Pautas y criterios para la imposición de nombres en espacios y bienes públicos provinciales
El Diputado Castello presentó un proyecto de ley para denominar bienes públicos provinciales
El diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley que establece las pautas y criterios para la imposición de nombres en espacios y bienes públicos provinciales, tales como monumentos, áreas y sitios históricos, rutas, autopistas, espacios verdes, barrios, complejos urbanísticos, puentes, establecimientos educativos, hospitales y estaciones ferroviarias, entre otros.
En la exposición del proyecto, presentado en conferencia de prensa frente al Parque Municipal de Deportes “Néstor Kirchner” de Coronel Vidal, el diputado marplatense señaló que “para la imposición de nombres a los espacios y bienes públicos provinciales se deberá tener en cuenta la preservación de la identidad de la Provincia de Buenos Aires, la tutela de la memoria colectiva del pueblo de la provincia, la presencia de valores ligados con la libertad, la República, el humanismo, la fraternidad, la ética, la democracia y los méritos y servicios prestados a la comunidad bonaerense”.
El proyecto estipula que para la imposición de nombres de personas y hechos deberá transcurrir un plazo prudencial, que es de diez años desde el fallecimiento o desaparición de la persona y de quince años de transcurrido el acontecimiento histórico. Respecto de estas restricciones, Castello aclaró: “el paso del tiempo aplaca las pasiones y brinda una desapasionada perspectiva que permite evaluar la real dimensión del hecho histórico o el obrar de la persona cuyo nombre ha sido propuesto para imponer al bien público provincial”.
Finalizó el legislador: “En los últimos años hemos asistido a un torneo de obsecuencia por parte de los funcionarios públicos para ponerle Néstor Kirchner a gran cantidad de bienes públicos: 175 en la nación y 60 en la provincia. El objetivo del proyecto es desterrar de nuestra vida institucional la práctica antidemocrática del culto a la personalidad y la confusión entre Estado, partido y líder, y se fundamenta en el principio republicano según el cual los bienes públicos son de todos, no del funcionario o del partido gobernante, y por lo tanto su denominación no puede ser impuesta arbitrariamente por una mayoría política circunstancial”.