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Ley de Apoyo al Capital Emprendedor

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Nueva Ley de Emprendedores – Boletín Oficial

Ley de Apoyo al Capital Emprendedor

APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR

Ley 27349

Disposiciones generales.

El Senado y Cámara de Diputados

de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.

sancionan con fuerza de

Ley:

Título I

Apoyo al capital emprendedor

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1°- Objeto. Autoridad de aplicación. El presente título tiene por objeto apoyar la actividad emprendedora en el país y su expansión internacional, así como la generación de capital emprendedor en la República Argentina.

En particular, se promoverá el desarrollo de capital emprendedor considerando la presencia geográfica de la actividad emprendedora en todas las provincias del país, de modo de fomentar el desarrollo local de las distintas actividades productivas.

La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción será la autoridad de aplicación de este título.

Artículo 2°- Emprendimiento. Emprendedores. A los efectos de esta ley, se entenderá por:

1. “Emprendimiento”: a cualquier actividad con o sin fines de lucro desarrollada en la República Argentina por una persona jurídica nueva o cuya fecha de constitución no exceda los siete (7) años.

Dentro de la categoría “Emprendimiento”, se considera “Emprendimiento Dinámico” a una actividad productiva con fines de lucro, cuyos emprendedores originales conserven el control político de la persona jurídica, entendido éste como los votos necesarios para formar la voluntad social, elegir a la mayoría de los miembros del órgano de administración y adoptar decisiones en cuanto a su gestión. La calidad de “Emprendimiento” se perderá en caso que se deje de cumplir alguno de los requisitos mencionados.

2. “Emprendedores”: a aquellas personas humanas que den inicio a nuevos proyectos productivos en la República Argentina, o desarrollen y lleven a cabo un emprendimiento en los términos de esta ley.

En el caso de las personas humanas no registradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y que no realicen aportes a la seguridad social, se instruye al Poder Ejecutivo nacional a adoptar un plan de regularización tendiente a favorecer la inclusión de estas personas y la posibilidad de gozar de los beneficios de esta ley y el acceso al financiamiento en igualdad de condiciones.

Artículo 3°- Instituciones de capital emprendedor e inversores en capital emprendedor.

1. A los efectos de esta ley, se entenderá por “institución de capital emprendedor” a la persona jurídica —pública, privada o mixta—, o al fondo o fideicomiso —público, privado o mixto— que hubiese sido constituido en el país y tenga como único objeto aportar recursos propios o de terceros a un conjunto de emprendimientos, según se defina en la reglamentación.

2. Serán considerados “inversores en capital emprendedor” a los efectos de esta ley:

a) La persona jurídica —pública, privada o mixta—, fondo o fideicomiso —público, privado o mixto—, que invierta recursos propios o de terceros en instituciones de capital emprendedor;

b) La persona humana que realice aportes propios a instituciones de capital emprendedor;

c) La persona humana que en forma directa realice aportes propios a emprendimientos.

Artículo 4°- Registro de Instituciones de Capital Emprendedor. Créase el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor en el que deberán registrarse las instituciones de capital emprendedor, los administradores de dichas entidades, en caso de existir, y los inversores en capital emprendedor, interesados en acogerse a los beneficios previstos en esta ley, quienes deberán informar al registro los compromisos y efectivos aportes efectuados, así como también los emprendimientos invertidos, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

La inscripción de las instituciones de capital emprendedor en el citado registro, no obsta a su registración o inscripción en la Comisión Nacional de Valores en caso de que su actividad califique como oferta pública, de acuerdo a los términos del artículo 2° de la ley 26.831.

Artículo 5°- Instituciones de capital emprendedor. Inversores en capital emprendedor. Inscripción. Para obtener los beneficios previstos en este título, los potenciales beneficiarios deberán obtener su inscripción ante el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. Las instituciones de capital emprendedor serán las responsables de inscribir a sus inversores en capital emprendedor, para lo cual deberán contar con facultades suficientes a esos efectos.

A los efectos de la inscripción en el citado registro, los solicitantes deberán, como mínimo:

a) Acreditar su constitución como persona jurídica o la creación del fondo o fideicomiso, en ambos casos acreditando el cumplimiento del objeto previsto en el artículo 3° de esta ley;

b) Acompañar una memoria con los antecedentes del solicitante y, en el caso de las personas jurídicas, acreditar experiencia en actividades de capital emprendedor. Para el caso de personas jurídicas, fondos o fideicomisos, podrán acreditar este último requisito las personas humanas que desempeñen cargos de administración y/o dirección de dichas instituciones;

c) Designar a una sociedad administradora, en caso de corresponder, acompañando los antecedentes de la misma;

d) Los inversores en capital emprendedor mencionados en el artículo 3°, apartado 2, inciso c) de la presente, deberán inscribirse por su cuenta, acreditando su identidad como persona humana y acompañando los comprobantes de los aportes comprometidos y, en su caso, los de los efectivos aportes realizados;

e) Para el caso del resto de las categorías de inversores en capital emprendedor, serán las instituciones de capital emprendedor las obligadas a acompañar todos los antecedentes relativos al inversor, así como los comprobantes de los aportes comprometidos y, en su caso, los de los efectivos aportes realizados.

Artículo 6°- Requisito común. En todos los casos de inscripción ante el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor, los solicitantes y los inversores en capital emprendedor deberán encontrarse en el curso normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales y dar cumplimiento con las demás normativas aplicables en materia de prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Capítulo II

Tratamiento impositivo

Artículo 7°- Beneficios. Los aportes de inversión en capital realizados por inversores en capital emprendedor podrán ser deducidos de la determinación del impuesto a las ganancias, bajo las condiciones y en los porcentajes que establezca la reglamentación, los cuales no podrán exceder del setenta y cinco por ciento (75%) de tales aportes, y hasta el límite del diez por ciento (10%) de la ganancia neta sujeta a impuesto del ejercicio o su proporcional a los meses del inicio de actividades, pudiéndose deducir, el excedente, en los cinco (5) ejercicios fiscales inmediatos siguientes a aquel en el que se hubieren efectuado los aportes. Para el caso de aportes de inversión en capital en emprendimientos identificados como pertenecientes a zonas de menor desarrollo y con menor acceso al financiamiento, según lo defina la reglamentación, la deducción anteriormente referida podrá extenderse hasta el ochenta y cinco por ciento (85%) de los aportes realizados.

Los aportes de inversión deberán consistir en dinero o activos financieros líquidos de fácil realización en moneda local.

La institución de capital emprendedor receptora de la inversión deberá expedir un certificado, que tendrá carácter de declaración jurada, mediante el cual informará al Registro de Instituciones de Capital Emprendedor las sumas aportadas por el inversor en capital emprendedor. Dicha institución será responsable solidaria e ilimitadamente con el inversor por el impuesto omitido, como consecuencia de que la información que obre en el certificado resulte falsa o inexacta. A tales efectos, se le aplicará el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad solidaria prevista por la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Asimismo, se aplicarán —al beneficiario de la deducción y, en su caso, al responsable solidario— los intereses y sanciones previstos en la referida normativa, y resultará aplicable al inversor en capital emprendedor, en caso de resultar procedente, la figura contenida en el artículo 4° de la ley 24.769 y sus modificaciones.

La deducción a la que se refiere el primer párrafo del presente artículo no producirá efectos si la inversión total no se mantiene por el plazo de dos (2) años contados a partir del primer ejercicio en que se realizó la inversión. Si dentro de dicho plazo el inversor solicitase la devolución total o parcial del aporte, deberá incorporar en su declaración jurada del impuesto a las ganancias el monto efectivamente deducido con más los intereses resarcitorios correspondientes.

Artículo 8°- Forma de instrumentación del beneficio y cupo máximo anual. La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá un régimen general de información para que las instituciones de capital emprendedor transmitan los datos relativos a las inversiones referidas en el artículo 7°.

Establécese un cupo máximo anual para la aplicación del citado beneficio del cero coma cero dos por ciento (0,02 %) del Producto Bruto Interno (PBI) nominal. Dicho cupo será asignado contra el compromiso de inversión y de acuerdo con el mecanismo que establezca el Poder Ejecutivo nacional.

El Poder Ejecutivo nacional podrá reducir el porcentaje de la ganancia neta del ejercicio que opera como límite a la deducción prevista en el artículo 7°.

Artículo 9°- Vigencia de los beneficios para inversores en capital emprendedor. El beneficio establecido en el artículo 7° de la presente ley se aplicará retroactivamente al 1° de julio de 2016, en este caso siempre que el beneficiario obtenga su registro como tal en un plazo no mayor a noventa (90) días desde la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente.

Artículo 10.- Los beneficios fiscales reconocidos en el capítulo II, del título I de la presente, no resultarán aplicables en caso de que la inversión se efectivice luego de que el emprendimiento pierda su calidad como tal.

Capítulo III

Otras disposiciones

Artículo 11.- Deber de información. Los beneficiarios de los beneficios previstos en el capítulo precedente tienen el deber de informar a la autoridad de aplicación cuando por cualquier motivo dejaren de cumplir con los requisitos que esta ley establece, dentro de los treinta (30) días de encontrarse en tal condición.

Artículo 12.- Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en el presente título o su reglamentación trae aparejada la aplicación de las siguientes sanciones:

a) Baja de la inscripción en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor;

b) Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 13.- Micro, pequeñas y medianas empresas. Los emprendimientos invertidos por instituciones de capital emprendedor debidamente inscriptas en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor serán considerados micro, pequeñas o medianas empresas en los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus modificatorias, siempre que la actividad que desarrollen no se encuentre excluida de tal categorización y cumplan con los requisitos cuantitativos establecidos por la autoridad de aplicación de dicha norma, aun cuando se encuentren vinculadas a empresas o grupos económicos que no reúnan tales requisitos.

Capítulo IV

Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)

Artículo 14.- Creación del FONDCE. Créase el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), el que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y su reglamentación. Supletoriamente, se aplicarán las normas del Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 15.- Objeto. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) y los fideicomisos que en el marco del mismo se establezcan tendrán por objeto financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 16.- Recursos del FONDCE.

1. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) contará con un patrimonio constituido por los bienes fideicomitidos, que en ningún caso constituyen, ni serán considerados como recursos presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza que ponga en riesgo el cumplimiento del fin al que están afectados, ni el modo u oportunidad en que se realice. Dichos bienes son:

a) Los recursos que anualmente se asignen a través de las correspondientes leyes de presupuesto general de la administración nacional u otras leyes que dicte el Honorable Congreso de la Nación;

b) Los ingresos por legados o donaciones;

c) Los fondos provistos por organismos nacionales, provinciales, internacionales u organizaciones no gubernamentales;

d) Los fondos que se puedan generar o recuperar como consecuencia de la aplicación de los programas y ejecución de los objetivos del Fondo;

e) Las rentas y frutos de estos activos;

f) Los fondos provenientes de la colocación por oferta pública de valores negociables emitidos por el Fondo a través del mercado de capitales;

g) Los fondos provenientes de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras que decidan apoyar el desarrollo de la industria del capital emprendedor en nuestro país.

2. Los fondos integrados al FONDCE se depositarán en una cuenta especial del fiduciario quien actuará como agente financiero del mismo. Los recursos del Fondo no aplicados a los instrumentos del artículo 17 de la presente, podrán ser invertidos en los instrumentos y formas previstas en el artículo 74 de la ley 24.241.

Con los recursos del FONDCE y como parte integrante del mismo, la autoridad de aplicación podrá crear diferentes patrimonios de afectación para lograr una mejor inversión, asignación y administración de los fondos disponibles.

Artículo 17.- Instrumentos de aplicación de los recursos del Fondo. Los bienes del Fondo se destinarán a:

a) Otorgamiento de préstamos: el FONDCE otorgará créditos y/o asistencia financiera a emprendimientos y/o instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores.

Las condiciones financieras podrán diferir dependiendo del destino de los fondos y de las características de los destinatarios;

b) Aportes no reembolsables (ANR): para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas, siempre que exista una contrapartida de aportes del beneficiario del ANR, en los términos que establezca la reglamentación. La reglamentación deberá contemplar que los ANR para emprendimientos y las instituciones de capital emprendedor tendrán un tope máximo de hasta el setenta por ciento (70 %) del aporte total, mientras que para las instituciones que ofrezcan servicios de incubación, el monto de ANR podrá cubrir hasta el cien por ciento (100 %) dependiendo del tipo de proyecto y la ubicación geográfica. En aquellos casos en los que, por las características del proyecto, no sea viable instrumentar un préstamo, el FONDCE podrá otorgar fondos sin requisito de devolución. La evaluación del proyecto deberá hacer especial hincapié en los elementos considerados al momento de corroborar que el destinatario disponga de las capacidades técnicas para llevar adelante el proyecto. La totalidad de los aportes no reembolsables (ANR) que se otorguen no podrán superar el treinta por ciento (30 %) del total de los fondos administrados por el FONDCE;

c) Aportes de capital en emprendimientos e instituciones de capital emprendedor: el FONDCE podrá efectuar de forma directa o indirecta, aportes de capital en emprendimientos y en instituciones de capital emprendedor;

d) Otros instrumentos de financiamiento: podrán emplearse otros instrumentos de financiamiento a determinar por la autoridad de aplicación, siempre y cuando permitan financiar proyectos con los destinos previstos en la presente ley. En particular, podrá otorgar asistencia financiera a emprendedores en el marco del Programa “Fondo semilla” que se crea por medio de la presente ley, en las convocatorias que realice la autoridad de aplicación de dicho programa. En este caso, el consejo asesor previsto en el artículo 63 de la presente ley, sustituirá al previsto en el artículo 19, inciso 4, de la presente.

Artículo 18.- Contrato de fideicomiso. Suscripción. Sujetos. El contrato de fideicomiso del FONDCE será suscripto entre el Ministerio de Producción o quien éste designe, como fiduciante, y la entidad pública, entidad bancaria pública o sociedad controlada por cualquiera de éstas que designe la autoridad de aplicación en la reglamentación, como fiduciario.

Los beneficiarios del FONDCE serán emprendimientos, emprendedores e instituciones de capital emprendedor registradas como tales.

Artículo 19.- Comité directivo y consejo asesor.

1. La dirección del Fondo estará a cargo de un comité directivo, quien tendrá la competencia para realizar el análisis y definir la elegibilidad de las entidades a las que se proveerá financiamiento o aportes, la fijación de la política de inversión y los términos y condiciones para el otorgamiento del financiamiento y aportes. A esos efectos deberá atenerse a los criterios de distribución que establezca la autoridad de aplicación.

2. Las funciones y atribuciones del comité serán definidas en la reglamentación.

3. El comité estará integrado por representantes de las jurisdicciones con competencia en la materia, de acuerdo a las formas y condiciones que establezca la reglamentación. La presidencia del mismo estará a cargo del titular de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, o del representante que éste designe.

4. El comité directivo designará un consejo asesor ad hoc para cada programa del FONDCE que implique transferencia de fondos a instituciones de capital emprendedor y/o emprendimientos. El consejo asesor ad hoc estará integrado por expertos nacionales e internacionales referentes del sector, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 20.- Duración. El Fondo tendrá una duración de treinta (30) años a contar desde la fecha de su efectiva puesta en funcionamiento. No obstante ello, el fiduciario conservará los recursos suficientes para atender los compromisos pendientes, reales o contingentes, que haya asumido el Fondo hasta la fecha de extinción de esas obligaciones.

Artículo 21.- Exenciones impositivas. Exímese al Fondo y al fiduciario en sus operaciones directamente relacionadas con el FONDCE de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Esta exención contempla los impuestos de las leyes 20.628, 25.063, 25.413 y 23.349 y sus respectivas modificatorias y otros impuestos internos que pudieran corresponder.

Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la exención de todos los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos a los establecidos en el párrafo anterior.

Título II

Sistemas de financiamiento colectivo

Capítulo I

Objeto. Autoridad de aplicación

Artículo 22.- Sistema de financiamiento colectivo. Objeto. Autoridad de aplicación. Establécese la implementación del Sistema de Financiamiento Colectivo como régimen especial de promoción para fomentar la industria de capital emprendedor. El Sistema de Financiamiento Colectivo tendrá por objeto fomentar el financiamiento de la industria de capital emprendedor a través del mercado de capitales, debiendo la autoridad de aplicación establecer los requisitos a cumplimentar por quienes estén incluidos en dicho sistema.

La Comisión Nacional de Valores será la autoridad de control, reglamentación, fiscalización y aplicación del presente título, contando a tales fines con todas las facultades otorgadas por la ley 26.831, disponiéndose que serán de aplicación al Sistema de Financiamiento Colectivo las disposiciones de dicha ley.

Artículo 23.- Definiciones. Incorpóranse al artículo 2° de la ley 26.831, las siguientes definiciones referidas al Sistema de Financiamiento Colectivo:

Plataforma de financiamiento colectivo: son sociedades anónimas autorizadas, reguladas, fiscalizadas y controladas por la Comisión Nacional de Valores y debidamente inscriptas en el registro que al efecto se constituya, con el objeto principal de poner en contacto, de manera profesional y exclusivamente mediante portales web u otros medios análogos, a una pluralidad de personas humanas y/o jurídicas que actúan como inversores con personas humanas y/o jurídicas que solicitan financiación en calidad de emprendedores de financiamiento colectivo.

Responsable de plataforma de financiamiento colectivo: son las personas humanas designadas por los accionistas de la plataforma de financiamiento colectivo para el cumplimiento de los requerimientos exigidos por la Comisión Nacional de Valores, actuando en representación de la plataforma de financiamiento colectivo.

Emprendedor de financiamiento colectivo: es la persona humana y/o jurídica que presenta un proyecto de financiamiento colectivo con la finalidad de obtener fondos del público inversor para su desarrollo, conforme la reglamentación que a tales fines dicte la Comisión Nacional de Valores.

Proyecto de financiamiento colectivo: es el proyecto de desarrollo individualizado presentado por un emprendedor de financiamiento colectivo a través de una plataforma de financiamiento colectivo y que solicita fondos del público inversor con la finalidad de crear y/o desarrollar un bien y/o servicio.

Artículo 24.- Participación en un proyecto de financiamiento colectivo. Las únicas formas de participación de los inversores en un proyecto de financiamiento colectivo serán a través de:

i) La titularidad de acciones de una sociedad anónima (S.A.) o sociedad por acciones simplificada (SAS), teniendo en especial consideración en ambos casos aquellas sociedades que dentro de su objeto prevean adicionalmente generar un impacto social o ambiental en beneficio e interés colectivo;

ii) Adquisición de préstamos convertibles en acciones de una sociedad anónima (S.A.) o de una sociedad por acciones simplificada (SAS); y

iii) La participación en un fideicomiso.

En todos los casos, tales participaciones en un proyecto de financiamiento colectivo deberán ser concretadas on line a través de una plataforma de financiamiento colectivo, con la finalidad de destinar fondos a un proyecto de financiamiento colectivo.

Artículo 25.- Requisitos, denominación y registración de las plataformas de financiamiento colectivo. La Comisión Nacional de Valores reglamentará los requisitos que las plataformas de financiamiento colectivo deberán acreditar a los efectos de su autorización, y durante el término de su vigencia, así como los necesarios para su inscripción en el registro correspondiente y las obligaciones de información que debieren cumplimentar.

La razón social deberá incluir el término “Plataforma de Financiamiento Colectivo” o la sigla “PFC”, y será una denominación exclusiva en los términos del artículo 28 de la ley 26.831.

Artículo 26.- Estructura y tipos del Sistema de Financiamiento Colectivo. El Sistema de Financiamiento Colectivo se referirá exclusivamente a proyectos de financiamiento colectivo presentados en una plataforma de financiamiento colectivo autorizada por la Comisión Nacional de Valores y destinados al público inversor mediante cualquiera de las formas de participación en un proyecto de financiamiento colectivo indicadas en el artículo 24.

Los proyectos de financiamiento colectivo deberán:

a) Estar dirigidos a una pluralidad de personas para que formen parte de una inversión colectiva a fin de obtener un lucro;

b) Ser realizados por emprendedores de financiamiento colectivo que soliciten fondos en nombre de un proyecto de financiamiento colectivo propio;

c) Estimar la financiación a un proyecto de financiamiento colectivo individualizado;

d) Sujetarse a los límites que la Comisión Nacional de Valores establezca en su reglamentación.

Artículo 27.- Límites al Sistema de Financiamiento Colectivo. Serán de aplicación al Sistema de Financiamiento Colectivo los siguientes límites:

a) Que el monto total ofertado para ser invertido no supere la suma y el porcentaje que establezca la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores dictada al efecto;

b) Que el mismo inversor, por sí o por intermedio de una sociedad a su vez controlada por él, no adquiera un porcentaje mayor de la inversión ofrecida al que establezca la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores dictada al efecto;

c) Que los inversores no puedan invertir más del veinte por ciento (20%) de sus ingresos brutos anuales.

Artículo 28.- Exclusiones. Quedan excluidos del Sistema de Financiamiento Colectivo los proyectos destinados a:

a) La recaudación de fondos con fines benéficos;

b) Las donaciones;

c) La venta directa de bienes y/o servicios a través de la plataforma de financiamiento colectivo;

d) Los préstamos que no se encuadren dentro del supuesto del artículo 24, apartado ii).

Artículo 29.- Mercado secundario del financiamiento colectivo. Una vez colocadas las acciones o participaciones de un proyecto de financiamiento colectivo, las mismas podrán ser vendidas por el inversor, a través de la misma plataforma de financiamiento colectivo en que las hubiere adquirido, mediante el mecanismo previsto en la reglamentación específica.

Artículo 30.- Servicios de las plataformas de financiamiento colectivo. Las plataformas de financiamiento colectivo prestarán los siguientes servicios:

a) Selección y publicación de los proyectos de financiamiento colectivo;

b) Establecimiento y explotación de canales de comunicación para facilitar la contratación del Sistema de Financiamiento Colectivo y publicidad de los proyectos de financiamiento colectivo;

c) Desarrollo de canales de comunicación y consulta directa de los inversores;

d) Presentación de la información de cada proyecto de financiamiento colectivo conforme las disposiciones de la reglamentación que dicte la Comisión Nacional de Valores;

e) Confección y puesta a disposición de contratos proforma para la participación de los inversores en los proyectos de financiamiento colectivo.

El servicio mencionado en el inciso d) precedente no constituirá una calificación de riesgo en los términos del artículo 57 de la ley 26.831, por lo que las plataformas de financiamiento colectivo no podrán emitir opiniones respecto de la factibilidad del proyecto de financiamiento colectivo ni asegurar la obtención de lucro al inversor.

Artículo 31.- Prohibiciones de las plataformas de financiamiento colectivo. Queda expresamente prohibido al responsable de plataforma de financiamiento colectivo y/o a las plataformas de financiamiento colectivo, actuando por sí o mediante personas jurídicas o humanas, controlantes, controladas o vinculadas, ejercer las siguientes actividades:

a) Brindar asesoramiento financiero a los inversores en relación a los proyectos de financiamiento colectivo promocionados por las plataformas de financiamiento colectivo, sin perjuicio de brindar la información objetiva a que hace mención el artículo 30, inciso d);

b) Recibir fondos por cuenta de los emprendedores de financiamiento colectivo a los fines de invertirlos en proyectos de financiamiento colectivo desarrollados por esos mismos emprendedores;

c) Gestionar las inversiones en los proyectos de financiamiento colectivo;

d) Adjudicar fondos de un proyecto de financiamiento colectivo a otro proyecto de financiamiento colectivo sin recurrir al mecanismo que la Comisión Nacional de Valores oportunamente establezca para la transferencia de dichos fondos y sin la autorización expresa de los inversores que hubieren aportado esos fondos;

e) Asegurar a los emprendedores de financiamiento colectivo la captación de la totalidad o una parte de los fondos;

f) Asegurar a los inversores el retorno de su inversión en un proyecto de financiamiento colectivo en el que participen;

g) Presentar, con la finalidad de obtener fondos del público inversor, proyectos de financiamiento colectivo desarrollados por un responsable de plataforma de financiamiento colectivo, socio y/o dependiente de esa plataforma de financiamiento colectivo.

Artículo 32.- Principios generales aplicables al sistema de financiamiento colectivo. Quienes se dediquen a la captación de fondos del público inversor mediante cualquiera de las formas previstas en el Sistema de Financiamiento Colectivo, deberán actuar de acuerdo con los principios de transparencia, diligencia y objetividad, y de acuerdo con el estándar del buen hombre de negocios quedan sujetos a las obligaciones que impone la legislación específica en materia de defensa de los derechos del consumidor en el suministro de información acerca de los proyectos de financiamiento colectivo, sus riesgos y beneficios potenciales, y a la normativa aplicable en materia de prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Título III

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)

Capítulo I

Caracterización

Artículo 33.- Sociedad por acciones simplificada. Créase la sociedad por acciones simplificada, identificada en adelante como SAS, como un nuevo tipo societario, con el alcance y las características previstas en esta ley. Supletoriamente, serán de aplicación las disposiciones de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984, en cuanto se concilien con las de esta ley.

Capítulo II

Constitución

Artículo 34.- Constitución y responsabilidad. La SAS podrá ser constituida por una o varias personas humanas o jurídicas, quienes limitan su responsabilidad a la integración de las acciones que suscriban o adquieran, sin perjuicio de la garantía a que se refiere el artículo 43. La SAS unipersonal no puede constituir ni participar en otra SAS unipersonal.

Artículo 35.- Requisitos para su constitución. La SAS podrá ser constituida por instrumento público o privado. En este último caso, la firma de los socios deberá ser certificada en forma judicial, notarial, bancaria o por autoridad competente del registro público respectivo.

La SAS podrá constituirse por medios digitales con firma digital, y de acuerdo a la reglamentación que a tal efecto se dicte. En estos supuestos, el instrumento deberá ser remitido a los fines de su inscripción al Registro Público correspondiente en el formato de archivo digital que oportunamente se establezca.

Artículo 36.- Contenido del instrumento de constitución. El instrumento constitutivo, sin perjuicio de las cláusulas que los socios resuelvan incluir, deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:

1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de documento de identidad, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) de los socios, en su caso. Si se tratare de una o más personas jurídicas, deberá constar su denominación o razón social, domicilio y sede, datos de los integrantes del órgano de administración y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o Clave de Identificación (CDI) de las mismas, o dar cumplimiento con la registración que a tal efecto disponga la autoridad fiscal, en su caso, así como los datos de inscripción en el registro que corresponda.

2. La denominación social que deberá contener la expresión “Sociedad por Acciones Simplificada”, su abreviatura o la sigla SAS. La omisión de esta mención hará responsables ilimitada y solidariamente a los administradores o representantes de la sociedad, por los actos que celebren en esas condiciones.

3. El domicilio de la sociedad y su sede. Si en el instrumento constitutivo constare solamente el domicilio, la dirección de su sede podrá constar en el acta de constitución o podrá inscribirse simultáneamente mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta, hasta tanto la misma haya sido efectivamente cancelada por el registro público donde la sede haya sido registrada por la sociedad.

4. La designación de su objeto que podrá ser plural y deberá enunciar en forma clara y precisa las actividades principales que constituyen el mismo, que podrán guardar o no conexidad o relación entre ellas.

5. El plazo de duración, que deberá ser determinado.

6. El capital social y el aporte de cada socio, que deberán ser expresados en moneda nacional, haciéndose constar las clases, modalidades de emisión y demás características de las acciones y, en su caso, su régimen de aumento. El instrumento constitutivo, además, contemplará la suscripción del capital, el monto y la forma de integración y, si correspondiere, el plazo para el pago del saldo adeudado, el que no podrá exceder de dos (2) años desde la firma de dicho instrumento.

7. La organización de la administración, de las reuniones de socios y, en su caso, de la fiscalización. El instrumento constitutivo deberá contener la individualización de los integrantes de los órganos de administración y, en su caso, del órgano de fiscalización, fijándose el término de duración en los cargos e individualizándose el domicilio donde serán válidas todas las notificaciones que se les efectúen en tal carácter. En todos los casos, deberá designarse representante legal.

8. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas.

9. Las cláusulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros.

10. Las cláusulas atinentes a su funcionamiento, disolución y liquidación.

11. La fecha de cierre del ejercicio.

Los registros públicos aprobarán modelos tipo de instrumentos constitutivos para facilitar la inscripción registral.

Artículo 37.- Publicidad de la Sociedad por Acciones Simplificada. La SAS deberá publicar por un (1) día en el diario de publicaciones legales correspondiente a su lugar de constitución, un aviso que deberá contener los siguientes datos:

a) En oportunidad de su constitución, la información prevista en los incisos 1 a 7 y 11 del artículo 36 de la presente ley y la fecha del instrumento constitutivo;

b) En oportunidad de la modificación del instrumento constitutivo o de la disolución de la SAS:

1. La fecha de la resolución de la reunión de socios que aprobó la modificación del instrumento constitutivo o su disolución.

2. Cuando la modificación afecte alguno de los puntos enumerados en los incisos 2 a 7 y 11 del artículo 36, la publicación deberá determinarlo en la forma allí establecida.

Artículo 38.- Inscripción registral. La documentación correspondiente deberá presentarse ante el registro público, quien previo cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de aplicación, procederá a su inscripción. La inscripción será realizada dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado desde el día hábil siguiente al de la presentación de la documentación pertinente, siempre que el solicitante utilice el modelo tipo de instrumento constitutivo aprobado por el registro público.

Los registros públicos deberán dictar e implementar las normas reglamentarias a tales efectos, previéndose el uso de medios digitales con firma digital y establecer un procedimiento de notificación electrónica y resolución de las observaciones que se realicen a la documentación presentada. Igual criterio se aplicará respecto a las reformas del instrumento constitutivo.

Artículo 39.- Limitaciones. Para constituir y mantener su carácter de SAS, la sociedad:

1. No deberá estar comprendida en ninguno de los supuestos previstos en los incisos 1, 3, 4 y 5 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984.

2. No podrá ser controlada por una sociedad de las comprendidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984, ni estar vinculada, en más de un treinta por ciento (30 %) de su capital, a una sociedad incluida en el mencionado artículo.

En caso de que la SAS por cualquier motivo deviniera comprendida en alguno de los supuestos previstos en los incisos 1 o 2 precedentes, deberá transformarse en alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984, e inscribir tal transformación en el registro público correspondiente, en un plazo no mayor a los seis (6) meses de configurado ese supuesto. Durante dicho plazo, y hasta la inscripción registral, los socios responderán frente a terceros en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.

Capítulo III

Capital social acciones

Artículo 40.- Capital social. El capital se dividirá en partes denominadas acciones. Al momento de la constitución de la sociedad, el capital no podrá ser inferior al importe equivalente a dos (2) veces el salario mínimo vital y móvil.

Artículo 41.- Suscripción e integración. La suscripción e integración de las acciones deberá hacerse en las condiciones, proporciones y plazos previstos en el instrumento constitutivo. Los aportes en dinero deben integrarse en un veinticinco por ciento (25 %) cómo mínimo al momento de la suscripción. La integración del saldo no podrá superar el plazo máximo de dos (2) años. Los aportes en especie deben integrarse en un cien por ciento (100 %) al momento de la suscripción.

Artículo 42.- Aportes. Los aportes podrán realizarse en bienes dinerarios o bienes no dinerarios.

Los aportes en bienes no dinerarios podrán ser efectuados al valor que unánimemente pacten los socios en cada caso, quienes deberán indicar en el instrumento constitutivo los antecedentes justificativos de la valuación o, en su defecto, según los valores de plaza. En caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores pueden impugnarla en el plazo de cinco (5) años de realizado el aporte. La impugnación no procederá si la valuación se realizó judicialmente. Los estados contables deberán contener nota donde se exprese el mecanismo de valuación de los aportes en especie que integran el capital social.

Podrán pactarse prestaciones accesorias. En este caso, la prestación de servicios, ya sea de socios, administradores o proveedores externos de la SAS, podrán consistir en servicios ya prestados o a prestarse en el futuro, y podrán ser aportados al valor que los socios determinen en el instrumento constitutivo o posteriormente por resolución unánime de los socios, o el valor resultará del que determinen uno o más peritos designados por los socios en forma unánime. El instrumento constitutivo deberá indicar los antecedentes justificativos de la valuación.

Las prestaciones deberán resultar del instrumento constitutivo y/o de los instrumentos de reformas posteriores, donde se precisará su contenido, duración, modalidad, retribución, sanciones en caso de incumplimiento y mecanismo alternativo de integración para el supuesto de que por cualquier causa se tornare imposible su cumplimiento. Sólo podrán modificarse de acuerdo con lo convenido o, en su defecto, con la conformidad de los obligados y de la totalidad de los socios.

Si la prestación del servicio se encontrara total o parcialmente pendiente de ejecución, la transmisión de las acciones de las que fuera titular el socio que comprometió dicha prestación requerirá la conformidad unánime de los socios, debiendo preverse, en su caso, un mecanismo alternativo de integración.

Artículo 43.- Garantía de los socios por la integración de los aportes. Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes.

Artículo 44.- Aumento de capital. En oportunidad de aumentarse el capital social, la reunión de socios podrá decidir las características de las acciones a emitir, indicando clase y derechos de las mismas.

La emisión de acciones podrá efectuarse a valor nominal o con prima de emisión, pudiendo fijarse primas distintas para las acciones que sean emitidas en un mismo aumento de capital. A tales fines, deberán emitirse acciones de distinta clase que podrán reconocer idénticos derechos económicos y políticos, con primas de emisión distintas.

El instrumento constitutivo puede, para los casos en que el aumento del capital fuera menor al cincuenta por ciento (50 %) del capital social inscripto, prever el aumento del capital social sin requerirse publicidad ni inscripción de la resolución de la reunión de socios.

En cualquier caso, las resoluciones adoptadas deberán remitirse al Registro Público por medios digitales a fin de comprobar el cumplimiento del tracto registral, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 45.- Aportes irrevocables. Los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones podrán mantener tal carácter por el plazo de veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de aceptación de los mismos por el órgano de administración de la SAS, el cual deberá resolver sobre su aceptación o rechazo dentro de los quince (15) días del ingreso de parte o de la totalidad de las sumas correspondientes a dicho aporte. La reglamentación que se dicte deberá establecer las condiciones y requisitos para su instrumentación.

Artículo 46.- Acciones. Se podrán emitir acciones nominativas no endosables, ordinarias o preferidas, indicando su valor nominal y los derechos económicos y políticos reconocidos a cada clase. También podrán emitirse acciones escriturales.

Artículo 47.- Derechos. Podrán reconocerse idénticos derechos políticos y económicos a distintas clases de acciones, independientemente de que existan diferencias en el precio de adquisición o venta de las mismas. En el instrumento constitutivo se expresarán los derechos de voto que le correspondan a cada clase de acciones, con indicación expresa sobre la atribución de voto singular o plural, si ello procediere.

En caso que no se emitieren los títulos representativos de las acciones, su titularidad se acreditará a través de las constancias de registración que llevará la SAS en el libro de registro de acciones. Asimismo, la sociedad deberá en estos casos expedir comprobantes de saldos de las cuentas.

Artículo 48.- Transferencia. La forma de negociación o transferencia de acciones será la prevista por el instrumento constitutivo, en el cual se podrá requerir que toda transferencia de acciones o de alguna clase de ellas cuente con la previa autorización de la reunión de socios. En caso de omisión de su tratamiento en el instrumento constitutivo, toda transferencia de acciones deberá ser notificada a la sociedad e inscripta en el respectivo Libro de Registro de Acciones a los fines de su oponibilidad respecto de terceros.

El instrumento constitutivo podrá estipular la prohibición de la transferencia de las acciones o de alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda del plazo máximo de diez (10) años, contados a partir de la emisión. Este plazo podrá ser prorrogado por períodos adicionales no mayores de diez (10) años, siempre que la respectiva decisión se adopte por el voto favorable de la totalidad del capital social.

Las restricciones o prohibiciones a las que están sujetas las acciones deberán registrarse en el Libro de Registro de Acciones. En las acciones cartulares deberán transcribirse, además, en los correspondientes títulos accionarios. Tratándose de acciones escriturales, dichas restricciones deberán constar en los comprobantes que se emitan.

Toda negociación o transferencia de acciones que no se ajuste a lo previsto en el instrumento constitutivo es de ningún valor.

Capítulo IV

Organización de la sociedad

Artículo 49.- Organización jurídica interna. Los socios determinarán la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan el funcionamiento de los órganos sociales. Los órganos de administración, de gobierno y de fiscalización, en su caso, funcionarán de conformidad con las normas previstas en esta ley, en el instrumento constitutivo y, supletoriamente, por las de la sociedad de responsabilidad limitada y las disposiciones generales de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984.

Durante el plazo en el cual la sociedad funcione con un solo socio, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluida la del representante legal.

Los administradores que deban participar en una reunión del órgano de administración cuando éste fuere plural pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa. Igual regla se aplica para las reuniones de socios. Las resoluciones del órgano de administración que se tomen serán válidas si asisten todos los integrantes y el temario es aprobado por la mayoría prevista en el instrumento constitutivo. Las resoluciones del órgano de gobierno que se tomen serán válidas si asisten los socios que representen el cien por ciento (100 %) del capital social y el orden del día es aprobado por unanimidad.

Artículo 50.- Órgano de administración. La administración de la SAS estará a cargo de una o más personas humanas, socios o no, designados por plazo determinado o indeterminado en el instrumento constitutivo o posteriormente. Deberá designarse por lo menos un suplente, en caso de que se prescinda del órgano de fiscalización. Las designaciones y cesaciones de los administradores deberán ser inscriptas en el Registro Público.

Artículo 51.- Funciones del administrador. Si el órgano de administración fuere plural, el instrumento constitutivo podrá establecer las funciones de cada administrador o disponer que éstas se ejerzan en forma conjunta o colegiada. Asimismo, al menos uno de sus miembros deberá tener domicilio real en la República Argentina. Los miembros extranjeros deberán contar con Clave de Identificación (CDI) y designar representante en la República Argentina. Además, deberán establecer un domicilio en la República Argentina, donde serán válidas todas las notificaciones que se le realicen en tal carácter.

De las reuniones

La citación a reuniones del órgano de administración y la información sobre el temario que se considerará podrá realizarse por medios electrónicos, debiendo asegurarse su recepción.

Las reuniones podrán realizarse en la sede social o fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta deberá ser suscripta por el administrador o el representante legal, debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.

Representación legal. Facultades.

La representación legal de la SAS también podrá estar a cargo de una o más personas humanas, socios o no, designadas en la forma prevista en el instrumento constitutivo. A falta de previsión en el instrumento constitutivo, su designación le corresponderá a la reunión de socios o, en su caso, al socio único. El representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con el mismo.

Artículo 52.- Deberes y obligaciones de los administradores y representantes legales. Les son aplicables a los administradores y representantes legales los deberes, obligaciones y responsabilidades que prevé el artículo 157 de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984. En su caso, le son aplicables al órgano de fiscalización las normas previstas en la mencionada ley, en lo pertinente.

Las personas humanas que sin ser administradoras o representantes legales de una SAS o las personas jurídicas que intervinieren en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad incurrirán en las mismas responsabilidades aplicables a los administradores y su responsabilidad se extenderá a los actos en que no hubieren intervenido cuando su actuación administrativa fuere habitual.

Artículo 53.- Órgano de gobierno. Órgano de fiscalización opcional. La reunión de socios es el órgano de gobierno de la SAS.

El instrumento constitutivo podrá establecer que las reuniones de socios se celebren en la sede social o fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta deberá ser suscripta por el administrador o el representante legal, debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.

Sin perjuicio de lo expuesto, son válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios, comunicado al órgano de administración a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los diez (10) días de habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente; o las que resultan de declaración escrita en la que todos los socios expresan el sentido de su voto.

En la SAS con socio único las resoluciones del órgano de gobierno serán adoptadas por éste. El socio dejará constancia de las resoluciones en actas asentadas en los libros de la sociedad.

Convocatoria

Toda comunicación o citación a los socios deberá dirigirse al domicilio expresado en el instrumento constitutivo, salvo que se haya notificado su cambio al órgano de administración.

Órgano de fiscalización

En el instrumento constitutivo podrá establecerse un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia, que se regirá por sus disposiciones y supletoriamente por las normas de la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984, en lo pertinente.

Capítulo V

Reformas del instrumento constitutivo.

Registros contables

Artículo 54.- Reformas del instrumento constitutivo. Las reformas del instrumento constitutivo se adoptarán conforme el procedimiento y requisitos previstos en el mismo y se inscribirán en el registro público.

Artículo 55.- Disolución y liquidación. La SAS se disolverá, por voluntad de los socios adoptada en reunión de socios, o, en su caso, por decisión del socio único o por las causales previstas en la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984.

Artículo 56.- Liquidación. La liquidación se realizará conforme a las normas de la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984. Actuará como liquidador, el administrador o el representante legal o la persona que designe la reunión de socios o el socio único.

Artículo 57.- Resolución de conflictos. En caso que se suscitaren conflictos, los socios, los administradores y, en su caso, los miembros del órgano de fiscalización, procurarán solucionar amigablemente el diferendo, controversia o reclamo que surja entre ellos con motivo del funcionamiento de la SAS y el desarrollo de sus actividades, pudiendo preverse en el instrumento constitutivo un sistema de resolución de conflictos mediante la intervención de árbitros.

Artículo 58.- Estados contables. La SAS deberá llevar contabilidad y confeccionar sus estados contables que comprenderán su estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deberán asentarse en el libro de inventario y balances.

En su caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinará el contenido y forma de presentación de los estados contables a través de aplicativos o sistemas informáticos o electrónicos de información abreviada.

Registros digitales

1. La SAS deberá llevar los siguientes registros:

a) Libro de actas;

b) Libro de registro de acciones;

c) Libro diario;

d) Libro de inventario y balances.

2. Todos los registros que obligatoriamente deba llevar la SAS, se individualizarán por medios electrónicos ante el registro público.

3. Los registros públicos podrán reglamentar e implementar mecanismos a los efectos de permitir a la SAS suplir la utilización de los registros citados precedentemente mediante medios digitales y/o mediante la creación de una página web en donde se encuentren volcados la totalidad de los datos de dichos registros.

4. Los registros públicos implementarán un sistema de contralor para verificar dichos datos al solo efecto de comprobar el cumplimiento del tracto registral, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 59.- Poderes electrónicos. El estatuto de la SAS, sus modificatorios y los poderes y revocaciones que otorguen sus representantes podrán ser otorgados en protocolo notarial electrónico. Aun habiéndose otorgado en soporte papel, su primera copia deberá expedirse en forma digital con firma digital del autorizante. En dichos casos, la inscripción en el Registro Público que corresponda será exclusivamente en forma electrónica.

Capítulo VI

Simplificación de trámites

Artículo 60.- Simplificación.

1. Las entidades financieras deberán prever mecanismos que posibiliten a la SAS la apertura de una cuenta en un plazo máximo a establecer por la reglamentación, requiriendo únicamente la presentación del instrumento constitutivo debidamente inscripto y constancia de obtención de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). Las entidades financieras no estarán obligadas a otorgar crédito a la SAS titular de la cuenta.

2. La SAS inscripta en el registro público tendrá derecho a obtener su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) dentro de las veinticuatro (24) horas de presentado el trámite en la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o ante cualquiera de sus agencias, sin necesidad de presentar una prueba de su domicilio en el momento de inicio del trámite sino dentro de los doce (12) meses de constituida la SAS.

Los socios de las SAS no residentes en la República Argentina podrán obtener su Clave de Identificación (CDI) dentro de las veinticuatro (24) horas de presentado el trámite en la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o en cualquier agencia de dicho organismo.

Capítulo VII

Transformación en SAS

Artículo 61.- Transformación. Las sociedades constituidas conforme a la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984 podrán transformarse en SAS, siéndoles aplicables las disposiciones de este título.

Los registros públicos deberán dictar las normas reglamentarias aplicables al procedimiento de transformación.

Artículo 62.- Serán de aplicación a la SAS las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, t.o. 1976, y, en particular las relativas a las responsabilidades solidarias establecidas en los artículos 29, 30 y 31 de la mencionada ley.

Título IV

Otras disposiciones

Artículo 63.- Creación. Créase el Programa “Fondo semilla”, en la órbita de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, que tendrá como objeto capacitar y financiar a aquellos emprendedores que pretendan dar inicio a un proyecto o potenciar uno ya existente con grado de desarrollo incipiente.

El programa otorgará asistencia técnica y financiera a los beneficiarios del mismo, los cuales serán canalizados a través de incubadoras, de acuerdo a las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa realizará convocatorias a emprendedores y empresas de reciente creación de la República Argentina interesadas en participar en el Programa “Fondo semilla”, conforme la reglamentación que establezca a esos efectos.

A los efectos del otorgamiento de la asistencia se evaluará y ponderará para la selección de proyectos, según lo disponga la reglamentación, los siguientes criterios no exhaustivos:

a) Potencial de innovación;

b) Representación provincial o regional;

c) Representación de la diversidad de los sectores productivos de la República Argentina;

d) Generación de empleo; y

e) Generación de valor.

La autoridad de aplicación designará un consejo asesor que tendrá como función principal asistir a la misma en la fijación de los criterios de distribución de los fondos, y que estará compuesto por expertos y referentes nacionales del sector emprendedor, con especial consideración de las economías regionales, el desarrollo local y la innovación social, todo ello en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

La asistencia financiera podrá consistir en créditos blandos, aportes no reembolsables (ANR) y/u otros instrumentos de financiamiento a determinar por la citada autoridad. A los efectos de la implementación del Programa “Fondo semilla”, la autoridad de aplicación podrá aportar los fondos asignados al mismo con asignación específica al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE).

La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa será la autoridad de aplicación del Programa “Fondo semilla”, y estará facultada para dictar la normativa reglamentaria y complementaria.

Artículo 64.- La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, a través de sus programas, promoverá la creación de incubadoras en todo el país, especialmente en las zonas de menor desarrollo o con menor acceso al financiamiento, conforme lo establezca la reglamentación, a fin de que éstas apoyen el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos. A tales efectos podrán otorgarse fondos de fortalecimiento institucional a las incubadoras, los cuales deberán ser utilizados, entre otros, para mejorar la infraestructura mobiliaria o equipamiento de las mismas, mejorar el nivel de profesionalización del personal interno y externo de la incubadora y/o desarrollar las competencias necesarias para detectar y apoyar emprendedores.

Título V

Disposiciones generales

Artículo 65.- Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores.

1. Créase el Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores con participación público-privada en el ámbito de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, el que tendrá como función principal participar en la definición de objetivos y la identificación de los instrumentos más adecuados para promover la cultura emprendedora en la República Argentina.

2. El Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores será un órgano colegiado que actuará con total independencia y autonomía, y que asistirá a la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, en la elaboración de políticas de emprendimiento. La condición de miembro del consejo no será retribuida.

3. La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción pondrá a su disposición los recursos necesarios para que el consejo desarrolle sus funciones.

4. El consejo estará compuesto por los siguientes miembros, en los términos de la reglamentación que establezca la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, quien actuará como autoridad de aplicación:

a) Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo nacional (uno del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, otro del Ministerio de Producción y uno del Ministerio de Desarrollo Social con rango no menor a director nacional);

b) Seis (6) representantes del Poder Legislativo nacional, tres (3) por cada Cámara, que deberán representar a distintas provincias y bloques mayoritarios. No podrán dos (2) representantes ser de la misma provincia o de un mismo espacio o coalición política;

c) Cuatro (4) representantes de las instituciones de apoyo a la actividad emprendedora en la República Argentina, debiendo asegurarse el carácter federal de dicha representación.

Artículo 66.- La autoridad de aplicación dispuesta en el artículo 1° de la presente ley coordinará con el Ministerio de Educación y Deportes, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, la incorporación de diseños curriculares en los distintos niveles y modalidades contenidos que promuevan la cultura emprendedora.

Artículo 67.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su publicación.

Artículo 68.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

— REGISTRADA BAJO EL N° 27349 —

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZÓ. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.

Fecha de publicación 12/04/2017

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El billete de 500 pesos empieza a circular mañana

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Foto: Archivo / BCRA

El billete de $ 500 empieza a circular mañana

Lo anunció hoy el Banco Central, que comenzará a distribuirlo en las entidades bancarias; presenta la imagen de un yaguareté

La Nacion, Miércoles 29 de junio de 2016 • 17:57

El Banco Central anunció que mañana comenzará a circular oficialmente el billete de 500 pesos. La entidad que conduce Federico Sturzenegger informó que empezará a distribuirlo en las entidades bancarias y a partir de allí estará disponible para los ciudadanos.

Tal como se había anunciado a principios de año, este nuevo billete, el séptimo de la serie y el de mayor denominación, presentará un tono verde y estará ilustrado con la imagen de un yaguareté.

El Gobierno organizará un foro para atraer inversores

casa-nocheEl Gobierno organizará un foro para atraer inversores

El Argentina Business & Investment Forum se desarrollará en septiembre. Buscará acercar inversiones para crear más empleo.

 

 

El Gobierno Nacional organizará en septiembre próximo el Argentina Business & Investment Forum, un evento que permitirá mostrar la apertura al mundo y el progreso de las reformas económicas que se están realizando en el país, con el propósito de atraer inversiones para alcanzar un desarrollo sustentable y crear más empleo.

El foro surge como una oportunidad para presentar las estrategias de desarrollo de los sectores económicos clave de la Argentina y las oportunidades para inversores locales, regionales y globales. “La Argentina ha decidido a ocupar su lugar relevante en el escenario internacional. Necesitamos empresas líderes que inviertan en nuestros sectores de alto potencial como energía, agroindustria, tecnología y comunicaciones, como también financiar y construir rutas y puertos”, puntualizó el presidente Mauricio Macri.

El foro se realizará entre el 12 y el 14 de septiembre de 2016 en la Capital Federal y será un escenario para que la Argentina muestre su apertura al mundo, se convierta en destino de los inversores y sea un lugar propicio para la realización de negocios que ayuden al desarrollo económico del país y la generación de empleo.

Será una plataforma para promover debates, presentaciones y reuniones de primer nivel entre empresarios locales y funcionarios de gobierno con firmas e inversores internacionales, con el objetivo de estimular la inversión en el país y lograr asociaciones público-privadas.

Además, el Forum contará con un día adicional dedicado a la innovación y emprendedorismo, dos de las ramas del desarrollo que alienta el Gobierno para el Siglo XXI , por realizarse el 15 de septiembre.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, creada en febrero, tendrá a su cargo la organización de Argentina Business & Investment Forum.

El titular de la Agencia, Juan Procaccini, señaló que el Gobierno “tiene objetivos ambiciosos de inversiones en diversos sectores estratégicos e infraestructura y dado el gran interés que están demostrando compañías e inversores globales por la Argentina hemos decidido la organización de este evento”.

El Gobierno argentino llegó a un acuerdo con Holdouts para cancelar la deuda soberana

El ministro de Hacienda anunció que se arribó a un entendimiento con los acreedores más duros

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El Gobierno argentino llegó a un acuerdo con Holdouts para cancelar la deuda soberana

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, anunció hoy un acuerdo con los acreedores más duros para cancelar la deuda soberana, un logro que le permitirá a la Argentina comenzar a salir del default y ponerse “en la línea de largada para el crecimiento”.

“Por primera vez en 15 años Argentina empieza a salir definitivamente del default”, subrayó Prat Gay en una conferencia de prensa que brindó junto al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausili.

“Esta es la mejor manera para apuntar al desarrollo económico y al crecimiento, tener mejores empleos y un programa de inclusión social. Lo demás es verso”, añadió el Ministro.

Señaló que el Gobierno Nacional llevará al Congreso el proyecto que permita ejecutar el acuerdo ad referéndum que se firmó con los acreedores y cuando se haya aprobado “iremos a la etapa final” para cancelar la deuda.

Dijo que el presidente Mauricio Macri “estuvo muy conectado con todos los pasos de la negociación” y que “está muy entusiasmado” ante la nueva perspectiva financiera de la Argentina porque ese “obstáculo una vez removido nos dará la posibilidad de iniciar la senda de crecimiento”.

“Nos tomamos una semana para levantar el cepo y siete u ocho semanas para resolver una cuestión que atravesaba distintas administraciones y llevaba casi 15 años sin ser resueltas”, afirmó.

De esta manera, el ministro calificó de histórica la solución por cuanto “no hay antecedentes de acuerdos judiciales con quitas y mucho menos de la magnitud de la que hemos conseguido”.

“Cuando hablamos de una quita del 25 por ciento en lo adeudado, en realidad hablamos de una quita del 40 por ciento de los intereses”, explicó y dijo que “pusimos el foco en los intereses ya que había que respetar el capital que constaba en sentencia judicial”.

Afirmó también que no serán utilizadas las reservas del Banco Central para los pagos sino que la Argentina emitirá bonos para pagar la sentencia y explicó que la emisión representará “un ahorro adicional a la Argentina ya que serán a precio de mercado y no a la oferta que hubieran aceptado los bonistas del litigio”.

“Si el gobierno anterior hubiese tenido la actitud de no esconder la situación durante cinco años y en su lugar encarar el problema, como este equipo económico hizo, Argentina tendría dos millones de empleos más”.

Señaló que por falta de acceso al crédito en los últimos siete u ocho años, la Argentina tuvo que pagar unos 55 mil millones de dólares en efectivo “y eso no pasa en ningún lugar del mundo”.

“No hay ningún país en el mundo que crezca sin crédito”, señaló el ministro y añadió que en busca de ese objetivo “estamos recuperando la confianza de adentro y de afuera”.

El titular de la cartera de Hacienda también se refirió a su reciente participación en la reunión preparatoria del G 20 que se celebra en la ciudad China de Shanghái.

“Fue muy bueno lo que sucedió, Argentina se está integrando de manera inteligente al mundo y eso es la mejor manera de apostar al crecimiento”, narró.

Dijo que “la discusión en el G20, de las naciones desarrolladas, también considera estimular la demanda para que la torta sea más grande y esté mejor distribuida”.

“Argentina ahora podrá volver a participar de esa mesa en el G20. Antes, se ufanaba de no pagar sus deudas”, remarcó.

Relanzarán el Procrear con una meta de 100.000 créditos por año

Relanzarán el Procrear con una meta de 100.000 créditos por año

Según el director de la Anses, Emilio Basavilbaso, se prevé extender el alcance del plan a propiedades ya construidas; habrá además un aumento de los montos tope y una modificación del esquema de tasas

Martes 26 de enero de 2016
Según Emilio Basavilbaso, los montos otorgados son hoy insuficientes para terminar las obras
Según Emilio Basavilbaso, los montos otorgados son hoy insuficientes para terminar las obras.Foto:Patricio Pidal / AFV

Con la meta de otorgar 100.000 créditos al año, el Gobierno prevé relanzar el plan Procrear. Entre los cambios previstos respecto del esquema actual, habría una mayor diferenciación según el nivel socioeconómico de cada familia (tanto en la prioridad de acceso como en las tasas de interés aplicadas) y se incluiría una nueva línea para permitir la compra de viviendas ya construidas.

Esto último se haría para frenar el efecto de incremento de precios de los terrenos que se registró en varios puntos del país a partir de la mayor demanda para poder aplicar al crédito. Los lineamientos de cómo será relanzado el plan de acceso a la vivienda que comenzó con el gobierno kirchnerista fueron explicados por Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en una charla con LA NACION. El funcionario también dijo que elevarán los montos tope de los préstamos, porque los actuales no permiten muchas veces terminar las obras.

«Nuestra apuesta es multiplicar el Procrear», sostuvo Basavilbaso, que agregó que el relanzamiento será «lo antes posible» y procurando que el programa sea sustentable, es decir, que no le haga perder valor al fondo de garantía previsional -de donde salen los recursos- frente a la inflación. Para eso, el funcionario señaló que, por ejemplo, se evitará subsidiar a quienes, por sus ingresos, podrían pagar una tasa de mercado. Hoy los créditos se otorgan con tasas que se diferencian según el nivel socioeconómico de cada familia, pero que tienen topes de entre 14 y 19% según el destino que se le da al dinero y la zona del país. Es decir, son topes que quedan por debajo de la inflación anual, lo que lleva a hacerle perder valor real al fondo.

Basavilbaso comentó también que entre las alternativas en estudio está lograr la participación de bancos privados en el esquema de financiamiento, y no descartó la aplicación del proyecto que tiene bajo análisis el Banco Central para habilitar créditos hipotecarios sobre la base del uso de una unidad de cuenta que se ajuste periódicamente por un índice, en un esquema similar al que funciona en el mercado chileno.

El director de la Anses, que hasta el año pasado estuvo a cargo del Instituto de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires, dijo que en la jurisdicción porteña se hizo «una prueba piloto» con un esquema de esas características. «Salió muy bien, pero no hubo tiempo de extenderlo», dijo.

Otro de los cambios previstos para el Procrear es establecer un nuevo sistema de prioridades para el acceso en el que se sumen puntos por variables como la cantidad de hijos, la presencia de personas discapacitadas en la familia o el acceso actual a agua o cloacas, según ejemplificó Basavilbaso. «Esta estructura tiene que ser transparente y debe haber un organismo de contralor; en el caso de la ciudad teníamos a la UBA, que nos auditaba», explicó.

El programa, aclaró, no dejará de adjudicar préstamos a sectores medios altos, pero no serán los prioritarios ni recibirán subsidio a través de las tasas, según el esquema previsto. «Hay subsidios muy grandes a quienes no los necesitaban; si hacemos esto de una manera inteligente podríamos ayudar a muchas más familias», afirmó.

Según un informe difundido por la Anses pocos días antes de que el anterior director ejecutivo, Diego Bossio, dejara su cargo, entre junio de 2012 y noviembre de 2015 se pusieron en marcha 200.468 proyectos, de los cuales 171.143 fueron por líneas individuales. Entre ellos se consignó que hay 121.289 obras terminadas y que otros 29.325 corresponden a desarrollos urbanísticos que realiza el Estado. Basavilbaso comentó que se está haciendo ahora una auditoría para determinar cuántas fueron las obras que pudieron terminarse y cuántas no, básicamente por insuficiencia de fondos.

Según el funcionario, todavía no está definido cuál será el monto máximo de cada crédito (para construcción hoy es de $ 520.000 en general y de $ 650.000 en el sur del país). «En la ciudad habíamos definido un tope de un millón de pesos, que para una familia con hijos es adecuado», afirmó.

Lotes más caros

Por otra parte, dijo que la línea para poder comprar vivienda existente o vivienda nueva ya construida intentaría corregir el «defecto» del incremento de precios que se produjo en los lotes. «Sería una línea complementaria; hay lugares del interior donde los precios se duplicaron y hay que hacer algo», explicó e identificó localidades como Junín y Chivilcoy, entre las que tuvieron fuertes subas de valores.

La razón de ser de los créditos para construcción o para viviendas próximas a terminarse fue el objetivo de incentivar la realización de obras y la consecuente creación de empleos. El tema, según el funcionario, ya está hablado con la Uocra y la Cámara de la Construcción. «Lo que me dicen y lo que creemos es que esto funciona como en el caso de los autos; cuando comprás una casa se genera una necesidad de quien la vende y se mueve el mercado de los nuevos cuando movés el de usados», consideró.

Números en revisión

Cifras del plan para el acceso a la vivienda

15%

Tasa anual

Es el interés que, en promedio, tienen los créditos otorgados por el Procrear. Según la nueva gestión, eso le hace perder valor real al fondo de garantía y le otorga subsidios a algunas familias que no lo necesitan

200.468

Proyectos

Es el total de iniciativas apoyadas según el último informe de la gestión de Diego Bossio en la Anses

121.281

Obras terminadas

Según ese informe, es el número de proyectos finalizados; ahora está en marcha una auditoría para revisar los datos

Juan Curutchet: «Con el nuevo modelo será más fácil acceder al crédito hipotecario y las cuotas serán más bajas»

El presidente del Banco Provincia dice que esa entidad no tuvo la decisión de ayudar al objetivo de la vivienda propia,y señala que la gestión anterior incumplió con la obligación de prestar un monto mínimo a sectores productivos

Nuevos acuerdos de precios para más de 300 productos de la canasta básica

Producción – 07 de enero
 

Nuevos acuerdos de precios para más de 300 productos de la canasta básica

Precios cuidados
Tendrán vigencia por cuatro meses, desde el martes 12 de enero hasta el 6 de mayo. Son artículos de primera necesidad como alimentos y bebidas, con una variación promedio de 3,9%; en algunos casos hay precios sin cambios

La Secretaría de Comercio anunció hoy la continuidad del programa Precios Cuidados con una canasta actualizada de 317 productos que estarán disponibles en comercios y cadenas de supermercados de todo el país.

La Secretaría trabajó con la Asociación de Supermercados Unidos, la Cámara Argentina de Supermercados, la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) en la nueva estructura, y servirá de referencia para productos esenciales de consumo familiar.

“Nuestra prioridad es cuidar el bolsillo de las familias argentinas. Todo el gabinete económico está trabajando fuerte para poner en marcha la economía. Este acuerdo ayuda a coordinar las expectativas en el marco del acuerdo económico y social”, explicó el Secretario de Comercio, Miguel Braun.

La composición de productos hizo especial énfasis en artículos de primera necesidad como alimentos y bebidas con una variación promedio de precios de 3,9% para el próximo cuatrimestre. Hay productos que conservan su precio sin modificaciones respecto del acuerdo anterior. La Secretaría de Comercio destacó el esfuerzo de las empresas productoras y comercializadoras que participan y el compromiso asumido en esta nueva etapa.

Los nuevos acuerdos estarán vigentes hasta el 6 de mayo y los productos podrán encontrarse a partir delmartes próximo en supermercados nacionales, cadenas regionales y autoservicios de todo el país. Hasta ese día, se mantienen los valores y características de la etapa anterior de Precios Cuidados.

Los consumidores podrán consultar el listado completo de productos a partir de mañana en: www.precioscuidados.gob.ar y ante cualquier duda o reclamo pueden comunicarse a la línea gratuita 0800 666 1518.

 

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El gabinete económico reduce impuestos a autos y motos para favorecer la producción

Eliminamos el cepo a la producción automotriz para generar más y mejor empleo, aseguró el ministro Cabrera. La industria anticipó inversiones por $3.800 millones de dólares a 2017.

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El gabinete económico reduce impuestos a autos y motos para favorecer la producción

El Ministerio de Producción anunció hoy la reducción de la tasa de impuestos internos a los automóviles a 10% para los vehículos que superen el valor de $350.000 con el objetivo de aumentar la producción y facilitar las inversiones en el sector. En el caso de los autos de más de $800.000, la alícuota será de 20%.A través de un decreto que será publicado mañana en el Boletín Oficial, se eliminará un régimen distorsivo que frenó la producción en los últimos dos años. “Estamos eliminando trabas y distorsiones que limitaron la inversión con el foco en la generación de más y mejores empleos. El sector anticipó inversiones por 3.800 millones de dólares a 2017 porque hay confianza en la capacidad del país productivo que está despertando”, afirmó Francisco Cabrera, ministro de Producción.

«Nuestro compromiso fue poner en marcha la economía y lo estamos cumpliendo. Al terminar con el cepo cambiario, pudimos eliminar las retenciones a las exportaciones industriales y las DJAIs que tanto daño hicieron a nuestra economía. El impuesto a los autos era solo un mecanismo más para intentar contener el tipo de cambio. En dos años de vigencia, no solo no logró su objetivo sino que generó freno a la producción, caída de empleo y distorsión de precios”, explicó Cabrera.

Para automóviles, la tasa será de 10% para los vehículos que superen los $350.000 y de 20% para los vehículos de lujo que superen los $800.000. En el caso de las motos, el 99% de la producción nacional no pagará impuestos internos ya que solo tributarán un 10% las que superen el valor de $65.000. Para las embarcaciones, la tasa de 10% se aplicará cuando superen el valor de $400.000.

El secretario de Industria Martín Etchegoyen explicó que “la recaudación por el impuesto anterior era insignificante y la distorsión de precios, extraordinaria. Había vehículos de gama media que se producían en la Argentina pero no se comercializaban porque el impuesto los transformaba en inaccesibles. Con esta normalización, gana la producción y ganan los usuarios porque van a bajar y estabilizarse los precios de todos los vehículos”.  El ministro Cabrera explicó que “es una medida muy importante para los miles de familias de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires que se desarrollan junto a la industria automotriz y toda su cadena de valor”.

La medida se traducirá en un aumento en la producción automotriz, mayor demanda y precios más bajos para los consumidores a partir de mayor competencia y menor presión tributaria. La medida favorece de manera directa la inversión de la industria automotriz donde hay más de 3.800 millones de dólares comprometidos a 2017 para aumentar la capacidad de producción.

La reducción de la tasa también es un dinamizador directo para las fábricas de motos y embarcaciones, dos sectores integrados principalmente por PyMES que habían sufrido el impacto impositivo y ahora podrán aumentar sus planes de producción con miras a 2016. El sector autopartista, que venía atravesando un freno en los últimos meses, verá incrementada su demanda por la reactivación de la industria.

Vigencia. El decreto tiene una vigencia de seis meses con el objetivo de analizar el comportamiento del sector, monitorear los niveles de importación y realizar las modificaciones que se consideren necesarias en favor de la industria nacional y el empleo.

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Se levantó el cepo

Hacienda y Finanzas Públicas – 16 de diciembre

Se levantó el cepo:

a partir de mañana se podrá comprar dólares libremente, anunció el ministro de Hacienda Prat Gay

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El Ministro dijo no poder adelantar el valor que tendrá mañana la moneda estadounidense cuando la gente acuda a comprarla en los bancos, aunque consideró que una referencia podría ser la del denominado contado con liqui. Habrá reservas en el BCRA para afrontar la medida, aseguró.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, anunció esta tarde en conferencia de prensa que se dispuso “el final del cepo cambiario en la Argentina”, por lo cual las personas interesadas podrán adquirir libremente a partir de mañana esa moneda extranjera en las entidades bancarias.

También aclaró que aquellas compras realizadas en dólares con tarjetas de crédito y que aún no se hayan pagado, el tipo de cambio a usarse a partir de ahora es el del banco de la Nación Argentina, al día en que se realiza el pago.

En conferencia de prensa, el Ministro afirmó que “hoy estamos tranquilos y nos animamos a levantar las restricciones” porque habría comprometido el ingreso al Banco Central de “entre 15.000 y 25.000 millones de dólares” en “la próximas cuatro semanas”, provenientes de distintos orígenes, tanto de entidades financieras como de productores cerealeros e industriales argentinos.

Prat Gay aseguró que el objetivo del gobierno de Mauricio Macri es «normalizar la economía» y explicó que las consecuencias del cepo que se instaló hace cuatro años fueron una devaluación del peso a su cuarta parte; estancamiento de la economía, del empleo y la paralización de casi todas las economías regionales. 

Acompañado por otros miembros del Gabinete económico, Prat Gay adelantó además, entre otras medidas, que “eliminamos el encaje para el ingreso de divisas” que pasa entonces del “30 por ciento que estaba vigente, a cero”. En ese sentido advirtió que anteriormente con el mecanismo de blanqueo de capitales era más beneficioso entrar un dólar no declarado que uno que sí.

Indicó que el levantamiento del cepo está relacionado con la toma de decisiones que previamente se generaron en los últimos días,  como solucionar el problema por la venta de dólar futuro por parte de la administración nacional anterior, el levantamiento de las retenciones industriales, del agro, por la participación de la AFIP y particularmente del Banco Central de la República Argentina

Asimismo, anunció que a partir de mañana asumirá como presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Marcos Ayerra.

Admitió que levantar los cepos implicará «que el levantamiento de aquellas trabas que están frenando la economía va a ser el puntapié para activar las economías».

Indicó que todas las medidas anunciadas en la conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda serán detalladas por el Banco Central y aseguró que a partir de mañana el «que quiera comprar dólares los va a poder comprar, el que quera vender los podrá vender y nadie los va a perseguir».

Consultado sobre el caso de los pasajes y paquetes turísticos en el exterior ya adquiridos, y en cuotas, Prat Gay dijo que las cuotas se irán abonando al valor dell tipo de cambio del momento en que vencen.

Prat Gay aseguró que se mantuvieron reuniones con 60 empresarios con quienes “acordamos que seguirá el sistema de precios cuidados” y que se harán todos los esfuerzos necesarios para impedir que una eventual alza del dólar se traslade a los precios de la canasta básica.

Especificó que se requerían «10.000 millones de dólares para poder levantar el cepo al dólar» y que para obtenerlos se avanzó «en varias vías de financiamiento disponible»como «hablamos con bancos extranjeros, crerealeras y empresarios argentinos». Señaló que finalmente se estima que se lograrán «entre 15.000 y 25.000 millones de dólares» que ingresarían «en las próximas cuatro semanas».

También precisó que se convino con «autoridades del Banco Central chino para convertir yuanes en dólares».

Prat Gay estimó en 400 millones de dólares por día el ingreso que harán las cerealeras en las próximas tres semanas.

En cuanto a las características del acuerdo que se establezca con los empresarios que adelantarán los ingresos previstos para años subsiguientes prometió que el anuncio podrá efectivizarse en los próximos 10 días. 

Detalló que el Banco Central precisará su aporte pero que en líneas generales se vuelve a la situación regulatoria anterior a la instalción del cepo. «Vamos a dejar el tope de atesoramiento de 2 millones de dólares por mes por persona física o jurídica».

Admitió que el equipo económico se encuentra trabajando para que la apertura del mercado cambiario no se traduzca en un alza de precios y confirmó que se tomarán como los precios de referencia de los productos aquellos que regían al 30 de noviembre. 

Recordó también la convocatoria al pacto social que el presidente Mauricio Macri hará efectiva en enero.

«El gran objetivo es que la rueda vuelva a rodar. Los pesos sobran porque no hay dónde invertir. Cuando la economía vuelva a crecer, subirá la demanda de pesos. Es más:  si la economía vuelve a crecer van a faltar pesos, pero no damos nada garantizado» dijo y conluyó: «Nadie tiene la vaca atada. Este es un trabajo que vamos a ir midiendo».

A partir de hoy no habrá más retenciones a la exportación industrial, anunció el Presidente

Presidencia – 14 de diciembre
 

A partir de hoy no habrá más retenciones a la exportación industrial, anunció el Presidente

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También dijo que en esta semana breve tenemos que encarar otro paso importante que es normalizar nuestra economía . El fin del fin fue el cepo, y se está encarando su salida, en el marco de un fuerte apoyo mundial a la nueva administración gubernamental, agregó.

El presidente Mauricio Macri anunció que “a partir de hoy no habrá más retenciones a la exportación industrial, porque no corresponde” y adelantó que “en el curso de esta semana breve vamos a encarar otro paso importante” en relación con el fin del cepo.

El Primer Mandatario habló esta tarde ante las autoridades y miembros de la Unión Industrial Argentina (UIA), en Parque Norte, y abrió su discurso pidiendo a los presentes que cumplieran “un minuto de silencio” en homenaje a los gendarmes fallecidos hoy en un accidente en Salta.

La “alegría” que se percibe a lo largo de todo el país, dijo Macri, “se vio interrumpida porque amanecimos con la noticia tremenda de que grupo gendarmes que iban a cumplir sus trabajos y que perdieron la vida”. “Los gendarmes –agregó- son muy importantes para nuestro país, para preservar su seguridad y para combatir el narcotráfico”.

El Presidente formuló el anuncio al hablar como orador principal en la 21ª Conferencia Industrial Argentina que se realizó en parque Norte bajo la consigna “La Argentina productiva para la próxima década”.

La Conferencia fue encabezada por el presidente de la UIA, Adrián Kauffman, y asistieron los ministros de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay; de Producción, Francisco Cabrera; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca; el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian; el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el embajador de Brasil, Everton Vargas.

Respecto de las exportaciones industriales puntualizó: “Quiero anunciarles que hay que premiar al que se anima al desafío de exportar e invertir , no va a haber más retenciones a la exportación industrial porque no corresponde” y luego de la noticia explicó: “el mundo no regala nada y nosotros no tenemos que regalar y cuando necesitamos exportar, lo tenemos que hacer”.

Sin embargo en ese sentido aclaró:”sabemos que  esto no alcanza” y luego de recordar que se había duplicado la presión tributaria, admitió ante los representantes de la UIA que “ahora tenemos un gran desafío, que es enorme, y requiere de toda nuestra capacidad. Y esto no es  mañana, es un sendero hacia una economía estable sin inflación y estable,  afianzando nuestro andamiaje institucional. Y esto tiene que durar 100 años, no solo un gobierno”.

“Y esta semana tenemos que encarar otro paso de la normalización y salir del fin del fin que ha sido el cepo –reafirmó- y lo estamos encarando”. Informó que para ello ya se cuenta con un enorme apoyo internacional. “Es impresionante los llamado que he recibido de colaboración. El mundo nos está esperando, los está esperando. Pero ´para eso se necesita una actitud prudente y constructiva de todos”

Sobre la situación económica y las tareas a cumplir afirmó que “estamos contrarreloj, no tenemos más  tiempo que perder: tenemos, sector por sector,  sentarnos en una mesa los amigos trabajadores, el gobierno las empresas y toda la inteligencia que haya en nuestro país y fijar marcos,  planes estratégicos de mediano y largo plazo que tengan tremendas, por ambiciosas, metas de productividad donde el primero que tiene que ponerse a trabajar es el Estado”.

Sobre la situación económica recibida, sostuvo que «estamos en un estado de extrema vulnerabilidad», y estimó “este es el momento en que entendamos lo que hicimos mal y estemos juntos para corregirlo».

En cuanto a la política de precios, ratificó que “por más que no tengamos a ningún Moreno (por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno), ni lo vamos a tener, como Gobierno tenemos los instrumentos necesarios para corregir cualquier abuso que tengamos en términos de precios”, y aseguró que “también voy a ser implacable” contra quienes “burlen la ley en dos planos fundamentales: la evasión impositiva y el descuido del medioambiente».

Macri manifestó a los empresarios que “este es mi primer lunes como presidente” y estimó: “creo que serán muchos los que podre compartir con ustedes y tener la oportunidad  de trabajar juntos y con el tremendo desafío de cuidar a los argentinos y a su trabajo, de  expandir la economía, hacer crecer al país”.

Sostuvo en ese sentido que “es el momento que entendamos que hicimos mal para corregirlo”, y recordó que los tres ejes de su campaña a los que los gobernadores, son la unidad de los argentinos,  combatir el narco tráfico y lograr “una Argentina con pobreza cero”.

Indicó que “lamentablemente hemos perdido competitividad. Esto nos coloca en una situación extrema”, al tiempo que  enfatizó: “ya no tenemos más tiempo que perder. Tenemos que sentarnos todos en una mesa, trabajadores, las empresas, el gobierno y fijar marcos estratégicos de mediano y largo plazo con metas concretas”

Al respecto dijo que “la única es generar más trabajo, es crecer” y de tener la “ambición” y el compromiso de “superarnos para lograr salir de estos ciclos tan perversos que hemos tenido en nuestra economía”.

“Acá hay un sólo camino”, remarcó Macri al afirmar que se terminó el tiempo de las disyuntivas y que comienza el período en que deben trabajar juntos Gobierno, sector privado, industria, campo, universidades y banca.

“De verdad creo que esta oportunidad es única e histórica, podemos trabajar juntos. Con un elemento central que es la confianza con la construcción de planes estratégicos por sector – expresó- y que nos ayuden a simplificar, que su tiempo este enfocado en la innovación y el crecimiento”.

Dijo que “el primero que tiene que ponerse a trabajar es el Estado, porque tenemos el peor sistema logístico de América latina por falta de infraestructura, severos problemas de abastecimiento energético y hemos generado, entendiendo mal lo que es la conducción y el poder,  una enorme trama burocrática, que realmente no nos ha ayudado en nada para crecer, sino a generar más corrupción”.

Paralelamente les solicitó a los gremios asumir “un compromiso, en serio, para ir reduciendo ausentismo” porque “con estos niveles no somos un país viable”.  “Ausentismo y conflictividad permanente nos van a llevar a más pobreza, a más exclusión”, añadió.

Ratificó lo señalado ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre  al destacar que “les vamos a decir la verdad, siempre,  porque creemos que eso es lo que construye. No venimos a enseñarles nada. Ustedes lo saben mejor. Necesitamos un desarrollo industrial sustentable. Porque si no lo hacemos el costo lo paga la gente.

Al volver sobre el tema de las exportaciones explicó que hoy “El mundo no regala nada y nosotros no tenemos tampoco que regalar. Cuando castigamos al que quiere exportar, estamos regalando un espacio y entonces creo que queda claro que el incentivo es justamente a la inversión, a la innovación”, agregó.

Señaló que “esto es solo el comienzo” en el sentido de que hay que desandar un camino que llevó a la Argentina a duplicar la presión tributaria, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal” y dijo que el déficit heredado podría estar en el orden del 7% del PBI.

Del mismo modo, advirtió que será “implacable, con cualquiera que burle la ley en dos planos fundamentales que atañen a su actividad: evasión impositiva y descuido del medio ambiente”.

“Todo mi equipo tiene claro que acá los protagonistas son ustedes, y ustedes tienen que tener claro que ese rol es muy importante, porque si ustedes tienen éxito y ustedes crecen les van a dar trabajo a muchísimos argentinos que hoy no lo tienen y le van a mejorar el trabajo a aquellos que lo tienen, un trabajo que les permita ahorrar, acceder a la vivienda propia, educar a sus hijos, proyectar sin miedo su vida”, remarcó. “Yo Estoy acá porque creo en ustedes, muchas gracias”, concluyó.

Más cuestionamientos a los contratos de Monsanto

Reclamo por la entrada en vigor de los convenios impulsados por la multinacional sobre el uso de la tecnología Intacta

Portal Chillar |02 de abril de 2015 |20:46

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Más cuestionamientos a los contratos de Monsanto

 

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BUENOS AIRES. La Federación Agraria Argentina pidió al Estado nacional que adopte medidas urgentes, que prioricen la soberanía argentina y los derechos de los agricultores reconocidos en la legislación vigente, que regula las cláusulas de los contratos y convenios con los que pretende avanzar Monsanto, respecto del uso de la tecnología Intacta RR2 PRO.

El reclamo fue planteado por la entidad porque hoy, 1 de abril, entrará en vigencia el sistema de contratos instrumentado por Monsanto de Argentina, que obligará a los productores que utilicen la tecnología Intacta RR 2 PRO aplicada en semillas de soja a segregar los granos obtenidos con esta tecnología de la soja RR convencional y de esta forma cobrar un canon por la nueva tecnología.

Duro comunicado

La FAA salió con los tapones de punta a cuestionar la iniciativa “y la pasividad de las autoridades argentinas”. “Es responsabilidad del Estado Nacional resolver a favor de los agricultores argentinos y no de las compañías transnacionales, para preservar la soberanía sobre las semillas y evitar mayores transferencias a compañías multinacionales”.

La entidad pidió además que se profundice el fortalecimiento del Instituto Nacional de Semillas (Inase) -que desde su restablecimiento en 2004 aún no conformó su Directorio- y que controle debidamente el comercio ilegal de semillas y la estrategia de distribución de los materiales biotecnológicos por parte de sus obtentores, para que se realice de manera responsable, evitando contaminaciones y difusiones masivas especulativas.

Historia  

La entidad liderada por Omar Príncipe denunció que los últimos años Monsanto “realizó intentos para avanzar sobre los recursos y la soberanía de los países, patentando la biodiversidad, entablando demandas o promoviendo la modificación de legislación vigente que ampara los derechos de los agricultores al uso propio de las semillas”.

Las empresas biotecnológicas -no solo Monsanto- argumentan que el cobro de regalías es una forma de recuperar la altísima inversión que llevan los estudios y logros de nuevos semillas resistentes a herbicidas e insecticidas, que además brinden mayores rendimientos, como en el caso de Intacta.

El cultivo de soja modificada genéticamente (OGM) fue aprobado en Argentina en 1996 y el cultivo se expandió en los años siguientes. La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20.247 tiene un apartado en el cual contempla el “uso propio” por parte de los productores, que implican que pueden “reservar y sembrar semillas” y vender como materia prima o alimento, uno de los puntos más cuestionados por las empresas.

Para la Federación Agraria, la obligación de pagar un canon por las nuevas tecnologías “es una nueva carga para los agricultores que consienten que Monsanto se apropie de una parte sustancial de su cosecha con el pretexto de cobrarse una supuesta regalía que debió resolverse en la relación cliente-proveedor que tiene la compañía con los semilleros que incorporan su tecnología y que liberan al mercado argentino año a año y que los productores pagan en cada campaña”.

Según la FAA, “a partir del 1° de abril esos contratos permitirán el control por parte de Monsanto de cada grano que pretenda exportase desde Argentina, todo el sistema de cultivo y la comercialización de soja, determinando quiénes puedan multiplicar y también sembrar, reservar o acopiar, imponiendo condiciones leoninas, al cobrar el canon sobre el volumen producido. No estamos dispuestos a convertirnos en la mano de obra barata y tercerizada de multinacional alguna, ni a que patenten nuestros saberes, nuestro oficio de agricultores, nuestros suelos, ni la soberanía productiva y comercial de nuestro país”, resumió la entidad. (Noticias AgroPecuarias).

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