La Cámara de Mar del Plata le otorgó al Concejo Deliberante 20 días de prórroga

20 días de plazo al Concejo Deliberante para que se pronuncie…

EL TIEMPO | 1 de abril de 2014 a las 15:00 pm

 

DECISIÓN

La Cámara de Mar del Plata le otorgó al Concejo Deliberante 20 días de prórroga

 

Dentro de ese lapso, el cuerpo legislativo local deberá sesionar para resolver si ratifica o no el pedido de revocatoria de la decisión del juez Pablo Quaranta, que dio lugar en noviembre del año pasado a una medida cautelar del intendente Inza que suspendió el procedimiento administrativo seguido por la Comisión Investigadora. El tema se iba a tratar en febrero de este año, pero los concejales del FpV, FpV NK, FR, PSF y CET no dieron quórum y la sesión se suspendió. Ahora, la Presidencia del cuerpo deberá llamar a una nueva sesión especial. Asimismo, la Cámara aceptó que el Concejo tenga el patrocinio legal del edil Ulises Urquiza.

 

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La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata prorrogó por 20 días el plazo para que el Concejo Deliberante de esta ciudad se pronuncie respecto al pedido que le hizo en febrero pasado, que no es otra cosa que ratificar o no el pedido de revocatoria a la decisión del juez Pablo Gabriel Quaranta.

Cabe recordar que ese magistrado dio lugar en noviembre del año pasado a la medida cautelar que presentó el intendente José Inza y frenó así la sesión en la que se iba a determinar la gravedad de los nueve cargos que la Comisión Investigadora atribuyó al jefe comunal. De esa sesión saldría también una posible suspensión al mandatario municipal, como paso previo a una potencial destitución.

La prórroga -a la que la Cámara dio lugar hace pocos días- fue solicitada por la Presidencia del Concejo luego de que no pudiese desarrollarse la sesión del 25 de febrero pasado, la que había sido convocada justamente para tratar ese primer pronunciamiento de la Cámara.

La razón por la que no se hizo esa sesión fue la falta de quórum. Los concejales del Frente para la Victoria, Frente para la Victoria Néstor Kirchner, Frente Renovador, Peronistas sin Fronteras, y Cultura, Educación y Trabajo no se hicieron presentes y trabaron el tratamiento.

Ahora el presidente del Concejo, una vez que sea notificado, deberá llamar a una nueva sesión especial.

Otro dato que se desprende del proveído firmado por el presidente de la Cámara, el juez Elio Horacio Riccitelli, es la aceptación del nuevo abogado, el concejal Ulises Urquiza, que reemplaza a Luis Conti y Carlos Bevacqua.

Idas y vueltas

Haciendo un poco de historia, todo esto comenzó el 21 de noviembre del año pasado. Ese día, en sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante iba a poner en tratamiento el Informe Final elaborado por la Comisión Investigadora para determinar la gravedad de los nueve cargos contra el intendente José Inza (Ver “Los nueve cargos”) y decidir si lo suspendían, como paso previo al pedido de destitución realizado por los cinco integrantes de la mencionada Comisión (Maya Vena, Andrea Marina, Carlos Bevacqua, Cristina Croharé y Ramiro Ortiz).

Pero la sesión no se pudo llevar adelante porque en las primeras horas de esa mañana el Intendente interpuso una medida cautelar de no innovar para suspender el procedimiento administrativo seguido a partir del trabajo de la Comisión Investigadora.

Entre otras cuestiones, el jefe comunal argumentó en ese momento que no tuvo el derecho a defensa que debería haber tenido, ya que no se le permitió producir la prueba necesaria.

Minutos antes de la hora prevista para el inicio de esa sesión del 21 de noviembre de 2013, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Pablo Quaranta, dio lugar a esa medida cautelar y así se trabó el desarrollo de la sesión tal cual estaba previsto.

El Concejo Deliberante actuó y al día siguiente pidió se declare la incompetencia del Juzgado en cuestión y que se deje sin efecto esa medida cautelar de Quaranta.

Las actuaciones fueron giradas luego a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata. El 4 de febrero pasado, sus integrantes solicitaron al Concejo Deliberante de Azul que ratifique si sostiene la apelación.

Básicamente, hacen esa solicitud en virtud del cambio en la composición del cuerpo. Lo que dicen esos jueces es que habiendo sido la anterior conformación la que impulsó el recurso contra la medida cautelar de Inza, ahora deben los nuevos concejales ratificar o no lo actuado hasta ese momento.

Este pedido fue entendido desde diferentes sectores de la comunidad como un intento de diluir el tema y perder tiempo. Es que, siguiendo el criterio de la Cámara, apuntaron que cada vez que hay un cambio en la conformación del Concejo, los nuevos ediles deberían rever lo históricamente actuado por quienes los precedieron, situación que no resiste el menor análisis.

Y en el medio de esta idas y vueltas están los nueve cargos contra el intendente José Inza que analizó la Comisión Investigadora luego del trabajo que llevó adelante el año pasado por más de tres meses.

LOS NUEVE PUNTOS DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA

– Renuencia y demora del DE en el envío de documentación requerida por el Concejo Deliberante. Este punto surgió porque en el transcurso de 2012 el DE no envió en tiempo y forma las resoluciones y decretos, pese a los constantes pedidos del cuerpo.

– El modo de registrar los actos administrativos dictados por el DE durante 2012 y 2013. Los concejales advirtieron un sinnúmero de irregularidades, como la anulación de folios del Registro de Decretos de puño y letra por autor desconocido, anulación de Decretos sin numerar, falta de correlatividad, falta de motivación y falta de referencia a los fundamentos.

– Modo, criterio, justificación y acreditación para la liquidación y el abono de “Horas Extras” a agentes municipales durante 2012 y 2013. Los ediles vieron una significativa cantidad de irregularidades relacionadas a este tema, lo que luego determinaron se trató de un “incorrecto, indebido e ilegal detraimiento de fondos públicos municipales”.

– Sobresueldos. Dictado de diez decretos entre los años 2011, 2012 y 2013. El Intendente firmó Decretos determinando que algunos funcionarios de su planta política (Mauro Grandicelli, Emanuel Barrionuevo, Daniel Puga, Laura Kolman -en dos oportunidades-, Diego Evangelista, Lucio Egyptien, Marcelo Carrizo, Olga Pomphile y Sebastián Cañibano), cobrasen sueldos superiores a los aprobados por el Concejo.

– Sumario Administrativo por la tercerización del cobro de tasas a favor de la empresa TIP S.A. Debía realizarse para deslindar responsabilidades de funcionarios. Lo último que se informó fue que se investigaba lo actuado por Néstor Requelme, Emanuel Barrionuevo, Lucio Egyptien, Claudio Santillán, Belén Duba y Gustavo Fittipaldi. Pero el 30 de junio de 2013 el Intendente, a partir de un dictamen elaborado por Mauro Grandicelli, dictó un Decreto por medio del cual dispuso suspender las actuaciones.

– Lo actuado, decidido y ejecutado por el DE en la redeterminación de valores de servicios de recolección y barrido de Transporte Malvinas. El Ejecutivo emitió en mayo un decreto actualizando los valores y el 19 de junio liberó la orden de pago sin la convalidación del Concejo. Además, se advirtió que habría superposición y/o duplicación de pagos efectuados y nuevos servicios sin la debida licitación previa.

– Lo actuado, decidido y ejecutado por el DE en la licitación de obra de la red cloacal en Villa Piazza Norte – Korvial S.R.L. En este punto se advirtieron irregularidades como la anulación de la primera licitación; la adjudicación de la segunda a una única oferta sin la elevación al Concejo para su aprobación; la liberación por parte del Intendente del anticipo financiero. Además, en el Plan de Seguridad presentado por la empresa, no constaba el cumplimiento de inspecciones municipales. A su vez, dentro del personal afectado a la obra no figuran ni Alfredo Carrizo ni Héctor Chanquía, los dos obreros fallecidos en el accidente ocurrido el 8 de agosto de 2013 mientras trabajaban en esa obra.

– Sumario Administrativo por la denuncia formulado por las periodistas María Angélica Gómez y Patricia Toscani. El Concejo le encomendó al Intendente que designe un instructor para iniciar un sumario por este tema, ya que las empleadas se consideraron víctimas de violencia laboral por parte de sus superiores, pero advirtieron que no se llevó adelante.

– Indebida entrega de la base de datos municipal a representantes de la firma TIP S.A. y falta de acciones y/o medidas para recuperarla. Este cargo fue el que se agregó. La entrega de la base de datos significa que la empresa cuenta con todos los datos de los contribuyentes del Partido de Azul, cuando estos deberían ser confidenciales.

Diario El Tiempo

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