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“El cuadro tarifario es irracional y desproporcionado” 

“El cuadro tarifario es irracional y desproporcionado”

SIGUEN LOS AUMENTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Ayer, en una nota con este diario, el titular de la delegación local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Emanuel Barrionuevo, habló del impacto de los tarifazos y los reclamos que generan en Azul. También se refirió a la preocupación por el aumento de las presentaciones de usuarios ante incumplimientos de las obras sociales.

Emanuel Barrionuevo es el titular de la delegación local de la Defensoría del Pueblo. NACHO CORREA

EL DATO:

La delegación local de la Defensoría del Pueblo está ubicada en Necochea 669 de esta ciudad. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 14.

Febrero empezó con nuevos aumentos que alcanzan a los servicios de luz, gas envasado, transporte público, naftas y también prepagas. Pero los tarifazos no quedarán ahí. Para abril también el gas natural estará subiendo.

El titular de la delegación local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Emanuel Barrionuevo, dialogó ayer con este diario sobre los reclamos que en Azul recibe ese organismo ante esta nueva ola de incrementos.

Hizo referencia también a otras presentaciones que llegan a la oficina y mostró su preocupación porque las quejas contra las obras sociales se duplicaron.

Tarifas de servicios públicos 

En un principio, al ser consultado por los reclamos presentados durante el año pasado y en lo que va de 2019 en la delegación local de Defensoría, Barrionuevo explicó que “en Azul siempre hubo muchas presentaciones por el tema de las tarifas” e inmediatamente añadió que “es un tema difícil. El usuario concurre de manera permanente, sobre todo por el gas o la luz, pero el punto es que pese a todo lo que hemos hecho, no logramos nada salvo alguna situación particular de gestión de la Defensoría”.

Sobre esto explicó que desde el primer día el organismo participó en todas las audiencias públicas oponiéndose a los cuadros tarifarios; recurrieron a la justicia, donde presentaron 500 amparos individuales por el gas. También que lograron frenar el aumento de luz pero después la Cámara lo convalidó y dejó sin efecto la medida cautelar que habían logrado. Asimismo, se presentaron para modificar los requisitos de la tarifa de interés social; en octubre pasado volvió a oponerse al aumento de gas; pero “en definitiva, no hemos obtenido resultados. Los amparos presentados en la justicia están sin resolverse”.

En ese contexto, remarcó que ante esa situación “el usuario a veces deja de reclamar. Pongo un ejemplo: por las obras sociales debemos tener el doble de reclamos que los que teníamos en materia de prestaciones médicas y demás. En este tema, tenemos un alto porcentaje de resolución de los reclamos que presentamos. Si no pasara eso, inevitablemente, la gente dejaría de ir, y no porque no le importe”.

Apuntó que eso no significa que hayan dejado de concurrir a la Defensoría, sino que no lo hacen en la proporción que podría suponerse ante la magnitud de los aumentos.

Sobre esto, también marcó que el trato de las empresas prestatarias en Azul con los usuarios tiene cierta flexibilidad, por lo que muchas veces los reclamos pasan directamente por allí.

“Muchas veces la gente no puede pagar y se acerca para que consigamos que pueda pagar en 3, 4 o 6 cuotas. Las mismas empresas prestadoras de servicios -Camuzzi y CEAL-, más allá de que el cuadro tarifario sea irracional y desproporcionado, están tratando en lo posible de darle a la gente algún plazo para que pague y eso nos libera mucho de algunos reclamos”, explicó.

Una audiencia por los servicios    

Los servicios públicos, específicamente luz y gas, son siempre el objeto de la mayor cantidad de presentaciones que se hacen en Azul “porque claramente violan el principio de razonabilidad que establece la Constitución. Es en función de eso que siempre solicitamos que paren los aumentos”.

Asimismo, añadió que “nosotros le decimos a la gente que siga yendo a reclamar, por los servicios y por lo que sea. Tienen que saber que hay un organismo dentro de la ciudad que se encarga de sus derechos”.

Cabe señalar que el próximo 26 de febrero, se realizará una audiencia pública por gas, agua, electricidad y transporte. Será en el Teatro Astros -Corrientes 750, de Capital Federal-, a la que pueden concurrir todos los interesados. A su vez, quien quiera participar para ser vocero, se puede inscribir directamente.

Otros reclamos  

No obstante, Barrionuevo señaló que a la Defensoría llegan todo tipo de reclamos. El de las obras sociales que mencionó sigue inmediatamente después de las tarifas. “Es un tema que nos preocupa mucho porque se duplicaron las presentaciones”, dijo.

También por multas que provienen desde distintos puntos de la provincia.

“Tenemos demandas de tipo social, como por ejemplo gente que necesita alguna ayuda social, un pasaje, escolarización y muchas otras situaciones como pensiones, jubilaciones, mascotas”, comentó.

En materia de transporte público urbano, han recibido quejas sobre todo ante el corte de algún recorrido del colectivo. Y en lo que hace al de larga distancia, los reclamos se centran por el estado de las unidades y la mala prestación del servicio.

Mencionó además un tema muy específico como fue la eliminación del Fondo Sojero. Cabe recordar que a mediados de agosto del año pasado el gobierno nacional anunció la eliminación del Fondo Federal Solidario -conocido como Fondo Sojero-, en el marco de una batería de medidas de ajuste que repercutió directamente en las provincias y los municipios.

En este tema también intervino la Defensoría. “Hicimos una presentación acompañando a los intendentes, pidiendo que se deje sin efecto”, pero la eliminación fue un hecho y los municipios dejaron de percibirlo en septiembre.

Por último, subrayó que “siempre que un organismo del Estado o una empresa prestataria de servicios públicos vulnere un derecho, la Defensoría interviene”.

UN AMPARO COLECTIVO POR EL TARIFAZO DE LUZ

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires -cuyo titular es Guido Lorenzino- acompañó ayer el amparo que presentaron contra las resoluciones de la Secretaría de Gobierno de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad doce intendentes del peronismo bonaerense y el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad -CEPIS-. La presentación recibió además la adhesión de legisladores nacionales y provinciales, de la Asociación Civil DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores) y de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC).

Se trata de un amparo colectivo de alcance nacional para que se frene el último aumento de la luz, el que por sorteo recayó en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata, a cargo del juez federal Alberto Recondo.

Lo que hace es impugnar los nuevos cuadros tarifarios oficializados por la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, y pide que los jueces “frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable”.

Puntualmente, la exigencia plantea que la secretaría de Energía y el ENRE “se abstengan de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad el nuevo cuadro tarifario aprobado por dichas normas, con inicio el 1º de febrero de 2019, hasta tanto se dicte sentencia de fondo”.