el accionar.

“La Cámara destaca que hubo un apresuramiento del juez de primera instancia (por Quaranta, al que a lo largo de toda la nota no mencionará por su apellido sino por su cargo), que no le dio oportunidad al Concejo de ser escuchado y que hizo un análisis apresurado de la abundante documentación incorporada al expediente”, indicó.

Cuando en la conferencia de prensa del lunes Quaranta habló justamente de este tema, dijo que en la sentencia consta que fue el Concejo Deliberante el que se había apresurado.

Sin embargo, Bevacqua opinó exactamente lo contrario. “Claramente, la sentencia señala que el apresuramiento estuvo en el análisis que hizo el propio juez de primera instancia”, sostuvo.

Sobre este último punto, Quaranta señaló en la rueda de prensa que había tenido “tres horas”para decidir sobre el tema aquel 21 de noviembre del año pasado.

Consultado al respecto, el ex concejal consignó que “en realidad si no fallaba, quedaba totalmente incompetente porque el Concejo seguía su procedimiento y ahí el tema pasaba a ser competencia de la Suprema Corte de Justicia”.

Entendió entonces que el juez “apuró los términos y sacó una resolución poco estudiada. Esto es claramente lo que señala la Cámara”.

El apartamiento y reemplazo del juez   

Asimismo, durante la nota, Bevacqua advirtió que también hubo una “tergiversación en la interpretación de la sentencia” por parte del juez azuleño cuando dijo que “sería  habitual el reemplazo de un juez. En realidad ese cambio es totalmente excepcional. Lo normal es que siga actuando el juez de primera instancia. En este caso esto no ocurrió porque la Cámara entendió que hubo una opinión prematura del juez y, por lo tanto, resolvió reemplazarlo”, fijando además que el 9 de septiembre próximo se celebre una audiencia en la que se sorteará a un nuevo magistrado interviniente.

El tercer punto de la resolución que subrayó Bevacqua, está referido a la decisión de la Cámara que “le ordena al Departamento Ejecutivo que concrete la presentación de la demanda de fondo para cumplir la obligación de establecer puntual y claramente cuáles fueron las circunstancias o los hechos que el Intendente consideró se vieron conculcados sus derechos y violado el principio de derecho de defensa en juicio”.

Sobre esto, el abogado marcó que “como nunca lo presentó, ahora la Cámara le ordena que lo haga en un plazo de 10 días a partir de la designación del nuevo juez”.

A su vez, y en ese contexto, recordó que a los pocos días de la presentación que motivó la cautelar que resolvió Quaranta, el Ejecutivo inició una demanda principal “que fue totalmente oscura, poco clara. El mismo juez de primera instancia le señala al Departamento Ejecutivo que aclare exactamente cuál es el pedido de nulidad o impugnación concreto que quiere hacer”.

Sin embargo, y llamativamente, el Ejecutivo nunca dio curso a ese expediente. Ahora la Cámara en su sentencia le está ordenando que lo concrete para poder avanzar.

“La tranquilidad de haber actuado correctamente”

Consultado por el tiempo que puede demandar este nuevo proceso, el abogado dijo que “no es como empezar de cero, pero sería aventurado pronosticar el tiempo que va a  demandar”, aunque se sabe que no será un corto plazo.

A todo esto, Bevacqua apuntó que “con lo que se ha actuado y resuelto, por lo menos los que integramos y formamos parte de esa tarea de control que llevó a cabo el Concejo Deliberante, podemos tener la tranquilidad de haber actuado correctamente. Y no lo digo de manera caprichosa e interesada, sino que está claramente establecido en la resolución de la Cámara”.

Y para reafirmar esa opinión, recordó por último que “en lo que hace al fondo de la cuestión también cabe decir que otros organismos, como es el propio Poder Judicial en el fuero penal y el Tribunal de Cuentas con distintas actuaciones, analizaron e investigaron algunos temas que fueron los mismos que trató, consideró e investigó la Comisión. Y hasta ahora vienen ratificando el trabajo que hizo la Comisión Investigadora”, concluyó.

“ME LLAMÓ PODEROSAMENTE LA ATENCIÓN QUE DIERA UNA CONFERENCIA DE PRENSA”

“Lamento que la conferencia de prensa dada por el juez, que entiendo tuvo por objetivo aclarar algunas cuestiones, no haya aclarado las mismas. Es más, me atrevo a decir que ninguno de los tres puntos podría formar parte formal de una foja del expediente”, así de contundente fue Carlos Bevacqua al referirse a las declaraciones que Pablo Quaranta realizó el lunes al mediodía en rueda de prensa convocada por él mismo.

Agregó que “el juez, desde mi punto de vista, en varios aspectos y en varios tramos de la conferencia de prensa tergiversa lo que claramente está escrito en la resolución de la Cámara”.

Además, Bevacqua advirtió que “me llamó poderosamente la atención que diera la conferencia. Si bien es lícito, está bien, no está prohibido, no deja de llamar la atención porque no es un trámite habitual ni estamos acostumbrados a eso. Lo acostumbrado es que los jueces hablen a través de sus sentencias y que no interpreten a la Cámara. No tienen por qué hacerlo. Lo que tienen que hacer, en virtud del orden jerárquico, es acatar los fallos”.

 

Enrique Viale presentó la denuncia contra el acuerdo YPF – Chevron

Enrique Viale presentó la denuncia contra el acuerdo YPF – Chevron

INFOBAE, martes 13 de mayo 2014

Portal Chillar, 14 de mayo del 2014 23:57

 

 

Tras el fallo, los abogados que denunciaron el acuerdo con Chevron esperan «consecuencias concretas»

 

 

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En diálogo con InfobaeTV, el experto en ambiente Enrique Viale insistió en que el decreto que permitió la firma constituye un «abuso de autoridad» por parte de la Presidente y advirtió por la contaminación.

La Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó hoy seguir investigando a la presidente Cristina Kirchner por la firma del decreto que selló el acuerdo YPF y Chevron por la explotación de Vaca Muerta. Lo resolvió al anular el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien había considerado que no hubo delito alguno luego de la denuncia que presentaron representantes del partido Nueva Izquierda por la firma del Decreto 929/2013.

El abogado ambientalista Enrique Viale, uno de los impulsores de la demanda, manifestó en InfobaeTV su satisfacción por la decisión. «Hasta ahora no vimos una Justicia activa, sobre todo desde el lado de la Fiscalía», observó.

«Ahora la Justicia debe investigar, se tienen que abrir una serie de pruebas en esto», dijo el letrado. «Esperemos que empiece a tener consecuencias concretas en cuanto a las prerrogativas que obtiene Chevron», agregó, sin asegurar si la decisión podría afectar la vigencia del pacto.

Viale consideró que el decreto fue el que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos en el yacimiento de Neuquén –cuyas reservas se cuentan entre las más grandes del mundo– es ilegal. «Un decreto que viola una ley (en este caso la de hidrocarburos) constituye el delito de abuso de autoridad», señaló el experto.

Además de sostener que va en contra de la Ley de Hidrocarburos, el abogado recordó que la denuncia plantea también el delito de contaminación en grado de tentativa. Es que la técnica que se usará para la extracción del material es el polémico fracking, del que Viale señaló que demanda enormes cantidades de agua y provoca la afectación de recursos hídricos con químicos.

«El fracking es una vuelta de tuerca del extractivismo, que es chuparle los últimos jugos a la tierra», advirtió el experto, y observó que en numerosos países fue prohibido, y en varios ya demostró sus efectos nocivos en el ambiente.

Con todo, Viale apuntó contra el secreto que rodeó al acuerdo al sostener que ni siquiera los legisladores que debieron votarlo lo conocieron en su totalidad. Y mencionó que entre los puntos que tendría existe una supuesta «indemnidad ambiental» para la empresa norteamericana, daños que –a su entender– incluso podría sumir YPF

«Chevron es una empresa prófuga de la Justicia ecuatoriana. Espero que no hagan lo mismo acá. Puede tener un perjuicio que puede durar muchos años», culminó.


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Recurrieron por segunda vez, ahora ante la Suprema Corte, el fallo que condenó a un azuleño por un caso de abuso sexual

EL ENCAUSADO SOLO ESTUVO DETENIDO 25 DIAS

EL TIEMPO | 5 de marzo de 2014 a las 16:33 pm

Recurrieron por segunda vez, ahora ante la Suprema Corte, el fallo que condenó a un azuleño por un caso de abuso sexual

 

El encausado había sido detenido en Chillar el 3 de enero de 2011 pero fue excarcelado semanas más tarde.

 

En noviembre de 2012 un Tribunal azuleño condenó a seis años y diez meses de prisión a un productor agropecuario que fue hallado autor de un caso de abuso sexual que había ocurrido en Chillar. En octubre del año pasado, ese fallo fue ratificado en todos sus términos desde Casación. Pero nuevamente la Defensa del encausado lo recurrió, por lo que ahora es la Suprema Corte la que deberá decidir sobre dicho planteo. El imputado está en libertad. Quien fuera la fiscal del juicio y el Particular Damnificado habían pedido al Tribunal que lo condenó que el hombre cumpliera con una serie de pautas de conducta mientras el fallo no está firme. Pero esa solicitud no fue aceptada por los jueces que habían intervenido en aquel debate.

 

Un fallo de un Tribunal azuleño que data del mes de noviembre del año 2012 y se relaciona con un caso de abuso sexual todavía no está firme, informaron ayer fuentes judiciales.

Después de que el año pasado el Tribunal de Casación ratificara en segunda instancia la pena de seis años y diez meses de prisión para un productor agropecuario azuleño implicado en el caso, la resolución nuevamente volvió a ser apelada por la Defensa del imputado ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Mientras tanto, el hombre que fuera condenado en un juicio que se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Azul continúa en libertad.

Sólo estuvo detenido 25 días, medida cautelar que se hiciera efectiva en el marco de la instrucción del sumario penal pero que dejara sin efecto, mucho antes a que se realizara el juicio, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca.

En octubre de 2013 la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires -integrada para intervenir en esta causa por los jueces Martín Ordoqui y Jorge Celesia- había ratificado en todos sus términos el fallo del TOC 1.

Lo hizo al rechazar sendos recursos presentados por los defensores particulares del acusado y por el abogado que patrocinó a los familiares de la joven que figura como víctima en esta causa penal.

De esa manera, en segunda instancia el encausado -identificado por voceros judiciales como Oscar Alfredo Harriague– volvió a ser condenado a los ya señalados seis años y diez meses de prisión como autor penalmente responsable del delito continuado de abuso sexual con acceso carnal.

El debate

En el juicio sustanciado en el Tribunal 1 habían intervenido los jueces Gustavo Borghi, Gustavo Abudarham y Carlos Pagliere (h).

Por unanimidad a todas las cuestiones planteadas, los magistrados habían condenado a Harriague -que tiene 62 años de edad- en noviembre del año 2012 como autor del abuso sexual que sufriera una menor que es sobrina de quien fuera pareja del encausado.

La víctima, según quedara acreditado en aquel debate, padece lo que especialistas habían definido como “una discapacidad con retardo mental moderado”, situación que hace que su edad madurativa sea como la de una nena de cinco o seis años.

Los hechos por los que Harriague fue condenado ocurrieron entre septiembre del año 2009 y julio de 2010 y tuvieron como escenario la vecina localidad de Chillar.

En aquel lapso de tiempo, en el fallo donde el primero en votar a las cuestiones que se plantearan fue el juez Borghi quedó demostrado que el hombre abusó sexualmente, tanto en su casa como en una camioneta que poseía, de la víctima: una joven que actualmente tiene 19 años de edad.

La circunstancia de que la chica presente un retardo madurativo por la discapacidad mental que posee fue considerada por los jueces azuleños como una situación de la que el productor agropecuario se valió para llevar a cabo su cometido.

De todas maneras, la chica declaró a través de la Cámara Gesell. Y su testimonio sobre la situación que la convirtiera en víctima de este caso de abuso sexual fue considerado creíble por los jueces que condenaron al encausado en primera instancia.

Pedidos que no prosperaron

Fiscal en este juicio había sido la Dra. Neli Rosas, quien desde la UFI 1 que está a su cargo había también intervenido en lo que fuera la sustanciación del sumario penal por el caso.

En tanto, el Dr. Gabriel Di Giulio se desempeñó en ese debate como Particular Damnificado; mientras que los abogados tandilenses Jorge Dames y Cristian Salvi patrocinaron al hombre que resultara condenado en primera instancia en aquel proceso, una decisión que Casación ratificó pero que aún no está firme porque ha sido recurrida ahora por la Defensa ante la Suprema Corte.

Tanto la representante del Ministerio Público Fiscal como el Particular Damnificado habían pedido en sus respectivos alegatos penas de prisión superiores a las que finalmente le impusieran en aquel juicio en el Tribunal 1 al encausado.

Harriague llegó acusado a ese debate del delito “abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante”.

Pero un cambio de calificación de la causa dispuesta por los jueces que intervinieron en el proceso fue lo que finalmente se tradujo en la imposición de esos ya señalados seis años y diez meses de prisión, una pena que todavía no está confirmada.

Además de recurrir el fallo ante Casación, el penalista azuleño perteneciente al estudio “Tancredi & Asociados” había formulado tiempo después una petición que fue acompañada desde el Ministerio Público Fiscal.

La misma, presentada ante el Tribunal 1, se relacionaba con que le fueran impuestas una serie de pautas de conducta al encausado, entre las cuales se mencionaba que le prohibieran salir del país sin autorización, como así también que no mantuviera contacto alguno con la joven que figura como víctima en la causa penal y que tuviera una residencia fija.

Pero desde el Tribunal 1 no dieron lugar a esos pedidos, después de que también rechazaran que Harriague fuera detenido de resultar condenado, como finalmente ocurrió, en el debate que tuvo como escenario la sala ubicada en el primer piso del Palacio de Justicia local.

Meses después a que el caso fuera denunciado en sede judicial, Oscar Alfredo Harriague fue detenido en Chillar el 3 de enero de 2011.

Luego de que en primera instancia la misma jueza de Garantías que dispuso su detención -la ya jubilada del Poder Judicial Dra. Dora Fernandes Seixo de Goitía- no diera lugar a un pedido para que fuera excarcelado, esa medida cautelar fue recurrida por la Defensa del encausado ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca.

Fueron dos de los jueces de la Cámara de aquella ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires quienes le revocaron la detención, al considerar en aquel entonces que no existían “elementos suficientes o indicios vehementes” sobre la comisión del delito por el que Harriague ya ha sido condenado en dos instancias.

De esa manera, el productor agropecuario chillarense sólo estuvo preso veinticinco días, ya que recuperó su libertad el 28 de enero de 2011.

En esa condición llegó al proceso donde fuera juzgado en el TOC 1 y actualmente continúa así, teniendo en cuenta que aquel fallo que lo condenó a seis años y diez meses de prisión todavía no ha adquirido rango de firmeza, más allá del “doble conforme” con el que ya cuenta.

El dato

Oscar Alfredo Harriague declaró en dos oportunidades. Lo hizo tanto en la indagatoria como después en el debate. En ambas ocasiones el hombre negó los cargos por los que ya ha sido condenado en dos instancias judiciales diferentes.



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