La Justicia apunta contra la gestión de Inza por contaminación y afectación de la salud pública

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ECO AZUL: UN BASURAL A CIELO ABIERTO

La Justicia apunta contra la gestión de Inza por contaminación y afectación de la salud pública

De acuerdo con la investigación llevada adelante desde una fiscalía local por el estado del predio EcoAzul durante la administración de José Inza, el suelo tiene una elevada concentración de arsénico. Y el agua, amonio y nitrato. Esto, de acuerdo al dictamen emitido, lleva a una “ostensible afectación a la salud pública” de la que son presuntamente responsables el ex Intendente y su entonces secretario de Obras y Servicios Públicos Héctor Bolpe. “Incumplimiento de los deberes de funcionario público” es uno de los delitos en los que se habría incurrido. Hoy la causa está paralizada por una cuestión de competencia que aún no ha sido resuelta por la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía General de esta ciudad inició, en noviembre de 2015, una investigación por el estado del basural.

La investigación que una fiscalía de esta ciudad llevó adelante por presuntas irregularidades respecto a la disposición final de los residuos que en EcoAzul hizo la gestión de José Manuel Inza, arrojó resultados concluyentes.

Y como prueba de esto, basta leer sólo un párrafo del dictamen fiscal: “El manifiesto y flagrante incumplimiento de los deberes que como funcionario público les competía a las autoridades municipales, concluyó en una ostensible afectación a la salud pública mediante contaminación del suelo y agua en el predio donde funciona el basural a cielo abierto en el que se convirtió EcoAzul.

Al mismo tiempo, la investigación no ha podido avanzar hacia alguna eventual imputación a funcionarios públicos debido a que todavía está pendiente de resolución una cuestión de competencia que deberá definir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Más allá de las competencias, lo determinante son los resultados de las pericias realizadas en el basural y las presuntas responsabilidades que a título penal podrían caberles a quienes, al momento de realizada la investigación, estaban a cargo de la administración comunal.

Agua y suelo contaminados    —

La investigación se inició en noviembre de 2015, luego de que este diario publicara una nota al entonces secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul, Rubén Rodríguez, quien habló de la caótica y preocupante situación generada con la disposición de la basura en EcoAzul. Esa publicación fue el punto de partida para que desde la Fiscalía General Departamental se decidiera comenzar una investigación de oficio que llevó adelante la titular de la UFI 2, Laura Margaretic, para determinar si existieron irregularidades vinculadas con delitos que habrían sido cometidos por la gestión municipal que encabezaba el entonces intendente José Manuel Inza.

Si bien la investigación apuntaba tanto a EcoAzul como a los otros predios donde, en medio de un conflicto que el Ejecutivo mantenía en esos días con sus empleados, los residuos fueron arrojados en un predio de la Escuela Agraria y en inmediaciones del Monte Frutal, en la zona de Villa Giammátolo cercana al viejo aeródromo, las pericias que constan en la causa se hicieron estrictamente en EcoAzul.

Así, en el dictamen fiscal consta que peritos químicos de la Asesoría Pericial realizaron estudios en muestras de agua y suelo tomadas en el predio del basural y determinaron que “las muestrasde suelo no cumplen con la normativa…para Niveles Guía de Calidad de Suelos debido a la elevada concentración de arsénico en el mismo, como así también las aguas subterráneas de origen freático”.

En una ampliación de la pericia, el experto designado puntualizó que “en las muestras analizadas del suelo, el parámetro alterado resulta ser el arsénico, mientras que en relación a las aguas subterráneas los parámetros alterados son los iones amonio y nitrato.

Asimismo, el experto puntualizó que la presencia de elevados niveles de arsénico en el suelo “puede deberse a los lixiviados producidos por interacción de las precipitaciones y la basura en el tiempo”, mientras que la presencia de elevados niveles de nitritos y amoníaco en las aguas freáticas estudiadas “indican un ambiente reductor, posiblemente debido a la alta actividad microbiana; todo lo cual es favorecido en un predio donde los residuos domiciliarios no tenían, en el momento de la inspección, un ordenamiento ambiental adecuado”, en celdas impermeabilizadas para evitar que los líquidos lixiviados -los que desprende la basura y que son altamente contaminantes- se filtren en la tierra.

En este marco, los peritos especializados dejaron constancia que la contaminación del suelo y del manto freático se traduce en riesgo de afectación al ecosistema, recursos naturales y, por vía indirecta, a la salud humana a través de varios caminos, tales como enfermedades respiratorias debido a la quema incontrolada de basura; enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades transmitidas por agua a causa de la afectación de las capas freáticas”.

También se peritó el estado general del predio donde funciona EcoAzul. Cuando los peritos llegaron al lugar, comprobaron que no había un sistema de venteo de gases, tampoco un sistema de recolección ni de tratamiento de lixiviados y que los residuos de diferente naturaleza –neumáticos, bolsas, botellas, aserrín, alambres, escombros, basura domiciliaria, etc, etc- presentaban “una disposición azarosa en el predio”, es decir que estaban esparcidos en cualquier lugar.

“Omitieron cumplir con los deberes”   —

A lo largo de la investigación se intentó reconstruir, además, por qué se llegó al estado en el que, aún hoy, se encuentra el basural.

En ese sentido, tanto los peritos como otros actores -personal policial de la Dirección Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Siniestral; como del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible- en diferentes intervenciones informaron “todas las irregularidades detectadas” y también hicieron “recomendaciones a las autoridades locales”, según consta en las actuaciones llevadas adelante desde la UFI 2.

En ese marco, el fiscal Marcelo Fernández -a cargo interinamente de esa fiscalía en ausencia de Margaretic, quien estuvo al frente de la investigación- advirtió que las graves irregularidades detectadas -causa directa del daño ambiental- fueron consecuencia directa del incumplimiento flagrante de los deberes a su cargo por parte de las autoridades municipales responsables del área”.

Y en ese punto, en el resultado de la investigación se dejó de manifiesto que en esta situación “se encuentra comprometido el accionar de diversos actores, con distintas jerarquías, que comprometen desde el Intendente Municipal hasta el responsable político de la cartera de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos (en ese entonces era Héctor Bolpe), e incluso del técnico designado en el área ambiental” (Agustín Ducca Pantaleón).

En la causa consta que todos ellos “conocían positivamente la situación denunciada y, pese a los pedidos e intimaciones cursadas desde distintos sectores, omitieron cumplir con los deberespara revertir el estado de cosas, provocando así el pasivo ambiental reprochado.

Asimismo, marcaron que pese a los reiterados pedidos e intimaciones verbales y escritas que recibieron las autoridades municipales por el estado del predio y también por las condiciones inhumanas en que realizaban sus tareas los trabajadores, “se hizo oídos sordos, no logrando una respuesta satisfactoria a los reclamos cursados, perpetuándose la situación denunciada a lo largo de toda la gestión municipal que encabezó el intendente Inza.

Posibles delitos     –

Es en ese marco que el fiscal Fernández, apuntó que toda la impericia funcional relevada a lo largo de esta investigación es lo que explica el estado de abandono y emergencia constatada en el predio EcoAzul, y es la causa directa del pasivo ambiental del que dieron cuenta los peritos químicos de la Asesoría Pericial en sus respectivas intervenciones, haciendo incurrir a los responsables del área en los tipos penales previstos en la ley 24051”, que en su articulado establece que será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años y multa dineraria el que por imprudencia, negligencia o impericia, en el manejo los residuos envenenase, adulterase o contaminase de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

En este contexto, el funcionario judicial marcó que los residuos urbanos en Azul tuvieron un tratamiento groseramente inadecuado lo provocó el daño ambiental relevado.

Así, sostuvo que de la investigación “surge la posible comisión por parte de funcionarios municipales de los delitos penales contenidos en la ley 24051”, arriba mencionada, además de otros delitos vinculados al principal “tales como la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para más detalles, Fernández puntualizó que “si bien la investigación se inició ante la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los funcionarios municipales responsables del área; el devenir de la misma determinó no sólo la eventual responsabilidad penal de los denunciados… sino que también habrían incurrido en uno o algunos de los tipos penales contenidos en la ley 24.051, toda vez que el manifiesto y flagrante incumplimiento de los deberes que como funcionario público les competía sobre la materia, concluyó en una ostensible afectación a la “salud pública” mediante contaminación del suelo y agua”.

Cuestión de competencia    —

En octubre del año pasado, la causa se elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que allí se resuelva el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado de Garantías N° 2 y el Juzgado Federal de esta ciudad, ya que desde ambos se declararon incompetentes para continuar con el expediente.

Como se dijo, la Corte aún no ha resuelto a quién le corresponde intervenir en el problema que tiene Azul con la basura y el basural. Mientras tanto, la caótica situación en la ciudad respecto al manejo de los residuos, a su disposición y a su falta de tratamiento sigue tan latente como tiempo atrás.

Si bien en los primeros días de enero de este año se anunció que la Municipalidad de Azul y el OPDS sanearán EcoAzul, y hace pocos días el intendente Hernán Bertellys en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante aseguró que en este trimestre saldrá una licitación estimada en 35 millones para la remediación y cierre del basural actual; lo cierto es que esta gestión sigue manejando el basural como lo hacía la gestión Inza. Es que los residuos continúan tirándose en cualquier lugar del predio, sin ningún tipo protección ni control, mientras las montañas de basura crecen de manera exponencial a cielo abierto.

Esa es la situación de Azul, mientras la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos desde hace siete meses el expediente con la grave problemática de Azul…

“LOS RESPONSABLES ERAN CONSCIENTES DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL”

En un tramo del dictamen fiscal, se hace referencia a los antecedentes que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable remitió sobre EcoAzul.

En este sentido, apunta que “ya en el año 2012, la autoridad de aplicación había constatado las irregularidades detectadas en el predio de EcoAzul, habiendo sugerido a las autoridades responsables un plan de adecuación del mismo, el cual no se cumplió”.

Pero hay más. Se menciona también que el 29 de julio de 2013, Héctor Bolpe -secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos- le solicitó a Inza considere “…la declaración de emergencia de la planta de disposición final de residuos EcoAzul…”.

Así se inició un expediente interno que pasó a la Subsecretaría de Legal y Técnica, desde donde se dispuso la incorporación de informes técnicos y la intervención de la Dirección de Medio Ambiente y del OPDS.

Todo eso “desembocó en sucesivos pases a las distintas áreas… paralizándose el expediente sin adoptarse medida alguna”.

Para la fiscalía esto “confirma que positivamente los responsables estaban al tanto y conscientes de la emergencia ambiental que imperaba en el lugar y de la necesidad de adoptar de manera urgente medidas efectivas para revertir la situación”.

Agrega que “sin embargo, la impericia constatada a lo largo de toda la investigación por parte de los responsables del área, que redundó en el fracaso total de las escasas medidas paliativas que sobre el particular se adoptaron en la gestión del Intendente Inza, permite concluir que cuanto menos los funcionarios competentes del área asumieron como posibles las consecuencias dañosas de su accionar”.

Además, como ejemplo de la impericia hace referencia al “ineficaz uso de los fondos que fueron girados al Municipio por autoridades nacionales … y en virtud del cual se recibió en las arcas locales la suma de 4.922.132 pesos que tenían por objetivo primordial lograr una gestión ambiental sustentable”.

De la investigación surge que “el objetivo no se cumplió” y que “si bien los fondos fueron recibidos en tiempo y forma, la realidad del predio Ecoazul no cambió en absoluto. Y ello debido a la gestión negligente de los funcionarios que administraron los fondos”.

Esto también llevó a que parte de la maquinaria comprada con fondos recibidos “cayera en desuso por no poder aplicarse con la finalidad pretendida”.

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